Julio Maza Rodriguez

Expediente 498/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
498/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Julio Maza Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 31 DE AGOSTO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Julio Maza Rodríguez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA.- a) C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN.- a) Lo es la omisión POR PARTE DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO de emitir pronunciamiento alguno, respecto a la petición formulada por el suscrito el pasado OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, depositada en el servicio de mensajería el día NUEVE del mismo mes y año, entregada en las oficinas de la procuraduría en fecha VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS." (fojas 2 vuelta y 3). En ese sentido, la autoridad responsable 1. Fiscal General de Justicia del Estado de México, a través de su representante, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, pues en esencia manifestó que el dieciséis de mayo dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y la notificó en la misma fecha; sin embargo, tal aseveración resulta incorrecta, pues remitió el escrito del quejoso al Titular de la Fiscalía Central Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, como consecuencia de ello, se tuvo a la última autoridad como sustituta en el presente juicio de amparo, por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 32 a 34). Luego, por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 67), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 2. Agente del ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (en su denominación correcta), quien negó el acto que se le reclama, pues refirió que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete acordó la petición de la parte quejosa y lo notificó a través de edictos, el veinticuatro de febrero siguiente. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como justificación a su informe, consistentes en copia certificada de constancias diversas deducidas del expedientillo formado con motivo de la petición formulada por el quejoso de folio DGJC/EP/11/2017, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte lo siguiente: 1. Por escrito recibido ante la responsable el siete de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó que, de existir alguna investigación en su contra, se le diera intervención en la misma, en su carácter de imputado. 2. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable atendió la solicitud del quejoso, pues al efecto acordó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) TERCERO.- Tomando en consideración que JULIO MAZA RODRÍGUEZ, señala como autorizados para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones a FRANCISCO JAVIER DE UNANUE y BRETON, HERMINIO CANO BENÍTEZ, JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ ROSAS, ALFREDO GUILLERMO MARTÍNEZ TÉLLEZ, SARAÍ HERNÁNDEZ CAMPOS, VÍCTOR RICARDO CHINCOYA MORALES, ANGÉLICA ANDREA LASTRA ORDORICA, LUIS ALBERTO ROSAS OLAYA, JOSÉ JUSTINO MUÑOZ ROSAS, MARIANA VEGA ESCOBEDO, JORGE LUIS GRANADOS YANAJARA, con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se tienen por autorizados a las personas anteriormente citadas, no así el correo electrónico que señala el peticionario, en razón de que esta autoridad administrativa no cuenta con correo Institucional ante la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, por consiguiente se ordena que la notificación del presente acuerdo se realice a través de edictos en términos de los dispuesto por el artículo 25 fracción 11 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México, en virtud de que el peticionario no señala domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de esta Entidad Federativa. (.)" (fojas 49 y 50). 3. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se notificó mediante edictos publicados tanto en el Periódico Oficial del Estado de México, como en el diverso "La crónica" al demandante constitucional el acuerdo indicado en el punto que antecede (fojas 59 a 64). En tales condiciones, se evidencia la inexistencia del acto reclamado, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, con posterioridad a la notificación del acuerdo de mérito, esto es, hasta el veinticinco de abril de dos mil diecisiete; por tanto, en esa fecha ya no existía la omisión reclamada. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cabe indicar que la causal sobreseimiento invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que el hecho de que medie el plazo de ocho días entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia que antecede, en nada cambiaría el sentido del fallo, pues como ya se dijo, el motivo de sobreseimiento en el presente juicio (inexistencia de la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), de ninguna manera podría ser desvirtuado con prueba alguna que pudieran rendir las partes, incluso celebrando la audiencia constitucional. Esto es, el quejoso no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada ya no existía

