Juritzy Aranney García Hernández

Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
744/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Juritzy Aranney García Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales con relación al punto 8.1.2, en su numeral 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. PERSONAL

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE DIECIOCHO DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por J**************, regístrese bajo el número 744/2021-II-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Se procede al análisis de causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la promovente del amparo, reclama de Seguros BBVA Bancomer S.A de C.V. GPO Financiero BBVA Bancomer: ? La negativa de otorgar la atención médica derivada del siniestro de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veinte, con registro************, al amparo del seguro contraído por *************** el veintitrés de agosto de dos mil veinte con el número de póliza ****************. DESECHAMIENTO. Sobre el particular, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia *******, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, página 1089, septiembre 2011, Novena Época, que de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ********.". Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, con base en lo anterior y la confrontación de los actos que se atribuyen a la autoridad señalada como responsable, se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa no es susceptible de ser reclamado en la vía de amparo ya que no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la determinación de declarar improcedente la reclamación formulada por T**********, respecto de una cirugía reconstructiva a favor de la aquí quejosa, retiro de implantes y colocación de unos nuevos, por el daño causado en el siniestro en que ésta se vio involucrada, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de seguro con la institución financiera Seguros BBVA Bancomer S.A de C.V. GPO Financiero BBVA Bancomer, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria referida está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios contratados, y aun de resultar contrario a lo que acordaron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. En tales términos, resulta claro que los actos que realiza no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general de orden público, por lo cual, no puede estimarse que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Apoya la anterior consideración, la tesis emitida por Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que este Tribunal comparte, visible en la página 1500, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación al numeral 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2021. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico proporcionado por la citada parte procesal, a saber, lic.jesus.saavedra@gmail.com. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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