Julio Oscar Trasviña Aguilar

Expediente 924/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
924/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Julio Oscar Trasviña Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Como de autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Por otra parte, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada. Finalmente, hágasele del conocimiento la presente determinación a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, asimismo, devuélvase las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 4588/2019, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al que adjunta el juicio de amparo directo número 633/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y auto en el que declinó carecer de competencia en atención a que el acto reclamado no constituye una resolución que ponga fin al juicio de origen. Acúsese recibo de estilo, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el que la responsable adjudicó en forma directa a favor de la actora el bien embargado, así como el diverso de quince de julio pasado, mediante el cual se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del primero de los actos aludidos. En atención al acto reclamado el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos a ésta se anexen; en tanto que lo indubitable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, como se anticipó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]" IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, de los preceptos antes citados se pone de manifiesto que para la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos pronunciados en el procedimiento de remate en la etapa de ejecución de sentencia resulta indispensable esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, entendida aquella como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, resulta de suma importancia, destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015 el dieciocho de noviembre de dos mil quince, determinó cuál debería entenderse como la resolución en el procedimiento de remate impugnable a través del juicio de amparo indirecto, realizado fuera de juicio o después de concluido; esto es, lo que debería entenderse por la última resolución en la etapa de remate de bienes inmuebles para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Así, dispuso que la resolución a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, sería la que en forma definitiva ordenara el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la orden de entrega material del bien inmueble, pudiendo ser emitidas en el mismo acto o en uno distinto; además, que cuando la orden de escrituración y entrega se realizan en el mismo acto, no existe una problemática para determinar cuál es la última resolución del remate, al resultar inconcuso que será ese auto en conjunto, el que constituya la última resolución del remate contra el cual el juicio de amparo es procedente. Adujo, que cuando los bienes sujetos a remate requieren del acto de escrituración ante fedatario público para formalizar la transmisión de propiedad, lo cual generalmente ocurre con los bienes inmuebles, de no ser así, bastará la orden de entrega material del bien para estimar actualizada la última resolución del remate; resaltando, que tal criterio, es para el remate de bienes inmuebles o bien de aquellos que sí requieran necesariamente de la formalización de escrituración ante fedatario público. Asimismo, sostuvo que el legislador en el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispuso que el juicio de amparo procedía contra actos realizados fuera de juicio o después concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; y que no obstante ello, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto, únicamente procede contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto. También determinó que la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, debe entenderse de la siguiente manera: I. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. II. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. III. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Así, en el caso de que se haga valer el juicio de amparo indirecto contra esas resoluciones, la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado, y que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por ende, tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento; por lo que, para tener actualizada la última resolución del remate, bastará que se emita la orden de escrituración, dado que con ésta, ya puede considerarse que ha culminado el procedimiento del remate, pues la entrega material se entiende inmersa como una consecuencia natural al acto de adjudicación del bien rematado. Y, definió que la "última resolución" a la que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se refiere a la característica de firmeza en la adjudicación, del bien rematado, en la lógica que una vez que está firme la adjudicación es posible ordenar la escrituración, o bien formalización de la transmisión de propiedad y la entrega material del bien inmueble, actos que dictados de forma conjunta o separada, constituyen de forma indistinta la culminación del procedimiento de remate. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de los actos intermedios del procedimiento de remate, dado que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución de sentencias, y con ello se trastoca la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resulta en un contrasentido al objeto del juicio constitucional. De suerte que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al prever como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, que tratándose de actos de remate, éste debe interponerse en contra de la resolución definitiva del remate, la cual consiste en la orden de escrituración y la orden de entrega del bien rematado, lo que conlleva a que debe entenderse que dada la definitividad en la determinación de adjudicación, es indistinto que la responsable dicte la orden de escrituración únicamente o en conjunto con la entrega material del bien, en tanto que la adjudicación adquirió firmeza, ya sea porque no se interpuso algún medio de defensa en contra de la determinación de adjudicación del inmueble sujeto a remate, o bien porque habiéndose interpuesto un medio de defensa o recurso, éste ya se resolvió en el sentido de confirmar la adjudicación, lo que posibilita que la responsable ordene la formalización de la transmisión de propiedad, mediante la escritura pública, bastando este acto para considerar culminado el remate, sin ser óbice que a su vez la responsable ordene la entrega material del bien, pues lo relevante para efectos de la procedencia del juicio de amparo es que tanto la orden de escrituración y la entrega del bien, puedan realizarse dada la firmeza que ha adquirido la adjudicación del bien sujeto a remate. Así, únicamente resulta procedente el amparo, cuando se promueve en contra de la última resolución del remate, la cual de conformidad a lo establecido en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, es aquella que ordena la escrituración del inmueble y su entrega material al adjudicatario, en la medida en que el acto de adjudicación, ha adquirido la firmeza necesaria para que puedan materializarse los efectos del derecho sustantivo patrimonial que reconoció a favor del adjudicado, a fin de no dejar duda alguna que el proceso de remate ha culminado en su totalidad, esto es, que una vez que se está en posibilidad de la formalización del acto de transmisión de propiedad por medio de la escrituración ante notario público, o bien la entrega material del bien, es que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo patrimonial, determinado a favor del adjudicatario, lo que garantiza que la interposición del amparo en contra de esos actos derivados del remate judicial sí constituyan la última resolución de la fase de ejecución de sentencias y con ello se logren satisfacer los objetivos que se pretenden con el requisito de procedencia. Lo expuesto se encuentra sustentado en la Jurisprudencia en Materia Común, emitida por la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, localizable con el Registro 2011474, consultable en la Página 1066, del tenor literal siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS.- De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Luego, en la especie, como se dijo, el acto reclamado el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el que la responsable adjudicó en forma directa a favor de la actora el bien embargado, así como el diverso de quince de julio pasado, mediante el cual se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del primero de los actos aludidos, resulta inconcuso que tal motivo de molestia no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, en contra de la cual en su caso, procede el amparo indirecto en términos de lo dispuesto por los artículos señalados de la Ley de Amparo. Por esos motivos, al estimar que no existe constancia de la que se desprenda el dictado de la última resolución en el procedimiento de remate, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente. De igual forma, el acto reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafo precedentes, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso que fuera ajeno a la cosa juzgada, y como se dijo tal acto se emitió en el procedimiento de remate, en un juicio en el que existió sentencia ejecutoriada; de tal forma que se advierte que lo que se pretende es entorpecer por parte del promovente la efectivización del derecho de la contraparte de ejecutar la sentencia que obtuvo a su favor. Lo anteriormente expuesto, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para tal efecto, en términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo a - quien se encuentra debidamente inscrito en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; en tanto que a las restantes personas que refiere se les faculta únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no cumplir con el requisito a que se refiere el citado numeral invocado.

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