Justino Menendez Asencio

Expediente 1546/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1546/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Justino Menendez Asencio

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de noviembre del año que transcurre, en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 10.-En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 1546/2018-10 promovido por Justino Menéndez Asencio y Javier Enrique Hernández Pérez. A continuación, el Secretario da cuenta con el informe justificado rendido por el Auxiliar del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, registrado con el folio 20342. Al respecto, el Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la responsable, sin que resulte necesario dar vista a las partes con el mismo, por cuanto de su contenido se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, tomando en cuenta que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama sustancialmente la omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1249/2015 del índice de la responsable. Por ende, aun cuando se omita dar vista al quejoso para que se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable; ponderando ese derecho, que tiene su base en el numeral 117 de la Ley de Amparo, y el derecho fundamental de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiarse éste por coincidir con la pretensión del impetrante, atendiendo a que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo del año en curso, en el expediente de origen, lo que también se traduce en una dilación procesal. Además, como se evidenciará más adelante, tal circunstancia ha desaparecido y la pretensión del quejoso ha quedado satisfecha, por lo que resulta innecesario diferir la audiencia constitucional para dar lugar a que transcurra el término previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, y con ello posponer la resolución de este asunto, cuando la razón por la que solicitó la protección de la justicia federal se ha extinguido. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: <<PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico>>. A continuación, el Juez de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: 1. Escrito de demanda recibido el ocho de octubre pasado (fojas 2 a 6); 2. Auto admisorio de nueve siguiente (fojas 9 a 13); 2. Informe justificado rendido por el Auxiliar del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco (foja 19); 3. Copia certificada que integra el expediente laboral 1249/2015, la cual obra glosada en autos (fojas 20 y 21); y demás actuaciones judiciales y demás actuaciones judiciales. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. La documental que anexo a su escrito la parte quejosa (fojas 7 y 8), así como la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; 2. Informe justificado rendido por el Auxiliar del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; 2. Copia certificada que integra el expediente laboral 1249/2015, la cual obra glosada en autos; al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho; el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1546/2018-10, promovido por Justino Menendez Asencio y Javier Enrique Hernández Pérez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8°, 14, 16, 17, 113, 123, Apartado "A" y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al mismo día, Justino Menendez Asencio y Javier Enrique Hernández Pérez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO1 La omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, presentado en el juicio laboral 1245/2015. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el número de expediente 1546/2018-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclaman actos en contra de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro <<DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD>. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro <<ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO>>. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, presentado en el juicio laboral 1245/2015, del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado, el Auxiliar del Presidente de la junta responsable manifestó que ya había provisto sobre el escrito a que hace referencia el quejoso y remite copia certificada del proveído dictado el cinco de los actuales en el expediente 1245/2015 de su índice (fojas 20 y 21). Documentos a los que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro <<DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO>>. No obstante, se encuentra demostrada la existencia del acto reclamado, concerniente a la omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, presentado por el aquí quejoso en el juicio laboral 1245/2015 del índice de la junta responsable, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil dieciocho), aún no se había proveído al respecto. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: <<ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA>>. También sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro <<ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO>>. CUARTO. PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En ese tenor, el suscrito advierte que en el presente caso se actualiza una causa de improcedencia que conlleva a decretar el sobreseimiento en el presente juicio con base en los artículos 61, fracción XXI, y 63 fracción V, ambos del ordenamiento jurídico precitado. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXI: <<Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...>>. Por su parte, el artículo 63 dispone en la fracción V: <<Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior...>>. De los anteriores preceptos se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a su naturaleza que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. De ahí que se estime justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual sucede en el presente asunto. Así es, la quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, presentado en el expediente 1245/2015 de su índice. Empero, de la copia certificada que remitió la aludida autoridad se observa que mediante proveído de cinco del presente mes y año, acordó el escrito de referencia. Consecuentemente, los efectos del mencionado acto reclamado han cesado, por lo que respecto del mismo se actualiza una causa de improcedencia que conlleva a decretar el sobreseimiento en el presente juicio con base en los artículos 61, fracción XXI, y 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: <<CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto>>. También es aplicable la jurisprudencia 103, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: <<CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal .>> En las relatadas circunstancias, por lo que hace al acto reclamado analizado en este considerando, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: <<SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO>>. Finalmente, no ha lugar atender los alegatos que formuló el Fiscal de la Federación Adscrito a este Juzgado, puesto que no existe obligación de estudiarlos porque no forman parte de la Litis; cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro <<ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO>>. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>, Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Justino Menéndez Asencio y Javier Enrique Hernández Pérez, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  3. Principal

    MESA 2.-ENVÍENSE LOS PRESENTES AUTOS AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, QUIEN EN APOYO DE LAS LABORES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN SU MOMENTO, DICTARÁ LA SENTENCIA DEFINITIVA RELATIVA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano