Justina Zamudio Godoy

Expediente 1250/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1250/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • Justina Zamudio Godoy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la quejosa Justina Zamudio Godoy, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que solicita, previa razón que de su recibo quede en autos, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, autorizando únicamente para recibir los mismos a las personas que refiere en el ocurso de cuenta.....II

  2. Principal

    . V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ****** , ambas por su propio derecho, y esta última, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Esteban Velázquez Tovar, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....II

  3. Principal

    V i s t o el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el veintiséis de septiembre del presente año, se giró despacho al Juez de Primera Instancia Civil en Turno de San Juan del Rio, Querétaro, para que al efecto de que en auxilió de las labores de este Juzgado, realizará la notificación personal correspondiente al auto de esa misma fecha a la parte quejosa, sin embargo, como se advierte que el mismo día, comparecieron ante este Juzgado, Seir Velázquez Zamudio y Justina Zamudio Godoy, esta, por sí y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Esteban Velázquez Tovar a notificarse del referido proveído, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto el envió del despacho relativo por tales motivos. Finalmente, como lo solicitan los impetrantes, se ordena que las subsecuentes notificaciones que surjan en el presente sumario, se les realicen por medio de LISTA que se publica en los estrados de este juzgado, lo anterior para los efectos legales conducentes, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.....II

