Junta de Aguas y Drenaje. Matamoros, Tamaulipas.
Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Junta de Aguas y Drenaje. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de quince de diciembre del año en curso por el cual se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************, en su carácter de representantes legal del organismo descentralizado paramunicipal ********************, dentro del juicio de amparo número 1232/2022-IV; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de representante legal del organismo descentralizado paramunicipal ********************, contra actos del Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y otras autoridades; regístrese en el libro respectivo con el número 1232/2022-IV. Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. No obstante, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, en relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al efecto, la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas. Titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas. Secretaría General de Gobierno. Jefe de la Guardia Estatal en el estado de Tamaulipas. Todas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, como actos reclamados: "ORDENADORAS.- De las autoridades señaladas como Ordenadoras reclamo la ilegal MODIFICACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del Organismo que represento denominado JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS con domicilio en la calle Emilio Carranza número 350 de la Colonia Moderna en esta ciudad, fuera de todo procedimiento. EJECUTORAS.- De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora, así como la ejecución de todos los actos que se pretende realizar en perjuicio de la persona moral que represento." (Sic) Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de derechos fundamentales que se intenta es notoriamente improcedente por lo que debe desecharse, en atención a que del estudio efectuado al escrito de demanda, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 7, de la Ley de Amparo, por reclamarse violaciones que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, dispositivos que se transcriben para mayor ilustración: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De lo expuesto puede obtenerse que el juicio de amparo indirecto deviene improcedente en los casos en los cuales la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Lo que se engarza con la titularidad del derecho subjetivo que se dice transgredido; esto es, que solo puede instar la acción constitucional el quejoso, quien por definición legal, es la persona que, teniendo tal carácter, aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, que con el acto de autoridad reprochado se vea afectado en sus derechos fundamentales y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ahora, en el caso, no pueden considerarse las supuestas violaciones de derechos fundamentales que el quejoso, en su carácter de representante legal del organismo descentralizado paramunicipal ********************, hace consistir en la modificación o desconocimiento de los miembros del Consejo de Administración del mencionado organismo; ello, pues la persona moral quejosa, dada su estructura, no es destinataria de derechos humanos, ya que lo pretendido corresponde precisamente al ejercicio de las funciones públicas que desempeña y a su administración. Luego, considerando que el derecho subjetivo se encuentra reservado para su ejercicio por los particulares, por lo que tal calidad (gobernado) constituye un presupuesto indispensable para encuadrar en la hipótesis de reclamarlo vía amparo indirecto. En tales circunstancias, como se adelantó, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 7, de la Ley de Amparo, en la medida que los actos reclamados no configuran un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el acto que le dio origen no es susceptible de motivar el ejercicio de la acción constitucional; pues no debe perderse de vista que, el cambio de siete a once miembros del Consejo de Administración del organismo descentralizado paramunicipal ********************, así como el posible desconocimiento de los integrantes respectivos, difieren notoriamente de los derechos patrimoniales, respecto de los cuales, sí existe reserva de acción para ********************, quien comparece a juicio representando legalmente al organismo descentralizado paramunicipal ********************, en ejercicio de funciones públicas y no en defensa de sus intereses jurídicos particulares. Esto es, el supuesto en el cual una persona moral pública puede instar la acción constitucional, es el contemplado en el artículo 7 de la Ley de Amparo, y se actualiza cuando la norma, acto u omisión, afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentra en un plano de igualdad. Entonces, si los actos reclamados no están encaminados a afectar el patrimonio de la quejosa, ni deriva de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad, la consecuencia es que tampoco se ubique en la hipótesis normativa del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, pues ********************, carece del carácter de titular del derecho subjetivo reclamado, ya que este no le genera una afectación real y actual en su esfera jurídica; de ahí que, como se adelantó, deviene improcedente su demanda. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la legislación de la materia, al licenciado ********************, cuya cédula profesional se encuentra capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por lo que hace a la designación de ********************, se le faculta únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
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