Justina Zamudio Godoy

Expediente 273/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
273/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Justina Zamudio Godoy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, por medio del cual cumple con la prevención realizada en autos; en tal virtud, atendiendo al contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se le tiene promoviendo demanda de amparo por propio derecho y en su carácter de Albacea de la Sucesión intestamentaria a bienes de *****, personalidad que se le reconoce al tenor de las copias certificadas de las actuaciones que anexa a su escrito aclaratorio de demanda, ello de conformidad con lo dispuesto por los numerales 6 y 10 de la Ley de Amparo; en consecuencia, este Juzgado provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer el contenido de la fracción V del artículo 107. Que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, ahora, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2) Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente, desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados, fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; esto es, ya no basta que se considere que el acto produce una afectación exorbitante o superior a los derechos de los gobernados para estimar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan de manera material alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de las determinaciones reclamadas. Ahora bien, en la especie, del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, se advierte lo siguiente: ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa narra cómo antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. En el mes de febrero de dos mil dieciséis, ***** demandó de la sucesión intestamentaria a bienes de *****, a la hoy quejosa y otros. 2. Dicha demanda se radicó en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, bajo el número de expediente ***, se le emplazó a juicio y dio contestación en el plazo concedido para tal efecto. 3. Seguidas sus etapas procesales, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se admitió la prueba pericial en genética y ácido desoxirribonucleico (ADN), sobre los restos de ***. 4. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el perito *****, presentó, ante el Juez de origen, su dictamen pericial en la citada materia. 5. La parte quejosa presentó incidente de oposición al peritaje emitido por *****, a fin de que se califique de ilegal y se revoque. 6. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de oposición al peritaje emitido por *****, sin embargo, se reservó su admisión hasta en tanto el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación promovido por la quejosa en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado. 7. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa promovió recurso de apelación. 8. El treinta de enero de dos mil diecinueve, la Sala responsable, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, y confirmó el auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en San Juan del Río, Querétaro, en el expediente ***. -Determinación reclamada en el presente juicio- Cabe recalcar, que la parte quejosa acude a esta vía constitucional en reclamo de lo resuelto por la Sala responsable, respecto de la determinación que confirmó la resolución del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en San Juan del Río, Querétaro, en el que tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de oposición al peritaje emitido por *****, sin embargo, se reservó su admisión hasta en tanto el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación promovido en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado, e incidiría en dicha probanza. En ese orden de ideas, en la determinación reclamada, no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte recurrente, al no existir ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, en virtud de que, el hecho de que, la Sala responsable confirmó la reserva de la procedencia del incidente de oposición al peritaje emitido por *****, hasta que se resuelva el recurso de apelación promovido en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado, sólo constituye una violación procesal que debe reclamarse hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se le está impidiendo a la quejosa, el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido. En esa tesitura, el acto reclamado, no importa una imposible reparación, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta de manera material algún derecho sustantivo de la parte recurrente. Además, no basta con señalar que el acto que se reclama podría atentar contra el artículo 17 constitucional, para que el acto reclamado revista un carácter de imposible reparación, ya que no es factible anticipar el resultado del fallo y para el caso de obtener una resolución favorable a los intereses de la quejosa ahora recurrente, la violación que alega desaparecerá, sin trascender a su esfera jurídica. Máxime que lo que pretende reclamar incide en la validez o valor de la prueba, no en la admisión de la prueba o en la forma de su desahogo, de ahí que no es un acto de imposible reparación. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción número P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomos 76, Abril de 1994 y VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en la página 13, cuyo texto dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." El anterior criterio, es aplicable, pues aun cuando interpreta artículos de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se contrapone con la actual, pues como se vio en la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corroboró y reforzó el anterior criterio. En esa tesitura, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia invocada, pues está plenamente demostrada, toda vez que, se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, ya que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues está plenamente probado que el acto reclamado, consiste, en la exclusión de diversos medios probatorios, por lo que, no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte recurrente, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido por la inconforme, pues solo constituye una violación procesal que debe reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que con la anterior determinación se transgreda produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Así como la diversa, con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro... II NP

