Julio César Yañes Hernández
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 03/03/2023
Partes del expediente
- Julio César Yañes Hernández
- Julio César Yañes Hernández y Otros.
- Israel Ruiz Medina y Otros.
- Israel Ruiz Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el que se declaró la imposibilidad material y jurídica para cumplir con la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en resolución pronunciada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós (fojas 114 a 119), este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los impetrantes de garantías ********************e ********************, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. Dicha terminación causó ejecutoria en proveído de trece de julio de dos mil veintidós, al no ser recurrida por ninguna de las partes, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de la Materia (fojas 130 a 132). Mediante oficio número 1979/2022, recibido en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo (fojas 154 a 156). Lo anterior fue puesto a la vista de los impetrantes de garantías; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional n el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para los efectos siguientes: "Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ********************Hernández e ********************, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: 1. Ordene al actuario de su adscripción para que de inmediato lleve a cabo la notificación de la parte demandada en los autos del expediente administrativo laboral ********************, del auto de catorce de junio del presente año, en el que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, En relación al cumplimiento de esta resolución, no se pasa desapercibido que la obligación de la autoridad responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actúe de inmediato, máxime si se toma en cuenta que la falta de emplazamiento de la parte demandada, data desde el mes de septiembre de dos mil veintiuno, en que el expediente laboral fue radicado. Aunado a ello, la protección constitucional que se otorga también tiene el efecto de que la Junta responsable, vigilar que se lleve a cabo la audiencia en la fecha indicada, lo que implica la realización de las notificaciones respectivas, además, en la hipótesis de no tener verificativo, ésta deberá ser reprogramada ajustándose al plazo legal que establece el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, dentro del término de los quince días siguientes." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que existe una imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, y del actuario de su adscripción. Lo anterior resulta evidente, pues de las constancias que obran en auto la junta responsable ha señalado en diversas ocasiones fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones (doce de abril, trece de julio de dos mil veintidós, y siete de marzo de dos mil veintitrés), no obstante esto, el actuario de su adscripción se ha constituido en los domicilios ubicados en ********************; y en ********************, lugares en los que no ha podido llevar a cabo la notificación a la parte demandada ********************. De igual manera, se puede advertir en diversas ocasiones la junta responsable ha dado vista con diversas constancias de asuntos no diligenciados realizadas por el actuario de su adscripción (veintidós de abril, uno de junio y trece de junio de dos mil veintidós), en el sentido de que no se ha localizado a la parte demandada en ninguno de los domicilios que se han proporcionado para su emplazamiento a juicio. En tales condiciones, es claro que, en la especie, las actuaciones tendientes a cumplir con la ejecutoria de amparo, se encuentran supeditadas a que la parte aquí quejosa proporcione un diverso domicilio para para que se puede lograr el emplazamiento a juicio de la parte demandada y se le haga saber de la hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual ocurrirá una vez que la parte actora en el expediente de origen lo realice, en los que no interviene la voluntad de las autoridades responsables, por lo que no puede considerárseles omisas en lograr su consecución, dado que el desahogo en el señalamiento de un diverso domicilio para lograr la notificación de la contraparte de los agraviados en el juicio de origen, dependen de diversas circunstancias sobre las que éste órgano no tiene control alguno. No escapa para este órgano de control constitucional, que la responsable señaló las once horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento de origen; sin embargo, el emplazamiento de la parte demandada se ordenó en uno de los domicilio donde el actuario de su adscripción ha hecho constar la imposibilidad para realizarlo, por lo que era innecesario programar esa diligencia, si existía la certeza de que en ese lugar no se le ha localizado, cuando es indispensable que la parte actora proporcione uno diverso o realice las gestiones necesarias ante la autoridad para la ubicación de la parte demandada. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
IX. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio ********************, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en acatamiento a lo requerido en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, remite constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada de amparo; en tal razón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, póngase lo anterior a la vista de la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto; en el entendido que de no hacerlo, este Juzgado determinará de oficio si se cumplió o no con la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo establecido en la tesis número 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
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