July Manuel Dixon Azahares
Expediente 1175/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- July Manuel Dixon Azahares
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por ende, como se advierte de la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las once horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, sin que haya sido posible celebrarla, debido a la suspensión de labores por las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
- Incidental
A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Copia de la demanda de amparo. 1 a 9. 2 Suspensión provisional 12 a 20. 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 24. De igual forma, el Secretario hace constar lo siguiente: El tres de octubre del presente año, fue recibido en este órgano jurisdiccional, el informe previo correspondiente al Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe rendido: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. Niega. 25 a 27. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo de la autoridad responsable. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Quejosa Documentales. 10 y 11. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara cerrada dicha fase. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo cual se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. July Manuel Dixon Azahares, reclamó de la autoridad responsable los actos que hizo consistir en: La fecha lejana de formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, establecida en el citatorio 233001. La omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la que se asigne la clave única de refugiado (CUR). La omisión de expedir la clave única de registro de población (CURP). Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Titular de la Oficina de Representación de la COMAR, con residencia de Tapachula, Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, fue omisa en acreditar que se haya expedido en favor de la parte quejosa la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, o en su caso, que se haya admitido a trámite la solicitud de refugiado del impetrante. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, y tener por cierta la existencia de los actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a las autoridades responsables es de naturaleza omisiva, de tal manera que si las potestades aducen su inexistencia, se encuentran obligadas a acreditar la actuación que en concreto hayan realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en la omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tiene la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhibe copia simple del manifiesto inicial relativo a la solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, con número 233001 expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a la persona quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a las autoridades responsables para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a las autoridades responsables que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a July Manuel Dixon Azahares, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando único de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por July Manuel Dixon Azahares, contra actos del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1175/2023 I-B. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores de nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por separado, en un solo cuaderno el incidente de suspensión solicitado. INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a la autoridad responsable que rinda su respectivo informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se le informa que: * En caso de que omita rendir su informe se presumirá cierto el acto reclamado que se le imputa. * En el informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se les sancionará con una multa de cien unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. De igual forma, se apunta que el cumplimiento a lo solicitado, podrá realizarse por los siguientes medios siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica: ? Correo Institucional: 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx ? Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en día hábil, sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria ? Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, Carretera a Cantón Murillo No. km 0450 Colonia Innominada, Tapachula, Chiapas, C.P. 30785 Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. En el entendido que, de contar con expediente físico, la autoridad responsable deberá remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, le sea devuelto a la brevedad. TERCERO INTERESADO De conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se reserva emplazar a la parte tercero interesada, hasta en tanto obre el informe justificado solicitado a las autoridades responsables, de cuyas constancias se patentice la identidad de dicha parte. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO 1 "Artículo 251. El trabajo de los órganos jurisdiccionales a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal deberá apegarse a los siguientes principios: a) Impulso tecnológico: por regla general, se debe optar por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquellos realizados en papel, salvo en aquellos casos cuya excepción sea debidamente justificada;" 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN LEGAL AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso K) y 28 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para notificar personalmente el presente auto, para lo cual deberá girarse el oficio relativo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se cita a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. En ese sentido, con fundamento en el primero de los numerales invocados en el párrafo anterior y 124 del citado ordenamiento legal, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención: _ Las documentales que anexa, ya que por su propia naturaleza no requieren de desahogo especial, sin perjuicio de dar cuenta con ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Téngase como autorizado de los promoventes en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Osorio Mendoza, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se toma nota del correo electrónico y del número telefónico que proporcionan las personas quejosas, a fin de que en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto -no procesal- con ellas. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 ??????????????? cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. FACULTAD DEL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en el artículo 2722 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en el caso de que la denominación de la autoridad responsable proporcionada por la parte quejosa en su demanda de amparo no sea la correcta, y esta sea indicada o precisada por el organismo al momento de la diligencia, cumpliendo con las formalidades del numeral citado con antelación, realicen la modificación correspondiente, con la finalidad de darle celeridad al trámite del presente juicio de derechos fundamentales. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano 2Articulo 272.- En las actuaciones judiciales, no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo promovida por July Manuel Dixon Azahares, contra actos del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta ciudad, se tramita el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1175/2023. ACTOS RECLAMADOS Y EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA SUSPENSIÓN En el caso particular, el quejoso solicita la suspensión provisional de los siguientes actos: - La fecha lejana de formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, establecida en el citatorio 233001. - La omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la que se asigne la clave única de refugiado (CUR). - La omisión de expedir la clave única de registro de población (CURP). 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Titular de la Oficina de Representación de la COMAR, con residencia de Tapachula, Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS Hay criterio vigente de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados, los órganos jurisdiccionales federales deben atender fundamentalmente a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa sobre la certidumbre de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 2a.5/931, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Por consiguiente, se estima que, para efectos del presente cuaderno incidental, está acreditada de manera presuntiva la existencia de los actos reclamados. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de la autoridad responsable, por lo que este órgano 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión provisional, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 ??????????????? efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que el quejoso exhibe copia simple del manifiesto inicial relativo a la solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, con número 233001 expedida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 9 ??????????????? cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión provisional para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 10 Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 11 ??????????????? lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión provisional. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a los quejosos de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 12 CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. INFORME PREVIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibida que en caso de no hacerlo así, se hará presumir cierto el acto reclamado y se resolverá la respectiva suspensión definitiva. En dicho informe la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la potestad responsable que de no cumplir con lo anterior en el plazo y condiciones establecidos, o de no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá en lo individual, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, específicamente a la persona física que ostente en cargo público correspondiente, de conformidad con el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 13 ??????????????? Asimismo, se informa a la autoridad responsable que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, el número de fax 962 62 61 84 1 (en un horario comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos) y la dirección del propio órgano jurisdiccional ubicado en edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, carretera a Cantón Murillo, km 0 450, colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785, con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes. De la misma manera, se le solicita que informe a este juzgado si cuenta con correo institucional para efecto de que, de así solicitarlo, la subsecuentes notificaciones que se generen se puedan realizar por ese medio, en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo y los ordinales 22, fracción II, y 23, fracción III, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 14 herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles [de aplicación supletoria a la Ley de Amparo]. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 15 ??????????????? quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Téngase como autorizado de los promoventes en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Osorio Mendoza, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se toma nota del correo electrónico y del número telefónico que proporcionan las personas quejosas, a fin de que en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto -no procesal- con ellas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 16 EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso 282 , se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea"3 , para lo cual es menester el uso de esta. De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones, pues ésta se deberá realizar de manera expresa. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de 2 Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea." 3 Tomando en cuenta lo preceptuado en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, los diversos 3o., 5o. y 6o., del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada (FIREL) y al Expediente Electrónico, además de lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del citado Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese.
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