Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal

Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
637/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las autoridades responsables Doctor José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con sede en la Ciudad de México, Diputados María de Jesús Martínez Secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Juan Manuel de Unanue Abascal, Secretario de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Enrique Cambranis Torres y Omar Guillermo Miranda Romero, ambos Vocales de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con sede en esta ciudad, aun no han rendido sus informes justificados habiendo transcurrido el término que se le concedió para tal efecto, pues de autos se advierte que fueron debidamente notificados la primera autoridad el veintitrés de abril del presente año, las tres siguientes autoridades el diecinueve de marzo pasado y la última autoridad el dieciocho de marzo del año que transcurre, por lo que dicho plazo transcurrió para la primera autoridad del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de la anualidad cursante, para las siguientes autoridades del veintidós de marzo al catorce de abril del año en curso y para la última autoridad del diecinueve de marzo al trece de abril de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Doctor José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con sede en la Ciudad de México, Diputados María de Jesús Martínez Secretaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Juan Manuel de Unanue Abascal, Secretario de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Enrique Cambranis Torres y Omar Guillermo Miranda Romero, ambos Vocales de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de que se encuentren legalmente notificadas del presente acuerdo, remitan las constancias relativas al acto reclamado, las cuales resultan necesarias para resolver el presente asunto o, en su defecto, manifiesten la imposibilidad legal que tenga para dar cumplimiento al requerimiento de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 108 del tomo V, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Febrero de 1997, Materia Común, registro 199454, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Apercibida que en caso de no cumplir con lo solicitado se le impondrá a una multa de sesenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 260 fracción II y 259 ambos de la Ley de amparo. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficios a las autoridades responsables.

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