Julio González Rebattu y González

Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Julio González Rebattu y González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto pronunciado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2 y 81 de la ley invocada, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la presidenta de la Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, vistas las constancias que al mismo se adjuntan, este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. ACUERDO 31-MAYO-2021 ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la presidenta de la Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, vistas las constancias que al mismo se adjuntan, este órgano de control advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida ****, contra actos del Junta Especial No. 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, Fracción I, 107 Fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 2, 33 Fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Con base en lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días rinda su informe justificado; con el apercibimiento de que la omisión de rendirlo generará las consecuencias que establecen los numerales 115 y 117 de la referida ley, esto es, se presumirá cierto el acto reclamado; se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio; con el mismo fundamento, requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación, remita a este tribunal copia certificada legible de las constancias de las que deriva el acto reclamado en caso de existir; apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a la responsable para que rinda su informe justificado al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx en el entendido que podrá rendirlo en la vía que determine y/o suela hacerlo. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a ****, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por no contar con dicho registro, sin perjuicio de que puedan acreditar tal situación con posterioridad. Por otra parte, este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado que manifiesta el impetrante en su escrito de cuenta, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, debido a que en el caso hipotético de llamar a terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una dilación, de ahí que se considera que no se transgrede derecho humano alguno del tercero interesado señalado por la parte quejosa, es decir, no se le causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, dado que aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado de la sentencia respectiva, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos del referido tercero interesado quedaría incólumes. Sin que con lo anterior se desatienda a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil doce, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia que establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" En otro aspecto, se requiere a las partes para que en caso de contar con firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL); continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica. De igual forma, de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con la parte quejosa, se le exhorta a efecto de que, si lo estima pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y para que proporcione un correo electrónico y un número de teléfono móvil, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le concede la ley autorizándole la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "***". En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que se indica no exista, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se le dará vista para que aclare su denominación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como inexistente, no se le dirigirán comunicaciones procesales y, al dictar resolución, se considerará que no existe; salvo que el inconforme señale correctamente a la autoridad. Por otra parte, de conformidad con los arábigos 26, fracción II, 28, 29 y 30 de la ley de la materia, se hace saber a la responsable que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general, cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le será notificado por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), con número de registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 3, 68 y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Finalmente, el presente acuerdo, resoluciones o determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, que dispone: "La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documento, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales Notifíquese.

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