Justino Matadamas Jiménez

Expediente 42/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
42/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
02/03/2015

Partes del expediente

  • Justino Matadamas Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la resolución de once de febrero de dos mil quince, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Justino Matadamas Jiménez, asimismo, que por auto de trece de enero de dos mil quince se concedió la suspensión provisional al quejoso y por interlocutoria de veinte de enero de este año, se negó y se concedió la suspensión definitiva y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y se negó y se concedió la suspensión definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse el auto de trece de enero de dos mil quince, por el que se concedió la suspensión provisional y la interlocutoria de veinte de enero de este año, por la que se negó y se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que Justino Matadamas Jiménez, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de once de febrero de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del dieciséis al veintisiete de febrero de este año, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ya que se sobreseyó en el juicio y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que se reclamó la orden de aprehensión y su ejecución y se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 42/2015; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este juzgado el doce siguiente, al que correspondió por razón de turno Justino Matadamas Jiménez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del juez Penal de Etla, Oaxaca (autoridad ordenadora), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad ordenadora y su ejecución material atribuida a las restantes. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de trece de enero de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; la registró en el libro de gobierno con el número 42/2015, solicitó los informes justificados a las responsables, dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y, citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que previo los trámites del juicio, se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece; su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el juez Penal del distrito judicial de Etla, director de asuntos jurídicos quien firma en representación del procurador General de Justicia del Estado, jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones por orden del coordinador general de dicha agencia y jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia establecida en la villa de Etla, Oaxaca, convinieron en la existencia de la orden de aprehensión librada contra el quejoso Justino Matadamas Jiménez. La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal 06/2015, que remitió el juez Penal de Etla, Oaxaca, como apoyo a su informe justificado, al tener calidad de documentos públicos, se les confiere valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código procesal. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". TERCERO.- Sobreseimiento por la actualización de causa de improcedencia. Siendo ciertos los actos reclamados, y previo al estudio del fondo del asunto, es conveniente precisar que en el caso, quien resuelve, estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Por tanto, en la especie, contra la orden de aprehensión reclamada al juez Penal de Etla, Oaxaca, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que de la lectura de las constancias que obra en cuaderno por separado, se advierte que la autoridad responsable con fecha nueve de enero de dos mil quince, libró orden de aprehensión en la causa penal 06/2015, contra el quejoso Justino Matadamas Jiménez, por el delito de peculado, previsto por el artículo 213 y sancionado por el artículo 212 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en perjuicio del Erario del Gobierno del Estado; asimismo, por el delito de abuso de autoridad, previsto por el artículo 208, fracciones VI y XXXV y sancionado por el numeral 209, segundo párrafo, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la sociedad; sin embargo, mediante oficio 755/2015, el referido juez remitió las constancias relativas a la resolución que dictó el veintisiete de enero de dos mil quince, de la que se advierte que decretó formal prisión al quejoso Justino Matadamas Jiménez, por los delitos mencionados, ello al haber comparecido bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. En consecuencia, ya que la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa no puede ser analizada, al haber quedado procesalmente sustituida por el auto de formal prisión emitido el veintisiete de enero de dos mil quince y que afectaba la libertad del impetrante de amparo, sin que sea dable jurídicamente estudiar la inconstitucionalidad de un acto que no fue reclamado en el escrito inicial de demanda, como tampoco es posible analizar aquélla (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica del referido inculpado. En esas condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, de treinta de enero de dos mil ocho, que es de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN". Es aplicable también la jurisprudencia número 1ª/J 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, ¨novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de este fallo comprende los actos de ejecución atribuidos al procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca, en virtud que el acto de ejecución que se les reclama, no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo por su contenido, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, del tomo II, Segunda Parte-2, octava época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número 1028, localizable en la página 708 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Cabe señalar que como el sobreseimiento no prejuzga sobre la legalidad o ilegalidad del acto, por haber sobrevenido una causal de improcedencia del juicio de garantías, es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. De igual forma como se advierte en la audiencia que antecede se dejó de tener como autoridad responsable al comandante de grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado destacamentado en esta ciudad, en virtud de su inexistencia, por tanto, si no existe esa autoridad menos pueden existir el acto de ejecución que se le atribuye. Razón por la cual, por inexistencia de tales actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Justino Matadamas Jiménez, contra los actos reclamados al juez Penal de Etla, Oaxaca (autoridad ordenadora), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad ordenadora y su ejecución material atribuida a las restantes NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, ante la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, dándose por concluida la audiencia que se firma y autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    MESA I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Justino Matadamas Jiménez, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, expídase a su costa la copia certificada que refieren, previa identificación y razón de entrega que se dejen en autos; asimismo téngasele autorizando para recibirla a la persona que señala. NOTIFÍQUESE...

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