Justino López Sánchez
Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Justino López Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo de que se habla, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se tuvo por desechada la demanda de amparo, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción II, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 590/2023. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64 del libro Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Ahora bien, del contexto integral del escrito inicial de demanda, se evidencia que el quejoso en esencia reclama lo siguiente: La negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ************ del índice de dicho Juzgado. La omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil **************** del índice de dicho Juzgado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro 2017117, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En ese sentido, contra la negativa de la responsable para ordenar el emplazamiento dentro del juicio ************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de la parte demandada, respecto del ocurso de demanda que promovió y la ampliación de esta, procede el recurso de queja, en términos del artículo 697, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; que, en el caso, debe agotarse previamente al juicio de amparo. En efecto, los artículos 697 a 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 53.- Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación; ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento." Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones." "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 700.- Si hubiere recurso ordinario contra la resolución reclamada, la queja será desechada; si no estuviere apoyada por hecho cierto o no esté fundada en derecho, será declarada improcedente, en ambos casos la Sala impondrá a la parte quejosa una multa que no exceda del importe de veinticinco salarios mínimos generales." "Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." Dichos numerales establecen que contra las abstenciones u omisiones de la autoridad responsable se traducen en una denegación de justicia o demora injustificada en el despacho de los asuntos de competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, procede el recurso de queja; el cual debe presentarse ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. Luego, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, a fin de que el superior del juez responsable lo obligue a pronunciarse sobre sus pretensiones. Sin que esas omisiones se encuentren en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) persona extraña al procedimiento d) auto de vinculación a proceso. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175624, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". En otro aspecto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós se actualiza de manera indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no son de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos, equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, el solicitante del amparo reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós, a fin de que se habiliten horas y días inhábiles para el emplazamiento de la parte demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ********************, del índice de dicho Juzgado. Ahora, precisa señalar que la justiciable forma parte de la relación jurídica procesal entablada en el juicio natural, dado que es parte en sentido material en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, por lo que esa situación evidencia que las referidas omisiones no constituyen actos de imposible reparación en la medida en la que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, los derechos de guarda y custodia y de convivencia, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 1º y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la omisión reclamada es de naturaleza intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, no haya acordado la petición de la quejosa por cuanto hace a la apertura del incidente de liquidación de pensión alimenticia en el en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** de su índice, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la promovente, tampoco se trata de abierta dilación paralización total del procedimiento. Se sostiene lo anterior, porque la citada omisión por sí sola no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la disconforme. Sin conceder que dicha demora exista, lo cierto es, que conforme a lo hasta aquí expuesto, no se trata, al menos, hasta este momento- de una abierta dilación o paralización total del procedimiento y por ende, de ejecución irreparable. Esa decisión encuentra justificación con base en lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que expuso lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. (.) Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: (.) "PETICIÓN, DERECHO DE.-La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: 'Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional'. De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto." (.) Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De lo ahí argumentado, se determinó que debía de prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De todo lo anterior, obtenemos que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia tratándose de materia laboral, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente las responsables debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Asimismo, el suscrito considera que dicha jurisprudencia es aplicable para cualquier proceso seguido en forma de juicio o fuera de él, porque el espíritu en ella es fijar un parámetro para determinar cuándo una autoridad incurre en una dilación presuntamente excesiva en el dictado de proveídos a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. La necesidad de fijar un parámetro para considerar una dilación excesiva es en virtud de que la Carta Magna no especifica uno y en las legislaciones procesales existen múltiples términos para el dictado de diversas resoluciones; asimismo, existen numerosas razones para que algunos de tales períodos no se observen a cabalidad, ya sea por la complejidad del asunto, técnico jurídica o material, la actuación procesal del interesado, interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Por lo anterior, el Máximo Tribunal fijó un parámetro en materia laboral, mismo que se considera que éste puede ser utilizado en cualquier otra materia, específicamente la materia civil, donde tiene su génesis el acto reclamado, a fin de que las partes tengan certeza de cuando estén ante una dilación presuntamente excesiva en un proceso jurisdiccional o fuera de él, esto ya que no en todas las materias existe la figura de caducidad de la instancia (que fue el parámetro utilizado para la fijación del plazo máximo que tiene la autoridad para proveer sin causar un dilación excesiva o paralización total que se traduzca en un acto de imposible reparación). Se afirma lo anterior, en razón que de contextualizar el plazo establecido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, atendiendo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicable en el caso concreto, éste establece como plazo para la caducidad de la instancia ciento ochenta días, conforme a su numeral 127 Bis, lo que sin duda rebasa no sólo el término de cuarenta y cinco días naturales antes referido, sino incluso el de cuatro meses que establece la tesis de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE", de ahí que resulte, como justo medio, atender al plazo de cuarenta y cinco días naturales, como plazo máximo que tiene la autoridad responsable para actuar en el expediente de origen. Bajo ese contexto, en el caso específico, la parte promovente, reclama la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós -como se advierte de la integridad de la demanda y su anexo-; empero, al día de la promoción del presente juicio de amparo indirecto - siete de julio de 2023-, han transcurrido veintiocho días naturales (veinte días hábiles) desde la presentación de su petitorio, lapso de tiempo que a criterio de este órgano jurisdiccional, no se considera una abierta dilación o paralización total, tomando como referencia, los cuarenta y cinco días naturales establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de fijar ese término, como el máximo tolerable en el que legalmente debe de pronunciarse la autoridad responsable. Sobre el particular, no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción constitucional, sino que surgiera durante la tramitación del juicio, como acontece en el caso concreto, en que al momento en que ********************, presento su demanda de amparo, es decir, el siete de junio de dos mil veintitrés -ante la Oficina de Correspondencia Común-, sólo han transcurrido veintiocho días naturales (veinte días hábiles), sin que el juez señalado como responsable haya emitido el pronunciamiento correspondiente, omisión que no se considera como una abierta dilación o paralización total del procedimiento, tomando como parámetro, los cuarenta y cinco días naturales fijados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el tiempo aceptable que puede demorarse una autoridad en emitir el acto jurisdiccional respectivo. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda, no ha transcurrido un plazo considerable para que pueda aducirse una abierta dilación o paralización al procedimiento, como pudiera ser el de cuarenta y cinco días, establecido por la Segunda Sala, no se advierte que la omisión reclamada constituya, hasta este momento, un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio biinstancial. En ese contexto, la omisión atacada no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de 'omisiones' autónomas al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, a pesar de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiera ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte en sentido material, porque figura como actora, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el medio extraordinario de defensa promovido en contra de la omisión atacada es notoriamente improcedente al patentizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado en sentido contrario; máxime que del contenido de la demanda de amparo y conforme a lo razonado con anterioridad, no se detecta que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, resulta aplicable por analogía y mayoría de razón el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , que informa: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio e trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En este tenor, no se inadvierte la tesis identificada con el número III.4.T.15 K (10a.), invocada por la parte quejosa, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE DESECHARSE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2./J.48/2016 (10ª) CUANDO SE RECLAMA UNA ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, AL NO CONSTITUIR UNA CAUSA MANIFESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, NI DISPOCICIÓN O JURSIPRUDENCIA QUE DEFINA DICHOS CONCEPTOS.". Sin embargo, en términos del ordinal 217 de la Ley de la materia, dicho criterio no resulta obligatorio para este Juzgado, al no estar comprendido dentro de los supuestos que establece ese numeral, al haber sido emitido en diverso Circuito Judicial, aunado a que por ejecutoria del nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 201/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el citado criterio, al existir la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico y que dicho sea de paso, se aplicó en el presente asunto. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia establecidas por el ordinal 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************, en contra de los actos reclamados al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, consistes en la negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** del índice de dicho Juzgado, y la omisión de acordar el escrito de petición presentada el nueve de junio de dos mil veintidós. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia al quejoso, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Así como la diversa: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". Domicilio de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y por autorizada para tales efectos a la persona que señala. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente al promovente.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 590/2023. