Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Expediente 1456/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1456/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2016

Partes del expediente

  • Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de desechamiento de demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado.Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo.Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle deToluca, en cumplimiento a los solicitado en proveído de cuatro de octubre del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral ****en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento ordenado a la oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza la documental de referencia; sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. AGREGA ESCRITO DE DESAHOGO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta por medio del cual Aurora Imelda Ortega Sahagú, da cumplimiento al requerimiento formulado el cuatro de octubre del año en curso y para tal efecto exhibe copia certificada del instrumento notarial número setecientos cincuenta y dos, pasado ante la fe del Notario Público número sesenta y siete del Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca. Satisfecho requerimiento. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la parte quejosa y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Anotaciones. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de: El proveído de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente ***, por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que señala día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y comisiona al actuario de su adscripción se constituya en ***, con las formalidades establecidas en el mismo, con el apercibimiento a la parte demandada de no exhibir los documentos requeridos, le tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que trataba de probar la parte actora. Desechamiento. Ahora, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Como se precisó con anterioridad entado lo anterior, la quejosa reclama el proveído de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente J.2/383/2014, por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que señala día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y comisiona al actuario de su adscripción se constituya en Rafael M. Hidalgo número 321 oriente (trescientos veintiuno), primer piso, colonia Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de México, con las formalidades establecidas en el mismo, con el apercibimiento a la parte demandada de no exhibir los documentos requeridos, le tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que trataba de probar la parte actora. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVIII/2004, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Lo anterior, se afirma en virtud de que el acto reclamado en el presente caso tiene como consecuencia una violación procesal en el juicio laboral seguido ante la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, determinación que tiene únicamente efectos de carácter procesal y que carece de ejecución irreparable, el cual sólo podrá impugnarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda en contra de la sentencia que al respecto se dicte en dicho procedimiento, es decir, que tal violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que se promueva en caso que la sentencia definitiva en el procedimiento natural fuera desfavorable a la parte quejosa. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene un laudo favorable. Así, se concluye que el acto reclamado en la demanda de garantías no tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que por su naturaleza sólo incide en la posición procesal que las partes van tomando en el curso del procedimiento, tendente a obtener sentencia definitiva favorable. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) en el proveído de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente ***, por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el que señala día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora y comisiona al actuario de su adscripción se constituya en *****, con las formalidades establecidas en el mismo, con el apercibimiento a la parte demandada de no exhibir los documentos requeridos, le tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que trataba de probar la parte actora, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el dictado del acto reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. De tal manera que si el auto reclamado, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. Siguiendo los lineamientos expuestos en párrafos precedentes, y suponiendo que la quejosa no obtuviera sentencia definitiva favorable en ese procedimiento, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándola en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, previa preparación de su impugnación en esa vía conforme a los lineamientos del artículo 174 de la ley de la materia. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Así como en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/258, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro literal siguiente: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. (Gaceta al S.J.F. Tomo 65, Mayo de 1993, Octava Época, pag. 53) Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata En atención a lo que establece el arábigo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución de la copia certificada del instrumento notarial que exhibe, previo cotejo y certificación de la reproducción fotostática simple adjuntada que se deje en autos, para debida constancia legal, por persona autorizada para tal efecto.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda signado por ***, promoviendo en su carácter de apoderada legal de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, contra actos de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. PREVENCIÓN. Ahora, previo a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 10, 108 fracción V, 112 y 114 fracción I, II y lll de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos su legal notificación, aclare su demanda y fehacientemente; bajo protesta de decir verdad. Acredite debidamente la personalidad con la que se ostenta como apoderada legal de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, en virtud de que es insuficiente la copia simple que acompaña su escrito de demanda para aseverar su dicho. 2. Exhiba o transcriba el contenido del acuerdo de cuatro de agosto del presente año del cual deriva el acto reclamado emitido por la autoridad responsable. Precise la fecha de la legal notificación del acuerdo de cuatro de agosto emitido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 871) Así como el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto refieren: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. (10ª Época; 2ª Sala; Semanario Judicial de la Federación) Ello, dado que la demanda de garantías no se advierten dichos datos y los mismos son necesarios para proveer lo que en derecho corresponda respecto de la procedencia de la demanda de garantías. Asimismo, en virtud que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue las prevenciones de mérito. Así también, en su caso, requiérase al peticionario del amparo para que dentro del plazo concedido y de ser posible, reproduzca o transcriba el contenido íntegro del pronunciamiento que haya emitido la responsable respecto del acto reclamado. Tales requerimientos se efectúan en virtud de que con ello se podrá estudiar la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, en los términos en que se haga la petición, así como la procedencia del juicio promovido. Se le apercibe a la promovente que de no desahogar los requerimientos formulados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Así también, hágase del conocimiento del impetrante de amparo de las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de desahogar el requerimiento de mérito, pero manifieste hechos falsos u omita los que le consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348) REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. No obstante lo anterior, a efecto de contar con los elementos necesarios para proveer en el sumario en que se actúa; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se solicita de manera atenta a la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, que de no existir inconveniente legal alguno, remita la información que a continuación se solicita y la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral J.2/383/2014, consistente en: 1. Copia certificada del acuerdo de cuatro de agosto del presente año de la cual deriva el acto reclamado. 2. Copia certificada de la constancia de notificación del acuerdo de cuatro de agosto del presente año 3. Remita constancia certificada, por medio de la cual la aquí quejosa Aurora Imelda Ortega Sahagún, acredita su personalidad como apoderada legal de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, dentro del juicio laboral J.2/383/2014, de su índice estadístico. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de ser omisa a lo anterior, o bien, de no exponer por escrito las razones y disposiciones legales que les impidan cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en el proemio de su demanda de garantías. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes:

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