  4. Principal

    CUMPLEN PREVENCIÓisto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por los quejosos *******por su propio derecho y ******, mediante el cual, desahogan la prevención formulada en auto de veinte de septiembre del año en curso; en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Como ya se dijo, el acto que combaten los quejosos a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, como se verá enseguida. ACTO RECLAMADO En efecto, el acto reclamado se hace consistir en el proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, dentro del juicio 193/2016, mediante el cual, el juez responsable señaló fecha y hora, para la toma de muestras, con motivo de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), previniendo a los hoy quejosos para que comparecieran, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer, se harán acreedores a una multa, en caso de reincidencia arresto y, en posterior caso de reincidencia, operara en su contra la presunción de filiación, teniéndose por cierto que Esteban Velázquez Tovar procreo en vida al aquí tercero interesado Bryan Martín Olvera Navarrete. Bajo tal panorama, es evidente que previo al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto impugnado. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se estima así, porque, es indudable que previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, que en el caso lo es el recurso de revocación que establece el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En ese contexto, se concluye que en contra del acto reclamado, emitido el treinta de agosto de dos mil diecisiete, por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, dentro del juicio 193/2016, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 721 de la ley procesal de la materia, previo a la instauración del juicio de amparo; pues es incuestionable que en dicho auto, no se acuerda sobre la admisión de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), únicamente, el juez responsable señaló fecha y hora para la toma de muestras del tejido orgánico de los quejosos, es decir, para su desahogo. Situación que se corrobora con las copias certificadas del juicio de amparo 1769/2016-II y su acumulado 1770/2016-IV-A del índice de éste órgano jurisdiccional, de las cuales se advierte que fue el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, cuando el aludido Juez responsable, emitió un acuerdo en el que admitió diversas probanzas, entre ellas la referida PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). En razón de lo anterior, se reitera que contra el auto reclamado, procede el recurso de revocación, pues el objeto de dicho medio de defensa, consistirá en que el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, reconsidere la fecha y hora programados para el desahogo (toma de muestras) de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), por ende, es claro, que los impetrantes del amparo estaban obligados a agotar el recurso de revocación aludido, antes de promover el juicio de amparo. En la inteligencia de que los amparistas no se encuentran en ninguno de los casos de excepción, para no agotar los recursos ordinarios, pues, al ser parte dentro del juicio de origen, y no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto, se deja en evidencia que los peticionarios del amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debieron interponer RECURSO DE REVOCACIÓN respecto del acto de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser partes materiales en el juicio natural. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual manera, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Finalmente, sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE DESPACHO Finalmente, vista la razón actuarial de cuenta, levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprenden los motivos por los cuales no fue posible notificar el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete a los quejosos; sin embargo, tal como se advierte de la constancia de notificación de veintidós de septiembre del año que transcurre, la quejosa Justina Zamudio Godoy, compareció en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional, quedando debidamente notificada del citado auto preventivo. Empero, tomando en consideración que de autos se advierte diverso domicilio de los impetrantes, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, con fundamento en los artículos 27 fracción II, de la Ley de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN TURNO EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, para el efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique personalmente el presente auto a los quejosos SEIR VELÁZQUEZ ZAMUDIO por su propio derecho y JUSTINA ZAMUDIO GODOY, por su propio derecho y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE ESTEBAN VELÁZQUEZ TOVAR, en el domicilio ubicado en Avenida Río Moctezuma, Número 61, Colonia San Cayetano, en San Juan del Río, Querétaro; siguiendo los reglas que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo aludida, a quien deberá hacerles entrega de una copia del presente proveído, además, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en Querétaro, Querétaro, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que surjan en el presente juico, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo, antes citado 27 fracción II de la Ley de la materia. Asimismo, en caso de que no se encuentre a los quejosos de mérito, el Actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya pueden ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la mencionada Ley; incluso, en el evento de que al constituirse en el domicilio indicado, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que el emplazamiento puede verificarse en otro domicilio dentro de su ámbito de jurisdicción, se constituya de inmediato en el mismo y cumpla con lo solicitado. Notifíquese personalmente a los quejosos, por medio de despacho. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido de la Secretaria de Acuerdos Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, quien autoriza y da fe.Querétaro, Querétaro veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. CUMPLEN PREVENCIÓN Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por los quejosos SEIR VELÁZQUEZ ZAMUDIO por su propio derecho y JUSTINA ZAMUDIO GODOY, por su propio derecho y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE ESTEBAN VELÁZQUEZ TOVAR, mediante el cual, desahogan la prevención formulada en auto de veinte de septiembre del año en curso; en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Como ya se dijo, el acto que combaten los quejosos a criterio de este resolutor, previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, como se verá enseguida. ACTO RECLAMADO En efecto, el acto reclamado se hace consistir en el proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, dentro del juicio 193/2016, mediante el cual, el juez responsable señaló fecha y hora, para la toma de muestras, con motivo de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), previniendo a los hoy quejosos para que comparecieran, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer, se harán acreedores a una multa, en caso de reincidencia arresto y, en posterior caso de reincidencia, operara en su contra la presunción de filiación, teniéndose por cierto que Esteban Velázquez Tovar procreo en vida al aquí tercero interesado Bryan Martín Olvera Navarrete. Bajo tal panorama, es evidente que previo al juicio de amparo, los quejosos debieron agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto impugnado. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fijas 65, del tomo V, segunda parte-1, enero a junio de 1990, octava época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se estima así, porque, es indudable que previo al juicio de amparo, debe agotarse el recurso ordinario de defensa que para tal efecto contempla la ley procesal de la materia, que en el caso lo es el recurso de revocación que establece el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra dicen: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En ese contexto, se concluye que en contra del acto reclamado, emitido el treinta de agosto de dos mil diecisiete, por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, dentro del juicio 193/2016, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 721 de la ley procesal de la materia, previo a la instauración del juicio de amparo; pues es incuestionable que en dicho auto, no se acuerda sobre la admisión de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), únicamente, el juez responsable señaló fecha y hora para la toma de muestras del tejido orgánico de los quejosos, es decir, para su desahogo. Situación que se corrobora con las copias certificadas del juicio de amparo 1769/2016-II y su acumulado 1770/2016-IV-A del índice de éste órgano jurisdiccional, de las cuales se advierte que fue el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, cuando el aludido Juez responsable, emitió un acuerdo en el que admitió diversas probanzas, entre ellas la referida PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). En razón de lo anterior, se reitera que contra el auto reclamado, procede el recurso de revocación, pues el objeto de dicho medio de defensa, consistirá en que el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, reconsidere la fecha y hora programados para el desahogo (toma de muestras) de la PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), por ende, es claro, que los impetrantes del amparo estaban obligados a agotar el recurso de revocación aludido, antes de promover el juicio de amparo. En la inteligencia de que los amparistas no se encuentran en ninguno de los casos de excepción, para no agotar los recursos ordinarios, pues, al ser parte dentro del juicio de origen, y no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto, se deja en evidencia que los peticionarios del amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debieron interponer RECURSO DE REVOCACIÓN respecto del acto de que se trata, como medio ordinario de defensa que la Ley le confiere, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, al ser partes materiales en el juicio natural. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual manera, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable a lo razonado, en lo conducente, el criterio aislado número I.3o.C. J/39, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra enuncia: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Finalmente, sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE DESPACHO Finalmente, vista la razón actuarial de cuenta, levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprenden los motivos por los cuales no fue posible notificar el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete a los quejosos; sin embargo, tal como se advierte de la constancia de notificación de veintidós de septiembre del año que transcurre, la quejosa Justina Zamudio Godoy, compareció en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional, quedando debidamente notificada del citado auto preventivo. Empero, tomando en consideración que de autos se advierte diverso domicilio de los impetrantes, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, con fundamento en los artículos 27 fracción II, de la Ley de la materia, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN TURNO EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, para el efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique personalmente el presente auto a los quejosos SEIR VELÁZQUEZ ZAMUDIO por su propio derecho y JUSTINA ZAMUDIO GODOY, por su propio derecho y EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE ESTEBAN VELÁZQUEZ TOVAR, en el domicilio ubicado en Avenida Río Moctezuma, Número 61, Colonia San Cayetano, en San Juan del Río, Querétaro; siguiendo los reglas que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo aludida, a quien deberá hacerles entrega de una copia del presente proveído, además, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en Querétaro, Querétaro, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que surjan en el presente juico, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo, antes citado 27 fracción II de la Ley de la materia. Asimismo, en caso de que no se encuentre a los quejosos de mérito, el Actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya pueden ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la mencionada Ley; incluso, en el evento de que al constituirse en el domicilio indicado, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que el emplazamiento puede verificarse en otro domicilio dentro de su ámbito de jurisdicción, se constituya de inmediato en el mismo y cumpla con lo solicitad.....II... NP

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