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64 del libro Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro: 210751, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Ahora bien, del contexto integral del escrito inicial de demanda, se evidencia que el quejoso en esencia reclama lo siguiente: La negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ************ del índice de dicho Juzgado. La omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil **************** del índice de dicho Juzgado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro 2017117, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En ese sentido, contra la negativa de la responsable para ordenar el emplazamiento dentro del juicio ************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de la parte demandada, respecto del ocurso de demanda que promovió y la ampliación de esta, procede el recurso de queja, en términos del artículo 697, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; que, en el caso, debe agotarse previamente al juicio de amparo. En efecto, los artículos 697 a 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 53.- Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación; ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento." Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones." "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 700.- Si hubiere recurso ordinario contra la resolución reclamada, la queja será desechada; si no estuviere apoyada por hecho cierto o no esté fundada en derecho, será declarada improcedente, en ambos casos la Sala impondrá a la parte quejosa una multa que no exceda del importe de veinticinco salarios mínimos generales." "Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." Dichos numerales establecen que contra las abstenciones u omisiones de la autoridad responsable se traducen en una denegación de justicia o demora injustificada en el despacho de los asuntos de competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, procede el recurso de queja; el cual debe presentarse ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. Luego, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, a fin de que el superior del juez responsable lo obligue a pronunciarse sobre sus pretensiones. Sin que esas omisiones se encuentren en el caso de excepción para que sea procedente el juicio de amparo, toda vez que no se trata de: a) actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) persona extraña al procedimiento d) auto de vinculación a proceso. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 175624, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". En otro aspecto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós se actualiza de manera indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no son de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos, equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, el solicitante del amparo reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós, a fin de que se habiliten horas y días inhábiles para el emplazamiento de la parte demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ********************, del índice de dicho Juzgado. Ahora, precisa señalar que la justiciable forma parte de la relación jurídica procesal entablada en el juicio natural, dado que es parte en sentido material en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, por lo que esa situación evidencia que las referidas omisiones no constituyen actos de imposible reparación en la medida en la que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, los derechos de guarda y custodia y de convivencia, etcétera, aun cuando la disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 1º y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, la omisión reclamada es de naturaleza intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, no haya acordado la petición de la quejosa por cuanto hace a la apertura del incidente de liquidación de pensión alimenticia en el en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** de su índice, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la promovente, tampoco se trata de abierta dilación paralización total del procedimiento. Se sostiene lo anterior, porque la citada omisión por sí sola no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la disconforme. Sin conceder que dicha demora exista, lo cierto es, que conforme a lo hasta aquí expuesto, no se trata, al menos, hasta este momento- de una abierta dilación o paralización total del procedimiento y por ende, de ejecución irreparable. Esa decisión encuentra justificación con base en lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que expuso lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. (.) Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: (.) "PETICIÓN, DERECHO DE.-La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: 'Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional'. De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto." (.) Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De lo ahí argumentado, se determinó que debía de prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De todo lo anterior, obtenemos que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia tratándose de materia laboral, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente las responsables debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Asimismo, el suscrito considera que dicha jurisprudencia es aplicable para cualquier proceso seguido en forma de juicio o fuera de él, porque el espíritu en ella es fijar un parámetro para determinar cuándo una autoridad incurre en una dilación presuntamente excesiva en el dictado de proveídos a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. La necesidad de fijar un parámetro para considerar una dilación excesiva es en virtud de que la Carta Magna no especifica uno y en las legislaciones procesales existen múltiples términos para el dictado de diversas resoluciones; asimismo, existen numerosas razones para que algunos de tales períodos no se observen a cabalidad, ya sea por la complejidad del asunto, técnico jurídica o material, la actuación procesal del interesado, interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Por lo anterior, el Máximo Tribunal fijó un parámetro en materia laboral, mismo que se considera que éste