Julio Josue Arellanes Matadamas y Otros.

Expediente 1169/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1169/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Julio Josue Arellanes Matadamas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, se advierte por una parte, se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 2033), y por otra, que se encuentra pendiente por notificar el proveído de once del actual a la parte quejosa, a fin de ésta informe a este órgano jurisdiccional en qué dependencias se pueden solicitar los peritos en las especialidades de Vialidad y Seguridad Estructural; de Centro Histórico y Patrimonio Cultural Edificado; de desarrollo urbano, medio ambiente y ecología; en consecuencia, se difiere la audiencia y se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Perito Oficial Gabriela López Cruz, por el que manifiesta que una vez que analizó el cuestionario sobre el cual versara el dictamen que en su momento emita, se percató que realizó una diligencia en el lugar en cuestión, el veintisiete de mayo del año en curso, dentro del incidente que deriva de este juicio de amparo, por lo que no será necesario llevar a cabo otra diligencia de campo; sin embargo, como lo indicó al discernirse del cargo, al ser diferente cuestionario, revisó en gabinete con qué información contaba, como resultado de ello, hace del conocimiento que existen datos con los que no cuenta, por lo que en cuento le sea posible acudirá a este juzgado, para analizar el presente asunto, y que después de haberlo hecho, si hubiera la necesidad de solicitar que se agregue a este juicio de amparo algún documento lo hará saber, por lo que solicita que de no existir inconveniente legal alguno, el término que se le concedió comience a transcurrir a partir de primer día hábil, posterior al que se presente a analizar el expediente. Al efecto, dígasele que una vez que acuda a este juzgado a consultar el expediente, lo haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional, y en su defecto solicitar dicha prorroga.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por Julio Josué Arellanes Matadamas, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1169/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, la parte quejosa reclama la falta de dilación y denegación de resolver y mandar notificar la resolución del recurso de revocación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 298/2011. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la dilación y negación de resolver el recurso de revocación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 298/2011 de que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento, con el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que en el caso dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo cual no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento. En el caso, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, en sus antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa indica: Que el cuatro de junio de dos mil quince, interpuso recurso de revocación contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 298/2011. Que se dio vista a la contraria del ahora quejoso, por el plazo de tres días, el cual aduce transcurrió del dieciocho al veinte de mayo de dos mil dieciséis. Que por auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se citó para oír resolución, el cual no se ha dictado. De lo expuesto, se evidencia que si bien en el juicio ejecutivo mercantil 298/2011, aún no se ha emitido la resolución relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso Julio José Arellanes Matadamas, lo cierto es que el auto para emitir oír tal resolución lo es del dieciséis de junio último, esto es hace diez días; por lo que no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. De ahí que se estima que, en el caso, el acto reclamado no causa una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, sino una mera afectación dentro del procedimiento, que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo; por lo que procede sobreseer en este juicio por el acto y autoridad de que se trata. Sirve de apoyo, la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h, materia (Constitucional, Común), Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el registro número 2011580, con el rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizada con las amplias facultades que concede tal precepto a Jaime Marcial Cruz, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que las restantes personas no cumplen con ese requisito y el presente asunto es en materia civil, se les tiene por autorizados únicamente para recibir notificaciones. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.

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