Julio Edgardo de la Fuente Cerda
Expediente 412/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 48 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 28/10/2019
Partes del expediente
- Julio Edgardo de la Fuente Cerda
- Rafael de Santillana Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido y obran en este juzgado cinco discos ópticos derivados de la carpeta procesal 12/2018 de origen, remitidos por la responsable Juez de Control de la Tercera Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, Tamaulipas; en consecuencia, devuélvanse los mismos a su lugar de procedencia. Por otra parte, obran dos tomos de constancias certificadas y dos discos ópticos, exhibidos por el autorizado de la parte quejosa [licenciado Wahlter Whiliam Matt Hernández], como pruebas documentales de su intención; por tanto, dado que resulta innecesaria su retención, dichos tomos y discos compactos al nombrado profesionista por conducto de la Actuaria adscrita, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, debiendo asentar constancia detallada de la entrega de los referidos anexos y se faculta a la fedataria para que realice cuantas gestiones sean necesarias al efecto. Una vez hecho lo anterior, sin necesidad de nuevo proveído, devuélvase el expediente al archivo definitivo como está ordenado en auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el estudio relativo al acatamiento del fallo protector es de orden público, se procede a examinar si se encuentra cumplida la sentencia concesoria inmersa en el punto conclusivo segundo regido por los considerandos sexto y séptimo de la resolución terminada de engrosar el trece de diciembre de dos mil dieciocho año (fojas 322 a 347), misma que fue confirmada mediante ejecutoria terminada de engrosar el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 38/2019 penal, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas (fojas 443 a 457). Una vez que quedó firme el fallo protector, como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de la materia, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 458 y 459). Mediante oficios 338/2019, 363/2019, 3404/2019, con anexos, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con sede en San Fernando, así como el encargado del despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, ambos en la entidad de Tamaulipas, informaron el acatamiento al fallo protector y remitió el primero, dos discos versátiles digitales "DVD", relativos a la audiencia inicial y su continuación, en la carpeta procesal 12/2018 de su índice (fojas 470 a 479 y 487 a 490). Asimismo, en el resolutivo segundo regido por el considerando séptimo de la sentencia terminada de engrosar el trece de diciembre de dos mil dieciocho año (fojas 322 a 347), misma que fue confirmada mediante ejecutoria terminada de engrosar el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 38/2019 penal, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas (fojas 443 a 457), a fin de que el Juez responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas condiciones, con fundamento en el numeral 77 de la Ley de la materia, se concede al quejoso Julio Edgardo de la Fuente Cerda, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez de Control de la Tercera Región Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en la Ciudad de San Fernando, Tamaulipas: * Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado en la continuación de la audiencia inicial de la carpeta procesal CP/0012/2018, que se sigue por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. * Reponga el procedimiento a partir de la audiencia inicial en el momento en que se le hagan saber sus derechos constitucionales, entre ellos, el de ofrecer datos de prueba o medios de prueba, incluso diversos a los citados en la presente determinación, en los términos, requisitos y límites que la ley establece. * Hecho lo anterior, admita y desahogue los datos de prueba que ofertó el defensor del quejoso, unos por escrito y otros en el uso de la voz, consistentes en las declaraciones de las personas cuyas entrevistas ya obran en la carpeta de investigación, a cargo de Roberto Dávila Rangel, Ma. Eloísa Briones Alfaro y Arianna Berenice Barrientos de la Fuente, así como recibo o factura de compraventa de tres caballos; las declaraciones de Miguel Ángel Luna Flores, Juan Manuel López Valdez, José Rafael González Villalpando, Francisco Javier Torres García y José Arturo Ramírez Chávez; finalmente, la testimonial de Arianna Berenice Barrientos de la Fuente. Seguida la audiencia inicial en sus etapas, con plenitud de jurisdicción, deberá resolver la situación jurídica del imputado dentro del término constitucional. En el entendido que no deberá agravar la situación jurídica del imputado, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este fallo tampoco tiene como como finalidad el dejar libertad al imputado, sino que se atienda a sus planteamientos al ofrecer