puede ser utilizado en cualquier otra materia, específicamente la materia civil, donde tiene su génesis el acto reclamado, a fin de que las partes tengan certeza de cuando estén ante una dilación presuntamente excesiva en un proceso jurisdiccional o fuera de él, esto ya que no en todas las materias existe la figura de caducidad de la instancia (que fue el parámetro utilizado para la fijación del plazo máximo que tiene la autoridad para proveer sin causar un dilación excesiva o paralización total que se traduzca en un acto de imposible reparación). Se afirma lo anterior, en razón que de contextualizar el plazo establecido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, atendiendo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicable en el caso concreto, éste establece como plazo para la caducidad de la instancia ciento ochenta días, conforme a su numeral 127 Bis, lo que sin duda rebasa no sólo el término de cuarenta y cinco días naturales antes referido, sino incluso el de cuatro meses que establece la tesis de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE", de ahí que resulte, como justo medio, atender al plazo de cuarenta y cinco días naturales, como plazo máximo que tiene la autoridad responsable para actuar en el expediente de origen. Bajo ese contexto, en el caso específico, la parte promovente, reclama la omisión de acordar el escrito de petición presentada ante la responsable el nueve de junio de dos mil veintidós -como se advierte de la integridad de la demanda y su anexo-; empero, al día de la promoción del presente juicio de amparo indirecto - siete de julio de 2023-, han transcurrido veintiocho días naturales (veinte días hábiles) desde la presentación de su petitorio, lapso de tiempo que a criterio de este órgano jurisdiccional, no se considera una abierta dilación o paralización total, tomando como referencia, los cuarenta y cinco días naturales establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de fijar ese término, como el máximo tolerable en el que legalmente debe de pronunciarse la autoridad responsable. Sobre el particular, no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción constitucional, sino que surgiera durante la tramitación del juicio, como acontece en el caso concreto, en que al momento en que ********************, presento su demanda de amparo, es decir, el siete de junio de dos mil veintitrés -ante la Oficina de Correspondencia Común-, sólo han transcurrido veintiocho días naturales (veinte días hábiles), sin que el juez señalado como responsable haya emitido el pronunciamiento correspondiente, omisión que no se considera como una abierta dilación o paralización total del procedimiento, tomando como parámetro, los cuarenta y cinco días naturales fijados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el tiempo aceptable que puede demorarse una autoridad en emitir el acto jurisdiccional respectivo. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda, no ha transcurrido un plazo considerable para que pueda aducirse una abierta dilación o paralización al procedimiento, como pudiera ser el de cuarenta y cinco días, establecido por la Segunda Sala, no se advierte que la omisión reclamada constituya, hasta este momento, un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio biinstancial. En ese contexto, la omisión atacada no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de 'omisiones' autónomas al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, a pesar de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiera ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte en sentido material, porque figura como actora, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el medio extraordinario de defensa promovido en contra de la omisión atacada es notoriamente improcedente al patentizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado en sentido contrario; máxime que del contenido de la demanda de amparo y conforme a lo razonado con anterioridad, no se detecta que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, resulta aplicable por analogía y mayoría de razón el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , que informa: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio e trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En este tenor, no se inadvierte la tesis identificada con el número III.4.T.15 K (10a.), invocada por la parte quejosa, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE DESECHARSE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2./J.48/2016 (10ª) CUANDO SE RECLAMA UNA ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, AL NO CONSTITUIR UNA CAUSA MANIFESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, NI DISPOCICIÓN O JURSIPRUDENCIA QUE DEFINA DICHOS CONCEPTOS.". Sin embargo, en términos del ordinal 217 de la Ley de la materia, dicho criterio no resulta obligatorio para este Juzgado, al no estar comprendido dentro de los supuestos que establece ese numeral, al haber sido emitido en diverso Circuito Judicial, aunado a que por ejecutoria del nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 201/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el citado criterio, al existir la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico y que dicho sea de paso, se aplicó en el presente asunto. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia establecidas por el ordinal 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************, en contra de los actos reclamados al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, consistes en la negativa por parte del actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlàn, Oaxaca, de emplazar a la parte demandada, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio civil ******************** del índice de dicho Juzgado, y la omisión de acordar el escrito de petición presentada el nueve de junio de dos mil veintidós. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia al quejoso, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Así como la diversa: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". Domicilio de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y por autorizada para tales efectos a la persona que señala. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente al promovente.""""""""""""""""""""""
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