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, esta autoridad Federal decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Julio Maza Rodríguez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA.- a) C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN.- a) Lo es la omisión POR PARTE DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO de emitir pronunciamiento alguno, respecto a la petición formulada por el suscrito el pasado OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, depositada en el servicio de mensajería el día NUEVE del mismo mes y año, entregada en las oficinas de la procuraduría en fecha VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS." (fojas 2 vuelta y 3). En ese sentido, la autoridad responsable 1. Fiscal General de Justicia del Estado de México, a través de su representante, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, pues en esencia manifestó que el dieciséis de mayo dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso y la notificó en la misma fecha; sin embargo, tal aseveración resulta incorrecta, pues remitió el escrito del quejoso al Titular de la Fiscalía Central Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, como consecuencia de ello, se tuvo a la última autoridad como sustituta en el presente juicio de amparo, por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete (fojas 32 a 34). Luego, por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 67), se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable 2. Agente del ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (en su denominación correcta), quien negó el acto que se le reclama, pues refirió que el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete acordó la petición de la parte quejosa y lo notificó a través de edictos, el veinticuatro de febrero siguiente. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como justificación a su informe, consistentes en copia certificada de constancias diversas deducidas del expedientillo formado con motivo de la petición formulada por el quejoso de folio DGJC/EP/11/2017, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte lo siguiente: 1. Por escrito recibido ante la responsable el siete de febrero de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó que, de existir alguna investigación en su contra, se le diera intervención en la misma, en su carácter de imputado. 2. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable atendió la solicitud del quejoso, pues al efecto acordó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) TERCERO.- Tomando en consideración que JULIO MAZA RODRÍGUEZ, señala como autorizados para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones a FRANCISCO JAVIER DE UNANUE y BRETON, HERMINIO CANO BENÍTEZ, JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ ROSAS, ALFREDO GUILLERMO MARTÍNEZ TÉLLEZ, SARAÍ HERNÁNDEZ CAMPOS, VÍCTOR RICARDO CHINCOYA MORALES, ANGÉLICA ANDREA LASTRA ORDORICA, LUIS ALBERTO ROSAS OLAYA, JOSÉ JUSTINO MUÑOZ ROSAS, MARIANA VEGA ESCOBEDO, JORGE LUIS GRANADOS YANAJARA, con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se tienen por autorizados a las personas anteriormente citadas, no así el correo electrónico que señala el peticionario, en razón de que esta autoridad administrativa no cuenta con correo Institucional ante la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, por consiguiente se ordena que la notificación del presente acuerdo se realice a través de edictos en términos de los dispuesto por el artículo 25 fracción 11 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México, en virtud de que el peticionario no señala domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de esta Entidad Federativa. (.)" (fojas 49 y 50). 3. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se notificó mediante edictos publicados tanto en el Periódico Oficial del Estado de México, como en el diverso "La crónica" al demandante constitucional el acuerdo indicado en el punto que antecede (fojas 59 a 64). En tales condiciones, se evidencia la inexistencia del acto reclamado, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, con posterioridad a la notificación del acuerdo de mérito, esto es, hasta el veinticinco de abril de dos mil diecisiete; por tanto, en esa fecha ya no existía la omisión reclamada. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cabe indicar que la causal sobreseimiento invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo, aun celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya la existencia de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que el hecho de que medie el plazo de ocho días entre la fecha en que se puso a la vista el informe justificado y la diversa señalada para la celebración de la audiencia que antecede, en nada cambiaría el sentido del fallo, pues como ya se dijo, el motivo de sobreseimiento en el presente juicio (inexistencia de la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), de ninguna manera podría ser desvirtuado con prueba alguna que pudieran rendir las partes, incluso celebrando la audiencia constitucional. Esto es, el quejoso no podría demostrar que el acto reclamado en esta instancia sí existe, pues con las documentales que exhibió la responsable quedó acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada ya no existía.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable sustituta 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Como lo dispone el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de dicha autoridad la documental que anexa a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ésta en el momento procesal oportuno; asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele designando como delegados a las personas que indica.

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