Julissa Maribel Hernandez Escalante

Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1344/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Julissa Maribel Hernandez Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de garantías 1344/2023 promovido por promovido por 1Johany Sarahi Rivera Madrid, en representación de su hijo con iniciales 2O.J.T.R., 3Julissa Maribel Hernández Escalante y 4Carlos Javier Torres Alvarenga, en representación de su hijo con iniciales 5P.I.T.H., y 6Claudine Pierre, contra actos del Titular de la Oficina Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula, Chiapas y de otras autoridades, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta que fue la audiencia, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Copia de la demanda de amparo. 1 a 14. 2 Suspensión provisional 24 a 32. 3 Emplazamiento a las autoridades responsables. 40. Asimismo, el Secretario hace una relación de los informes previos rendidos por las autoridades responsables, en los siguientes términos: TITULAR DE LA OFICINA REPRESENTATIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR), EN ESTA CIUDAD. NIEGA Fojas 44 y 45. JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFIUGIADOS (COMAR), EN ESTA CIUDAD. NIEGA Fojas 44 y 45. ENCARGADO DE LA OFICIONA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFIUGIADOS (COMAR), EN ESTA CIUDAD. NIEGA Fojas 44 y 45. La Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1. QUEJOSA DOCUMENTALES 15 a 23. Al respecto, la Jueza de Distrito, acuerda: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las documentales de mérito, mismas que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y ante ese escenario se declara cerrada dicha fase. Al respecto, la Jueza de Distrito, acuerda: En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1344/2023. R E S U L T A N D O ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente asunto, en su demanda de amparo la incidentista señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiad. La omisión de otorgarles la Clave Única de Registro de Población (CURP) de forma temporal. Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables Titular, Jefe de Departamento y Encargado, todos de la Oficina Representativa en el Estado de Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, fueron omisas en acreditar que se haya expedido en favor de la parte quejosa la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, o en su caso, que se haya admitido a trámite la solicitud de refugiado del impetrante. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de las autoridades responsables y tener por cierta la existencia de los actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a las autoridades responsables es de naturaleza omisiva, de tal manera que si las potestades aducen su inexistencia, se encuentran obligadas a acreditar la actuación que en concreto hayan realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en la omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tiene la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que los quejosos exhiben copia de los manifiestos iniciales relativos a la solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de fechas veintinueve de septiembre y seis de octubre, ambas de dos mil veintitrés, con números 254714, 254715 y 248481, expedidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque unos quejosos son menores de edad, por lo que requiere la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con datos de localización Registro digital: 2020401, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a la persona quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a las autoridades responsables para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a las autoridades responsables que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, RESUELVE ÚNICO. Se concede a 1Johany Sarahi Rivera Madrid, en representación de su hijo con iniciales 2O.J.T.R., 3Julissa Maribel Hernández Escalante y 4Carlos Javier Torres Alvarenga, en representación de su hijo con iniciales 5P.I.T.H., y 6Claudine Pierre, la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades señaladas en el considerando único, en los términos ahí especificados del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, siendo las doce horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Johany Sarahi Rivera Madrid, en representación de su hijo con iniciales O.J.T.R., Julissa Maribel Hernández Escalante y Carlos Javier Torrres Alvarenga, en representación de su hijo con iniciales P.I.T.H. y Claudine Pierre, el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo número 1344/2023, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en Séptima calle Oriente número 40-B, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de las calles y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro -de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el suscrito Diego de Jesús Flores García, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 1344/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el diecisiete de noviembre siguiente, el cual se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Diego de Jesús Flores García Actuario Judicial

  3. Incidental

    AUTORIDAD INFORMA...

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se invoca como hecho notorio que en proveído de esta misma data, se tuvo por recibido en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Descentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que mediante acuerdo de trece de noviembre de la presente anualidad, admitió a trámite la Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado de la parte quejosa, y se le previno para que en el plazo de cinco días siguientes a su notificación, se presentara a las instalaciones de esa oficina, para realizar el llenado de formulario de registro, la toma de fotografías para la emisión de la constancia de trámite, la recepción de datos biométricos, para la emisión de la CURP, y llenado de formularia de detección de necesidades, y que dicha prevención fue notificada vía electrónica el trece de noviembre del año en curso, al correo electrónico 31Jesuswa@gmail.com. Lo anterior, se toma como hecho notorio, en términos del artículo 881 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 2 Es aplicable al respecto, la jurisprudencia J/12, sustentada por el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XXII. J/12, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA En consecuencia, del contenido de las documentales que envió la autoridad responsable Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 3 ??????????????? Descentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, resulta evidente que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en este juicio. En efecto, el precepto y fracción en cita literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En ese contexto, y en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó en su escrito de demanda los siguientes actos: I. La omisión de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiad. II. La omisión de otorgarles la Clave Única de Registro de Población (CURP) de forma temporal. Ahora, de las constancias remitidas por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Descentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, se aprecia que por auto de trece de noviembre de la presente anualidad, se admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a las personas extranjeras 1Johany Sarahi Rivera Madrid, en PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 4 representación de su menor hijo 2O.J.T.R., 3Julissa Maribel Hernández Escalante y 4Carlos Javier Torres Alvarenga, en representación de su menor hijo 5P.I.T.H., y 6Claudine Pierre, y los previno para que en el término de cinco días comparecieran ante las oficinas que ocupa el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, para poder realizar: Llenado de formulario de Registro; toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite; recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP, y llenado de formulario de Detección de necesidades. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su dispositivo 2, lo que hace que se actualice la causal de improcedencia anteriormente invocada. Por lo tanto, recapitulando el motivo del sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, se evidencia plenamente que los impetrantes se duelen principalmente de las autoridades responsables la omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, para expedir la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado [CUR], y la negativa para expedir la Clave Única de Registro de Población [CURP]. Sin embargo, toda vez que ya se emitió acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual admitió a trámite la solicitud de refugio de los quejosos 1Johany Sarahi Rivera Madrid, en representación de su menor hijo 2O.J.T.R., 3Julissa Maribel Hernández Escalante y 4Carlos Javier Torres Alvarenga, en representación de su menor hijo 5P.I.T.H., y 6Claudine Pierre, y les previno para que en el término de cinco días PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 5 ??????????????? comparecieran ante las oficinas que ocupa el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, para poder realizar: Llenado de formulario de Registro; toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite; recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP, y llenado de formulario de Detección de necesidades, acuerdo que se les notificó en el correo electrónico 31Jesuswa@gmail.com, en trece de noviembre de la presente anualidad. En ese tenor, la suscrita juzgadora considera que en lo que respecta a los actos reclamados señalados precedentemente, han cesado en sus efectos; por tanto, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, resultando procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin esperar a la celebración de la audiencia constitucional relativa, ya que de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Registro digital: 193758, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 6 su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Registro digital: 196820, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Tipo: Jurisprudencia, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 7 ??????????????? Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, cuyos datos de localización son: Registro digital: 184572, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 10/07/24 14:20:59 8 las nueve horas con diecisiete minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos administrativos a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/PCC/JGD/* Se envían

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