Julio Josué Arellanes Matadamas

Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1140/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Fiscal Investigador de la Mesa Vii del Sector Metropolitano
  • Julio Josué Arellanes Matadamas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y mediante lista de acuerdos a las demás partes.

  2. Principal

    " . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1140/2022 promovido por *** por su propio derecho, contra la omisión que reclama de la Fiscal Investigadora de la Mesa Siete del Sector Metropolitano, dentro de la carpeta de investigación*** I. ANTECEDENTES Refiere el quejoso bajo formal protesta de decir verdad, que en el mes de enero de dos mil veinte, presentó ante la responsable formal querella contra ***z, por la comisión de posibles hechos delictuosos cometidos en su agravio y perjuicio patrimonial, constitutivos del delito de falsificación de sello oficial del Estado de Oaxaca en el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto con número de expediente ***, tanto en el cuaderno principal como en el incidental, del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Tercer Circuito, así como el delito de falsificación de documento público en dicho juicio, misma que se radicó con el Fiscal Investigador de la mesa VII del Sector Metropolitano, correspondiéndole la carpeta de investigación *** de su índice. El cuatro de febrero de dos mil veinte, solicitó a la Representación Social se le reconociera el carácter de coadyuvante de dicha Fiscalía, en términos del Artículo 20 apartado C, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, y que en alcance a la referida coadyuvancia se autorizara que por su conducto fueran entregados los oficios o informes solicitados a las personas, instancias o autoridades que tuviesen relación con la investigación en cita, así como también se le entregara lo solicitado a fin de hacerlo llegar a la mayor brevedad posible a la Agente Investigador encargada de la investigación de los hechos motivo de la carpeta de investigación ***. Que en reiteradas ocasiones, personalmente y de manera verbal ha acudido a las oficinas de esa Representación Social, a solicitar se continúe con los actos de investigación a fin de recabar mayores medios de prueba en el esclarecimiento de los hechos delictivos denunciados, sin que la Responsable atienda su petición haciendo caso omiso. Ante ello, el veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito y con fundamento en los numerales 131 fracciones VII y IX y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, pidió a la responsable que a fin de recabar mayores medios de prueba en el esclarecimiento del hecho delictivo que se investiga, con apoyo además de los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en alcance al Oficio Número ***, de seis de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Jefa de Unidad de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, i) se girara atento Oficio a la Juez*** a fin de que informara en el Oficio originalmente enviado por esa Representación Social. ii) Se continuara con los actos de investigación a fin de tener los suficientes elementos de prueba del ilícitos o ilícitos que se investigan, iii) se pidan los informes, se desahoguen las periciales y se cite a comparecer a los sujetos involucrados, en alcance a los medios de prueba destacados en el capítulo de pruebas de su escrito inicial de querella. No obstante, la Fiscal ha sido omisa en la investigación de tales injustos que se ha hecho de su conocimiento; por ello, decidió acudir a esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado vía electrónica el cuatro de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado y fue admitida por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, registrándola bajo el expediente 1140/2022; en ese mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. El quejoso señaló como preceptos violados, los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias al carecer de jurisdicción especial; el acto reclamado de naturaleza penal y se trata de una omisión, por lo que a prevención, compete su conocimiento. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que ***, reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO De la Fiscal Investigadora de la Mesa Siete del Sector Metropolitano. La omisión de investigar sobre los delitos denunciados, dentro de la carpeta de investigación***, a fin de judicializarla. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO En su informe justificado, la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, no obra evidencia de que se haya judicializado la carpeta de investigación ***. Por lo que en ese sentido, se tiene por cierta la omisión reclamada. Tal omisión se corrobora además con las documentales que aportó, deducidas de la citada carpeta, a los cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. LEGITIMACIÓN ***, por su propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, por tratarse del denunciante de los hechos que dieron origen al legajo de investigación de que se habla y a quien interesa su judicialización. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto que reclama la parte quejosa, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente se debió agotar el principio de definitividad. El referido artículo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." De la lectura de tal fracción y artículo se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia J/37, visible en la página 902, Tomo XV, correspondiente el mes de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Para exponer lo anterior debe decirse que el marco legal que rige el acto reclamado, es el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en ese contexto, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia en cita, porque contra el acto reclamado consistente en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público responsable, de realizar las diligencias necesarias y correspondientes dentro de la carpeta de investigación ***, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, la ley ordinaria concede el medio de defensa previsto en el artículo 258, en relación con el 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.". En tal virtud, las omisiones realizadas por el Ministerio Público deberán impugnarse ante el Juez de Control, toda vez que la ley ordinaria concede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es imperativo para las partes agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, no así contra la omisión de la aquí responsable. Lo que se sostiene de la interpretación sistemática de la normatividad aplicable; ya que a juicio del suscrito, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, guarda relación estrecha con el diverso 216, en el que el constituyente estableció que tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Circunstancia que pone de manifiesto la intención del legislador de preservar el principio de igualdad de las partes consagrado en los numerales 10 y 11 de la misma legislación , para que tanto el imputado como la víctima u ofendido puedan inconformarse ante el Juez de Control mediante el recurso previsto en el numeral 258 del Código precitado, otorgándoles así las mismas posibilidades de inconformarse de éste tipo de actos mediante los mismos medios de defensa. Lo cual, implica la aplicación del principio de contradicción, consagrado en el numeral 20 Constitucional pues se permite que los sujetos en el proceso penal dispongan de todos los medios necesarios para presentar sus respectivas posiciones, pretensiones mediante una correcta preservación del derecho de audiencia; y tengan la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio. En estas condiciones, es evidente que el medio ordinario de defensa establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que al resolverse se puede obligar al Agente del Ministerio Público responsable a actuar como pretende la parte quejosa, es decir, a que realice actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos en la carpeta de investigación ***. Además, el principio de igualdad entre las partes, se patentiza en la interpretación sistemática de los numerales 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 10 y 11 del mismo ordenamiento, pues está a cargo del Juez de Control, institución rectora del nuevo sistema procesal penal ante quien deben dilucidarse los actos de los que se duelan los intervinientes, ya sean positivos, omisivos o negativos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, con registro digital: 2017641; Décima Época, materias(s): penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Por tanto, se considera que se actualiza la referida causal de improcedencia invocada, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige en materia de amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Brinda sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.P.119 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, con registro digital: 2020422, Décima Época, materias(s): penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4632, de rubro y texto: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido". En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, contra la omisión que reclama de la Fiscal Investigadora de la Mesa Siete del Sector Metropolitano, dentro de la carpeta de investigación *** NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito del quejoso Julio Josué Arellanes Matadamas, mediante el cual desahoga la vista otorgada con los informes justificados rendidos por la Fiscal Investigadora de la mesa VII adscrita al sector metropolitano. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones del quejoso en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinde la fiscal investigador de la mesa VII adscrita al sector metropolitano, dése vista a las partes. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable, la documental que exhibe junto con su informe. NOTIFÍQUESE.

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