medios de prueba en el plazo constitucional ampliado y al volver a desahogar la audiencia inicial, el juzgador se pronuncie nuevamente en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva inmersa en dicha audiencia. Cabe precisar que la presente sentencia no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delito; tampoco sobre la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, ni sobre el alcance de los medios de prueba desahogados, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender su análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del Juez de Control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. Tiene aplicación la tesis I.8o.P.13P del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2867, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014666, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL." La protección concedida en este fallo, se extiende a los actos de la autoridad ejecutora denominada Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aun cuando el quejoso sólo señale la ejecución de la medida cautelar; pues en su carácter de ejecutora es inconcuso que cumplirá lo encomendado por la ordenadora y no haberse reclamado por vicios propios." (fojas 346 y 347). En ese contexto, por oficios 338/2019 y 363/2019 con anexos, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas, informó el acatamiento al fallo protector; al efecto, esto es, dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de la audiencia inicial de la carpeta procesal 12/2018 de su índice; repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial, que tuvo lugar el diez de junio de dos mil diecinueve, en el que se le hizo saber al quejoso Julio Edgardo de la Fuente Cerda, sus derechos constitucionales, entre ellos, el de ofrecer datos o medios de pruebas, inclusive diversos a los citados en la sentencia emitida por este Juzgado Federal; programó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por así haberlo solicitado el doliente; y el trece de junio de este año, se desahogaron diversos medios de pruebas y con plenitud de jurisdicción se dictó una nueva resolución en la que determinó vincular nuevamente a proceso al citado de la Fuente Cerda, de lo cual remitió copia certificada de todo lo anterior en dos discos versátiles digitales "DVD" (fojas 470 a 479, 489 y 490). Dichos oficios fueron puestos a la vista de las partes mediante proveídos de catorce, dieciocho y veinte de junio del presente año, notificados personalmente (fojas 475 a 477, 480 a 486 y 498 a 503), pues aduce, se actualiza exceso y defecto en lo resuelto por el juez responsable. En consecuencia, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, este órgano de control constitucional declara que ha quedado cumplida la sentencia protectora del presente juicio biinstancial, en su acto principal, desde el trece de junio de dos mil diecinueve, donde la responsable, dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro de la audiencia inicial de la carpeta procesal 12/2018 de su índice; repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial, celebrada el diez de junio de este año, en la que se le hizo saber al quejoso Julio Edgardo de la Fuente Cerda, sus derechos constitucionales, entre ellos, el de ofrecer datos o medios de pruebas, inclusive diversos a los citados en la sentencia emitida por este Juzgado Federal; programó fecha y hora para la continuación de la audiencia inicial dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por así haberlo solicitado el doliente; y el trece de junio de este año, se desahogaron los medios de pruebas y con plenitud de jurisdicción se dictó una nueva resolución en la que se vinculó nuevamente a proceso al citado de la Fuente Cerda; cumpliendo con los requisitos mínimos de fundamentación y motivación establecidos en el fallo protector; y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia fue cumplida en su totalidad sin exceso ni defecto. Sin que constituya óbice a lo anterior, las manifestaciones que hizo valer el autorizado legal del quejoso Julio Edgardo de la Fuente Cerda (fojas 492 a 497), en los que, de su análisis integral, se obtiene que en su perspectiva estima que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues afirma no estar conforme con la determinación de la responsable ordenadora, ya que existe exceso y defecto en la resolución de cumplimiento. Se afirma lo anterior, ya que la protección constitucional se concedió a la parte agraviada con la finalidad de que el juez responsable dejara sin efectos el auto de vinculación combatido y con plenitud de jurisdicción, subsanara las omisiones formales de que adolecía y por ello, si dotado de plenitud de jurisdicción, en el sentido del nuevo auto de vinculación a proceso, subsanando los vicios formales, como se dijo con antelación, se estima cumplido el fallo protector; con independencia de lo argumentado por el autorizado legal, pues se insiste, la concesión de amparo no fue de fondo, sino para que actuara con plenitud de jurisdicción, conforme a derecho. Se estima aplicable en lo conducente, el texto de la tesis 1.7OP.83P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2014769, del libro 44, julio de 2017, tomo II, Materias Común y Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." Máxime que como hecho notorio, se patentiza que la parte agraviada optó por promover el uno de julio del presente año, juicio de amparo en contra del nuevo auto de vinculación a proceso de trece de junio de esta anualidad; que actualmente se encuentra en trámite radicado bajo el número 579/2019-VIII del índice de este tribunal federal, en contra de la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, emitida por la responsable ordenadora de mérito; por lo que en su caso, será en aquel asunto donde, sin ánimo de prejuzgar, sea factible examinar la legalidad de la nueva resolución en comento. Por ello, se estima cumplido el fallo protector; con independencia de lo argumentado por la parte quejosa, pues su inconformidad con el fondo de la nueva decisión, como se dijo, en todo caso, será materia de estudio en la diversa contienda que promovió ante este juzgado federal. Sobre el tema, se estima aplicable en sus aspectos estrictamente conducentes, el texto de las jurisprudencias P./J.134/2000 y 2ª./J.115/2008, sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la tesis 1a.CCXXVIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, con números de registro electrónico 190699, 168905 y 2006670, publicadas respectivamente en las fojas 1116, 222 y 458, de los tomos XII y XXVIII, diciembre de 2000 y septiembre de 2008, así como del libro 7, junio de 2014, tomo I, Materias Constitucional y Común, Novena y Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA SI HABIÉNDOSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DETERMINADOS EFECTOS, LA AUTORIDAD DEMANDADA CUMPLE CON LOS MISMOS Y HACE NUEVO PRONUNCIAMIENTO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, AUN CUANDO ÉSTE SEA EN EL MISMO SENTIDO DEL CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN INVALIDADA. Si en la sentencia dictada en una controversia constitucional se declara la invalidez de una resolución para determinados efectos, como podrían ser el que se valoren las pruebas que obran en el expediente y se dicte nueva resolución con plenitud de jurisdicción, la queja promovida por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia resulta infundada si la autoridad encargada del cumplimiento acata los efectos ordenados y hace un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción, aun cuando éste sea en el mismo sentido que la resolución declarada inválida, pues en este aspecto quedó la autoridad en libertad de actuar." "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Por último, en congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de este pronunciamiento, ello con fundamento en los numerales 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
VIII... De conformidad con lo establecido por el numeral 27, fracción I, inciso b)de la Ley de Amparo, notifico a la licenciada Miranda Zavala Rodríguez, en su calidad de asesor jurídico de la víctima directa de identidad reservada B.S.J, en su carácter de tercera interesada, el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por medio de lista, toda vez que no se presentó ante este órgano jurisdiccional a recibir notificación personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, ténganse por recibidos los oficios 3404/2019, signado por el encargado del despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas y 363/2019, con anexo, suscrito por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, a través de los cuales informan sobre el cumplimiento dado al fallo protector emitido dentro del presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y pónganse dichos comunicados a la vista de la parte quejosa y de la tercera interesada por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, conforme al precepto 196 de la ley de la materia. En cuanto al disco versátil digital "DVD" que contiene la continuación de la audiencia inicial, relativa a la carpeta procesal 12/2018, queda bajo el resguardo de la secretaría, y se ordena poner la vista de las partes por el término de tres días para que puedan consultar la información contenida en formato digital y manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por el licenciado Whalter Whiliham Matt Hernández, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se tenga por no cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de garantías; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, mismo que será tomado en consideración al momento en que se haga el estudio respectivo. Finalmente, se tiene al mencionado profesionista, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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