Julio Herrera Altamira
Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Julio Herrera Altamira
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guardan los presentes autos y apreciando que no se recurrió la determinación de cinco de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
éngase por recibida la demanda promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 801/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el particular, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. El proceso legislativo origen del artículo 60, apartado A, fracción I y su último párrafo, así como fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente, que prevén el pago de replaqueo y refrendo de derechos de control vehicular. 2. El proceso legislativo origen de los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que contemplan el Impuesto para el Fomento de la Educación Pública. 3. El proceso legislativo origen de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el ejercicio del año 2023, en particular su artículo 5 que contempla la tasa de pago del Impuesto para el Fomento de la Educación Pública. 4. La aplicación de las citadas porciones jurídicas a decir de la parte quejosa materializadas en los comprobantes de pago con número de transacciones 2023-3303299 y 2023- 3303298, del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Respecto a las normas generales combatidas y los considerados primeros actos de aplicación consistente en los citados comprobantes de pago, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que la persona legisladora estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte quejosa tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado, inclusive con anterioridad a la fecha en que la autoridad se lo notificó. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Así, no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. En ese entendido, a la fecha de la presentación de la demanda, seis de junio de dos mil veintitrés, ya había transcurrido el término para la interposición del juicio de amparo, que en el caso a estudio es el de quince días, contado a partir del siguiente del primer acto de aplicación de la ley, en el entendido de que debe observarse ese lapso genérico, por no estarse en algún supuesto de excepción de los contemplados en el arábigo 17 de Ley de Amparo En el caso, las normas combatidas incidieron en la esfera jurídica de la parte quejosa desde que realizó el pago reflejado en el recibo de las transacciones 2023-3303299 y 2023-3303298, del nueve de marzo de dos mil veintitrés, cuyo contenido es corroborado con su original acompañada a la demanda de amparo. En ese entendido, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el nueve de marzo del año en cita en que realizó el pago referido, de ahí que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del diez de marzo al tres de abril de dos mil veintitrés Por tanto, como se anticipó, se concreta la hipótesis de improcedencia prevista en el aludido arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto a los artículos 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el año dos mil veintitrés; 13, 14, 15, 16, 60, Apartado A, fracciones I, último párrafo, y II, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que respectivamente regulan el impuesto para el fomento de la educación pública, derechos de control vehicular identificados como "replaqueo" y "refrendo"; así como el considerado primer acto de las transacciones 2023-3303299 y 2023-3303298, del nueve de marzo de dos mil veintitrés En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Julio Herrera Altamira. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. b. Autorizado. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en virtud que el presente juicio de amparo, fue solicitado a la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad con motivo de acordar una promoción y, toda vez que el mismo se encuentra totalmente concluido, remítase de nueva cuenta a dicho centro adjuntando los vales de préstamo correspondientes. Sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remite, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.
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