Julio Jaime Carrasco García
Expediente 1380/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Jaime Carrasco García
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 6 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de Julio Jaime Carrasco García; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B Vista la demanda de amparo signada por Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de Julio Jaime Carrasco García, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1380/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de emitir un acuerdo fundado, motivado y eficaz para que los Servicios de Salud de Oaxaca, cumplan con el laudo de tres de septiembre de dos mil trece, y su aclaración, dentro del expediente laboral 105/2010 (4), del índice de la responsable. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado a las citadas autoridades se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Para sostener lo anterior, primeramente es menester traer a colación los numerales 939, 940, 945, 946 y 950 de la anterior Ley Federal del Trabajo (Ley que rige el acto reclamado), estatuyen: Artículo 939.- Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940.- La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita . Artículo 945.- Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De la interpretación de las normas supra insertas se obtiene que para el logro del cumplimiento inmediato del laudo debe notificarse a las partes para su cumplimiento lo que debe hacer de manera oficiosa, pues la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota una vez cumplido lo anterior, por lo que si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Partiendo de esas premisas y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior a la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo. Así, si bien es cierto que en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez notificada a la parte demandada requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la de instar ante la autoridad responsable para que se cumpla el laudo, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y necesariamente deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones es que no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. En ese contexto, como se vio, la parte quejosa reclama de forma genérica, la omisión de la Junta laboral responsable de emitir un acuerdo para que los Servicios de Salud de Oaxaca, parte demandada en el juicio laboral, cumpliera con el laudo de tres de septiembre de dos mil trece y su aclaración, dictado en el expediente laboral 105/2014 (4), del índice de la Junta responsable, respecto de lo cual el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye a la junta responsable, al no reclamarse un acto en concreto. En lo conducente, se invoca la jurisprudencia 15/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y a las personas que indica, por autorizadas para tal efecto, con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente la impetrante del amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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