Justo Daniel Dieguez Pérez

Expediente 446/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
446/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Justo Daniel Dieguez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1) Justo Daniel Dieguez Pérez, 2) Lilivet Rodríguez Pérez, 3) Grace Ruiz Laureiro y 4) Eliecer Chile García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Subdirectora de Área, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia digitalizada del oficio INM/DF/TAB/00314/2021 de veintiséis de abril del año en curso; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación que antecede, se advierte que los quejosos, no dieron cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el lapso concedido para ello; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las ordenadoras y ejecutoras que citaron en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, se da trámite a la demanda instada por los impetrantes de amparo 1) Justo Daniel Dieguez Pérez, 2) Lilivet Rodríguez Pérez, 3) Grace Ruiz Laureiro y 4) Eliecer Chile García, contra actos que reclamaron del TITULAR DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, con sede en esta ciudad, que estiman violatorios de los artículos 1, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofreciendo como prueba en el presente asunto la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. En lo que respecta a las pruebas documentales y supervenientes que menciona, dígase que una vez exhibidas se acordará lo conducente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. INCIDENTE. No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada el diez de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Justo Daniel Dieguez Pérez, LIlivet Rodríguez Pérez, Grace Ruiz Laureiro y Eliecer Chile García, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1, 11, 17, párrafo segundo, 33 primer párrafo 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 446/2021-6. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la orden de deportación y la privación de la libertad; con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Justo Daniel Dieguez Pérez, LIlivet Rodríguez Pérez, Grace Ruiz Laureiro y Eliecer Chile García, para el efecto de que: a) Las autoridades responsables se abstengan de ejecutar alguna orden de deportación; b) Los quejosos queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión; c) Cesen todos aquellos actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, entre ellos, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1515, Tomo LII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Quinta Época, que dice: "DEPORTACIÓN, DETENCIÓN PARA LA. La detención como medio para llevar a cabo la deportación, sólo puede tener lugar, cuando esta última ha sido decretada." La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente no impedirá la detención de los quejosos, si se les pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsable o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante, pues de ser así, no se colmaría el requisito de que no se vulnere el interés social exigido en el artículo 107 de la Carta Magna, toda vez que la sociedad y el Estado se encuentran interesados en que se salvaguarde la vida y la integridad de las personas que se encuentran en este país. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por la autoridad responsable acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguna de aquellos debatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I P J/28 P (10), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 658, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de los quejosos por la autoridad administrativa, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Ello porque, si bien el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues no tiene el alcance de que los quejosos puedan transitar por todo el territorio nacional, ya que para ello es necesario que previamente cumplan los requisitos que establece la normatividad en materia migratoria. Pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refieren, ser extranjeros, la autoridad responsable deberá presentar a la parte quejosa ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularice su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración. Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a la autoridad responsable la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; esto es, para que en su caso, suspenda la orden de deportación reclamada, cumplimiento que deberá informar en el plazo de veinticuatro horas por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Asimismo, les deberá hacer saber que tienen el derecho de ser asistidos por la autoridad consular de su país en caso de que así lo soliciten. PREVENCION En este tenor, a efecto de proveer respecto de su admisión, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se trata, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse." II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley:." Por tanto, con fundamento en los artículos 108, facción III, en relación con el numeral 114 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído; por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda conforme a lo siguiente: ÚNICO. Deberán precisar qué actos reclaman a cada una de las autoridades ejecutoras domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a ellas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. Es así, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión en virtud que a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se combate y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en el juicio de amparo. De igual manera, la parte solicitante de amparo tiene la ineludible obligación de cumplir con ese requisito fundamental en el escrito inicial, encaminado a una depuración o mejor integración de la litis; en consecuencia, sin conocerse esos extremos no es posible fijar la litis constitucional, porque la falta de esa precisión impide a las autoridades preparar su defensa y por consiguiente al suscrito de estar en condiciones de juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Sustenta la anterior determinación la tesis aislada XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, visible en la página: 871, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Hágase del conocimiento a los promoventes del amparo el contenido del artículo 261 de la Ley de la Materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo concedido; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se admitirá únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad, que señalo en su escrito inicial de demanda; y no se tendrán por autoridades a las ordenadoras y ejecutoras distintas. Ahora, considerando que la aclaración de la demanda implica la manifestación de la voluntad para enderezar la litis, la presente prevención la deberá desahogar la promovente directamente y no a través de sus autorizados, ya que es un acto personalísimo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007285, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Asimismo, en la jurisprudencia 2ª./J 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, julio de 2006, página 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". REPRESENTANTE COMÚN. Tomando en consideración que los quejosos fueron omisos en designar representante común entre ellos, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como tal a Justo Daniel Dieguez Pérez, sin menoscabo de que pueda ser sustituida por otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa a la persona que menciona en su escrito de demanda, esto es, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, la parte quejosa señaló como domicilio para recibir citas y notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; por tanto, comuníquese a la parte promovente que hasta en tanto señale uno en esta ciudad; ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por medio de lista, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Asimismo la parte quejosa proporcionan el correo electrónico justodaniel@gmail.com. Ahora, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano