Julio Toral Zarate

Expediente 383/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
383/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Julio Toral Zarate
  • Juez Segundo de Priemera Instancia, Misantla, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad contra el auto veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cabalmente cumplida la sentencia amparadora dictada en este asunto, transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada Maritza Cancela Zavaleta del once de febrero al uno de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente, descontándole los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero del año en curso, por haber sido inhábiles, sin que lo hubieran hecho valer; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse otorgado el amparo y protección constitucional, así mismo, el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a su depuración, con posterioridad al CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, remitió un tomo de pruebas como justificación de su informe (copias certificadas del expediente civil número 727/2017/ll), devuélvase el referido tomo a la mencionada autoridad responsable, para los efectos legales conducentes, toda vez que ya no es necesaria su conservación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo número 383/2018 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por este juzgado de distrito, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, realizara lo siguiente: ".1.- Deje sin efecto la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil número 727/2017/III. 2.- En su lugar, emita otra resolución en la que: a.- Con plenitud de jurisdicción valore las pruebas aportadas por los contendientes del juicio natural, debiendo exponer y precisar los datos o cuestiones que se demuestren con esas probanzas, en relación a las necesidades y posibilidades de las partes. b.- Determine cuáles son las necesidades y el nivel de vida en que se desenvuelve la menor de edad, acreedora alimentaria, lo que debe desprenderse de las pruebas que se ofrecieron y desahogaron hasta esa etapa, así como las posibilidades del deudor alimentario, debiendo determinar si al efecto procede o no la regraduación de la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional, motive por qué la circunstancia de que el progenitor de la menor acreedora trabaje (lo que se conocía desde que se presentó la demanda de origen) constituye un motivo para regraduar la pensión alimenticia; qué se demuestra con cada probanza que aportaron las partes y cómo influye en la resolución que emita, incluso si la sola circunstancia de que ambos padres trabajen es suficiente para regraduar la medida alimenticia provisional y en su caso, si es de tomarse en consideración o no lo dispuesto por el artículo 240 del Código Civil del Estado de Veracruz, en el sentido de que el progenitor de la menor acreedora es quien la tiene a su cuidado. Hecho lo anterior, en caso de considerar procedente la regraduación de la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional, determine el porcentaje que considere es el adecuado para satisfacer las necesidades de la acreedora alimentista, sin colocar en estado de peligro la fuente de ingresos de donde emanan los satisfactores de las necesidades de ambas partes contendientes, debiendo motivar tal determinación. (Foja 109 vuelta y 110). Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como se explica a continuación. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: La responsable actuó de la siguiente manera: 1.- Deje sin efecto la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil número 727/2017/III. 1.- Mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. (Foja 145 vuelta). 2.- En su lugar, emita otra resolución en la que: a.- Con plenitud de jurisdicción valore las pruebas aportadas por los contendientes del juicio natural, debiendo exponer y precisar los datos o cuestiones que se demuestren con esas probanzas, en relación a las necesidades y posibilidades de las partes. 2. a) En esa misma fecha dictó una nueva resolución en la cual relacionó y valoró con libertad de jurisdicción las pruebas documentales públicas y privadas ofrecidas por las partes, estableciendo lo que se demostraba con las mismas, en atención a las necesidades y posibilidades de las partes. (Fojas 146 y 147). b.- Determine cuáles son las necesidades y el nivel de vida en que se desenvuelve la menor de edad, acreedora alimentaria, lo que debe desprenderse de las pruebas que se ofrecieron y desahogaron hasta esa etapa, así como las posibilidades del deudor alimentario, debiendo determinar si al efecto procede o no la regraduación de la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional, motive por qué la circunstancia de que el progenitor de la menor acreedora trabaje (lo que se conocía desde que se presentó la demanda de origen) constituye un motivo para regraduar la pensión alimenticia; qué se demuestra con cada probanza que aportaron las partes y cómo influye en la resolución que emita, incluso si la sola circunstancia de que ambos padres trabajen es suficiente para regraduar la medida alimenticia provisional y en su caso, si es de tomarse en consideración o no que el progenitor de la menor acreedora es quien la tiene a su cuidado. b.- También estableció las necesidades alimentarias de la acreedora alimentaria, su entorno social, las posibilidades económicas de la deudora alimentaria, tomando en consideración que la menor vive con su padre y que ambos progenitores trabajan, determinando confirmar la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente. (Fojas 148 a 150). Hecho lo anterior, en caso de considerar procedente la regraduación de la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional, determine el porcentaje que considere es el adecuado para satisfacer las necesidades de la acreedora alimentista, sin colocar en estado de peligro la fuente de ingresos de donde emanan los satisfactores de las necesidades de ambas partes contendientes, debiendo motivar tal determinación Finalmente declaró improcedente la reclamación interpuesta por la demandada en contra de la pensión alimenticia provisional decretada. (Foja 150 vuelta). Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la sentencia ha sido cumplida totalmente en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues dejó sin efectos el acto reclamado y en su lugar dictó una nueva resolución atendiendo a los efectos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado, y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector III. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente a las partes.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza Segundo de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, mediante el cual remite la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de la cual se advierte que señala que el actor en el juicio ordinario civil ********************, de su índice se desistió de la demanda instaurada, en virtud de que las partes llegaron a un arreglo conciliatorio; en consecuencia, désele vista a las partes a fin de que se imponga de su contenido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notificación a la parte tercera interesada en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo. Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la precitada legislación, con el contenido del oficio y anexos dese vista por el término de tres días a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, apercibidos que de no desahogar la vista de mérito, éste juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad citada. Notifíquese personalmente.

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