Julio Martinez Reyes

Expediente 228/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
228/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Julio Martinez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Como se advierte de la certificación de cuenta que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el proveído dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Asimismo, se valora el presente juicio se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposiciones que señalan: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.]". Se precisa que el presente juicio no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, al cual adjunta copias certificadas de algunas de las constancias que integran el expediente laboral número -, entre ellas el auto emitido el diez de marzo del año en curso, en el que ese Tribunal señaló las diez horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada, comisionando al actuario de su adscripción para que en la referida hora y data se constituya en el domicilio ubicado en la - En efecto, toda vez que según constancia secretarial el acto reclamado es la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de señalar día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada, dentro del expediente laboral número de expediente - y como de la documental exhibida por la responsable oficiante se desprende ya se señaló fecha para el desahogo de dicha probanza; por lo tanto, han cesado los efectos de las omisiones reclamadas y resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tales actos. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Orienta sobre lo expuesto, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que por identidad jurídica se invoca, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como resultado de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio, fijada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, los que serán tomados en cuenta en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, se fijaron las once horas con veinte minutos del veintitrés de marzo del dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, siendo lo correcto las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.

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