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO JUDICIAL DE FECHA SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, por medio del cual cumple con la prevención realizada en autos; en tal virtud, atendiendo al contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se le tiene promoviendo demanda de amparo por propio derecho y en su carácter de Albacea de la Sucesión intestamentaria a bienes de *****, personalidad que se le reconoce al tenor de las copias certificadas de las actuaciones que anexa a su escrito aclaratorio de demanda, ello de conformidad con lo dispuesto por los numerales 6 y 10 de la Ley de Amparo; en consecuencia, este Juzgado provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer el contenido de la fracción V del artículo 107. Que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, ahora, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2) Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente, desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados, fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; esto es, ya no basta que se considere que el acto produce una afectación exorbitante o superior a los derechos de los gobernados para estimar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan de manera material alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de las determinaciones reclamadas. Ahora bien, en la especie, del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, se advierte lo siguiente: ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa narra cómo antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. En el mes de febrero de dos mil dieciséis, ***** demandó de la sucesión intestamentaria a bienes de *****, a la hoy quejosa y otros. 2. Dicha demanda se radicó en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, bajo el número de expediente ***, se le emplazó a juicio y dio contestación en el plazo concedido para tal efecto. 3. Seguidas sus etapas procesales, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se admitió la prueba pericial en genética y ácido desoxirribonucleico (ADN), sobre los restos de ***. 4. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el perito *****, presentó, ante el Juez de origen, su dictamen pericial en la citada materia. 5. La parte quejosa presentó incidente de oposición al peritaje emitido por *****, a fin de que se califique de ilegal y se revoque. 6. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de oposición al peritaje emitido por *****, sin embargo, se reservó su admisión hasta en tanto el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación promovido por la quejosa en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado. 7. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa promovió recurso de apelación. 8. El treinta de enero de dos mil diecinueve, la Sala responsable, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, y confirmó el auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en San Juan del Río, Querétaro, en el expediente ***. -Determinación reclamada en el presente juicio- Cabe recalcar, que la parte quejosa acude a esta vía constitucional en reclamo de lo resuelto por la Sala responsable, respecto de la determinación que confirmó la resolución del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en San Juan del Río, Querétaro, en el que tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de oposición al peritaje emitido por *****, sin embargo, se reservó su admisión hasta en tanto el Tribunal de Alzada resuelva el recurso de apelación promovido en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado, e incidiría en dicha probanza. En ese orden de ideas, en la determinación reclamada, no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte recurrente, al no existir ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, en virtud de que, el hecho de que, la Sala responsable confirmó la reserva de la procedencia del incidente de oposición al peritaje emitido por *****, hasta que se resuelva el recurso de apelación promovido en contra del mismo proveído, ya que éste puede ser confirmado, modificado o revocado, sólo constituye una violación procesal que debe reclamarse hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se le está impidiendo a la quejosa, el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido. En esa tesitura, el acto reclamado, no importa una imposible reparación, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta de manera material algún derecho sustantivo de la parte recurrente. Además, no basta con señalar que el acto que se reclama podría atentar contra el artículo 17 constitucional, para que el acto reclamado revista un carácter de imposible reparación, ya que no es factible anticipar el resultado del fallo y para el caso de obtener una resolución favorable a los intereses de la quejosa ahora recurrente, la violación que alega desaparecerá, sin trascender a su esfera jurídica. Máxime que lo que pretende reclamar incide en la validez o valor de la prueba, no en la admisión de la prueba o en la forma de su desahogo, de ahí que no es un acto de imposible reparación. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, la jurisprudencia por contradicción número P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomos 76, Abril de 1994 y VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en la página 13, cuyo texto dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." El anterior criterio, es aplicable, pues aun cuando interpreta artículos de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se contrapone con la actual, pues como se vio en la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corroboró y reforzó el anterior criterio. En esa tesitura, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia invocada, pues está plenamente demostrada, toda vez que, se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, ya que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues está plenamente probado que el acto reclamado, consiste, en la exclusión de diversos medios probatorios, por lo que, no existe una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte recurrente, pues no se impide el ejercicio de algún derecho actual, de modo que no es procedente el amparo indirecto promovido por la inconforme, pues solo constituye una violación procesal que debe reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que este le sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que con la anterior determinación se transgreda produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Así como la diversa, con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Página: 487, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro... II NP

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente dentro del término para ello otorgado; dicho auto dice: RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ****, contra actos de los Magistrados que integran la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 273/2019-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho proceda respecto a la admisión de la demanda, de conformidad con los requisitos que prevé el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracción III, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio y anexos, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Aclare si solicita el amparo por propio derecho o en su carácter de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de ***, esto, toda vez que en el proemio de la demanda y al señalar a la parte quejosa, lo hace por propio derecho, sin embargo en el capítulo de suspensión, la solicita en su carácter de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de ****, lo cual redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada. En el entendido que, de solicitar el amparo en su carácter de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de ****, deberá exhibir documento idóneo, legible y completo, en original o copia certificada, así como copia para una de las partes, del que se advierta la representación que la promovente ostenta, a fin de acreditar su personalidad. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento a la prevención contenida en el presente auto, en el plazo señalado para tal efecto, se le tendrá promoviendo amparo por propio derecho y se acordará lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***** y en términos del artículo 24 de la citada Ley, a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano