Julio Rivera Hernandez
Expediente 995/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio Rivera Hernandez
- Juez de lo Penal de Tlatlauquitepec de Juárez, Puebla
- JULIO RIVERA HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional manifestando que le fue imposible notificar a la parte quejosa la resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, pues manifiesta que una vez constituido en el domicilio que señaló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda para oír y recibir notificaciones, se percató que se trata de un inmueble con tres interiores, por lo que al no haberse especificado en cuál de los interiores deben llevarse a cabo las notificaciones personales, no pudo llevar a cabo la notificación ordenada. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele la referida determinación a la parte quejosa por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. La resolución de veintisiete de julio del presente año, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Vistos el estado procesal de los presentes autos, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, causa que es notoria e indudable de manera que con ningun medio de convicción puede desvirtuarse. En efecto, el artículo y fracción señaladas dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. En el caso, el quejoso CONSTANTINO RIVERA HERNÁNDEZ, señaló como acto reclamado la omisión en que ha incurrido el 1. Juez de lo Penal y de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, en el proceso 97/2010, para tenerlo exhibiendo el pago en efectivo de la caución que se le fijó para gozar de su libertad personal, así como la omisión de expedirle las fichas de depósitos corrrespondientes, lo que traduce en la privación ilegal de su libertad por parte de dicha autoridad y del Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla. La autoridad penal responsable al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama en virtud de que ya acordó lo solicitado por el quejoso y ordenó su libertad (foja 16); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de lo expuesto en el mismo, en el sentido de que fue hasta el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, que ordenó la libertad del quejoso, esto es, en la misma de la presentación de la demanda; de ahí que se tienen como ciertos los actos que se le atribuyen. Lo diversa autoridad 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla al rendir el informe justificado admitió la certeza del acto reclamado (haber tenido recluído al procesado en dicho centro penitenciario). Sin que ello lleve a considerar la certeza de que se le privó de la libertad ilegalmente al procesado, ya que la afectación de no dejarlo en libertad, no se produjó en forma independiente, sino dentro de un procedimiento penal en el que, como se ha visto, el quejoso es parte, de ahí que, al encontarse bajo los efectos de la prisión preventiva, no puede hablarse de privación ilegal de la libertad. Así las cosas, el juez penal responsable, acompañó a su informe copia certificada de diversas constancias derivadas del proceso 97/2010 (fojas 18 a 23 del expediente de amparo), documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De dichas constancias se advierte a manera de antecedentes los siguientes: 1. Que en el punto IV del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisés, el juez penal responsable dio cuenta con un escrito del quejoso Constantino Rivera Hernández, y acordó que sí había lugar a recibirle el numerario correspondiente a la garantía económica (foja 19 vuelta). 2. En la misma fecha el juez penal, previa excarcelación del procesado, aquí quejoso, lo tuvo exhibiendo la cantidad total de $40,000.00 (cuarenta mil pesos,cero centavos moneda nacional), para gozar de su libertad bajo caución y por los conceptos relativos a: libertad personal del delito de motín, por multa del delito de motín, por libertad personal del delito electoral, por mutla del delito electoral, y por concepto de pago de repación del daño; por lo que ordenó al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla que librara la boleta de libertad correspondiente (fojas 20 y 21). 3. Al final del acuerdo se advierte que se notificó en esa fecha al procesado, aquí quejoso (foja 21 frente), y, 4. El 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla, al rendir su informe justificado refirió que el quejoso "(.) a la fecha goza ya de su libertad provisional bajo los efectos de la Boleta de Libertad provisional de fecha 23 de junio de 2016." (foja 28). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de junio de dos mil dieciséis) la omisión sí existían, se tiene que, al habérsele recibido al procesado, aquí quejoso, el numerario para gozar de su libertad provisional bajo caución y acordado favorable el monto exhibido por cada uno de los conceptos que le fueron determinados, así como ordenado su libertad, entonces, cesaron los efectos de dicho acto. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido al quejoso en el goce de las garantías individuales transgredidas, de derecho de legalidad y seguridad jurídica, y de impartición de justicia, contenidas en los artículos 1, 17, 19, 20 y 21 Constitucionales. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Sobreseimiento que se hace extensivo al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla, pues refirió que el quejoso goza de su libertad provisional bajo los efectos de la boleta de libertad provisional de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en razón de lo ordenado por el juez penal de origen (foja 28). En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (No. Registro: 184,572, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 3. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngase a la citada autoridad ofreciendo como prueba de su parte la documentales que -en copia simple- acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. En virtud de lo anterior, y al ser evidente que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe justificado de cuenta, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la misma que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cinco minutos del once de julio de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 995/2016-III-C (foja 15), María Eugenia Gómez Villanueva, jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentado por Constantino Rivera Hernández (fojas 1 a 5), y auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (suspensión provisional [fojas 6 a 9]). A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 995/2016-III-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Constantino Rivera Hernández, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Constantino Rivera Hernández, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son la negativa de expedir a la parte quejosa la ficha de depósito para exhibir la garantía caucional que se le fijo dentro de la causa penal 97/2010 del índice de la autoridad responsable, y la negativa para tenerle exhibiendo el pago en efectivo para gozar de su libertad caucional; así como la privación ilegal de su libertad. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridades responsables Sentido del informe previo Foja 1. 1. Juez Mixto en el Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla Niega 22 y 23 2 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tlatlauquitepec, Puebla Niega 18 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Ello es así en virtud de que la autoridad responsable 1. Juez Mixto en el Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, informó que el veintitrés de junio de dos mil dieciséis se dictó un acuerdo en el que se ordenaba recibir el numerario correspondiente a la garantía que se había fijado en los autos de la causa penal 97/2010, por lo que en la misma fecha se recibieron las fichas de depósito y se ordenó girar boleta de libertad al inculpado Constantino Rivera Hernández (aquí quejoso). En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no puede existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Constantino Rivera Hernández, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
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