Julio Josue Arellanes Matadamas

Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
386/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Julio Josue Arellanes Matadamas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. III. Así también, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 386/2020, promovido por **, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si la Fiscal Investigadora de la Mesa VII del Sector Metropolitano, es omisa en la investigación de los delitos que dieron origen a la carpeta de investigación **, y si con dicha omisión vulnera derechos fundamentales del quejoso. I. ANTECEDENTES El quejoso afirma que en el mes de enero de dos mil veinte presentó ante la responsable formal querella en contra de **, por la comisión de posibles hechos delictuosos, por lo que se inició la carpeta de investigación **. Que el cuatro de febrero de dos mil veinte, solicitó a la representación social se le concediera el carácter de coadyuvante de la Fiscalía, y con tal carácter, solicitó que le fueran entregados los oficios o citas correspondientes a personas que tienen relación con la investigación. Que, en reiteradas ocasiones, personalmente y de manera verbal el quejoso acudió ante la representación social a solicitar se continuara con los actos de investigación a fin de recabar mayores datos de prueba, sin que el agente del Ministerio Público investigador atendiera su petición. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, solicitó a la responsable que, a fin de recabar mayores datos de prueba, realizara diversas diligencias y se continuara con los actos de investigación, entre ellos, solicitar los informes, desahogar las periciales y citar a comparecer a los sujetos involucrados, en alcance a los medios de prueba ofertados desde el escrito de querella. Expresa también el quejoso que en diversas ocasiones ha acudido de manera personal a las oficinas de la responsable a solicitar se continúen los actos de investigación, pero la autoridad ministerial es omisa en continuar con dicha investigación. La relatada omisión constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito que presentó vía electrónica el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y que por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional; El quejoso señaló como autoridad responsable al Fiscal Investigador de la Mesa VII del Sector Metropolitano, y como acto reclamado la omisión en la investigación de los delitos de falsificación de sello oficial del Estado de Oaxaca en el acto reclamado en el Juicio de Amparo indirecto con número de expediente **, tanto en el cuaderno principal como incidental, del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Tercer Circuito en el Estado, así como el delito de falsificación de documento público en dicho juicio, injustos que se encuentran previstos y sancionados por los artículos 224, 226, 227 fracción I, 228 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca en vigor. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales y las garantías que los tutelan contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda se turnó el diecisiete de marzo de dos mil veinte a este juzgado y mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso, se admitió a trámite, se registró con el número 386/2020, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. LEGITIMACIÓN. ** se encuentra debidamente legitimado para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente sumario está probado que es quien denunció los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación **, de la que derivó la omisión que ahora se reclama. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Fiscal Investigador de la Mesa VII del Sector Metropolitano, con sede en Oaxaca de Juárez: ( La omisión de continuar con los actos de investigación de los hechos denunciados y que dieron origen a la carpeta **. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Agente del Ministerio Público de la Mesa VII adscrita al Sector Metropolitano de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa dado que manifestó que en su índice existe la indagatoria ** en la que ha desplegado diversos actos de investigación, e incluso refiere que dio respuesta a la petición del quejoso de veintisiete de febrero de dos mil veinte. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias deducidas de la carpeta de investigación **; que remitió la responsable como justificación al informe rendido, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. VI. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto, en esencia dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, en atención a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que contra la omisión del Fiscal Investigador de la Mesa VII del Sector Metropolitano, en la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delitos que se han hecho de su conocimiento y que dieron origen a la carpeta de investigación **, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que tiene una tramitación específica, como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de Control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y, por tanto, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. Por tanto, en el caso se actualizó la invocada causal de improcedencia, tomando en consideración que tal abstención no fue impugnada a través del recurso ordinario procedente, que en el caso lo era el previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aún, ante la innominación de dicho recurso, establece en lo conducente, que las partes podrán impugnar ante el Juez de Control la omisión del Ministerio Público de investigar. Lo expuesto, con sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 2017641, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Bajo esa óptica, se sostiene que, contra el acto aquí reclamado, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el medio de defensa previsto en el multicitado artículo 258, lo que impone a la parte promovente del amparo agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, por virtud del cual pudo obtener la revocación o nulificación del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. VII. DECISIÓN En razón de lo expuesto, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto aquí analizado, de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en este juicio constitucional, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 239006, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se; RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por **, en contra de la omisión reclamada al Fiscal Investigador de la Mesa VII del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado en la carpeta de investigación **, en términos de lo expuesto en el apartado VI del presente fallo. Notifíquese."

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