Julio de Jesús Sánchez Martínez

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Julio de Jesús Sánchez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta con el carácter de defensor de los quejosos********************y********************contra los actos del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 299/2023. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, los inconformes reclaman: "De la autoridad responsable reclamo el contenido del acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado al correo electrónico del suscrito con fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, debido al ilegal dictado de la resolución que resuelve el recurso de revocación que ahora se combate, que contempla dejar en estado de indefensión a los acusados JULIO DE JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ y MIGUEL ÁNGEL TEJEDA GUZMÁN al declarar infundados e inoperantes los agravios expuestos por el suscrito en el escrito que contempla el recurso de revocación hecho valer con fecha VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS de contra del auto de fecha VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que con la interposición de dicho recurso se hizo notar a la ahora responsable que se encontraba pendiente de desahogar un debate con la fiscalía acorde con lo previsto por el acuerdo de VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, el cual fue omitido de ser tomado en consideración al momento del dictado de dicho acuerdo, toda vez que el punto I de dicho auto, la autoridad responsable determinó, cito: "en ese sentido y en atención a las manifestaciones hágase saber a los intervinientes que en audiencia programada para las trece horas del treinta de septiembre del presente año, podrán debatir lo respectivo a la videograbación que solicita la defensa particular del acusado MIGUEL ANGEL TEJADA GUZMÁN." Dicho debate concierne en que la Representación Social solicitase de nueva cuenta al Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio de Hueytamalco, Puebla, remitiera copias de los videos de vigilancia y parte de novedades de la policía municipal previamente solicitados por esta defensa." Con relación al acto precisado en el párrafo que antecede, debe decirse que no afecta a los quejosos un derecho sustantivo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia de la demanda de amparo, prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, ********************quien se ostenta con el carácter de defensor de los quejosos********************y********************reclama la determinación emitida en el recurso de revocación de veinticuatro de febrero pasado, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, interpuesto contra el auto de veintiuno de ese mes y año, en la parte relativa en la que niega recabar datos de prueba, al haberse cerrado la investigación complementaria y realizado la acusación formal por porte del agente del Ministerio Público a los acusados en mención. Tal acto, se advierte, de acuerdo a lo narrado en la demanda y el contenido íntegro del mismo, no genera una afectación que sea de imposible reparación, esto es, que transgreda materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el juez únicamente se niega a recabar datos de prueba, al indicar que la etapa idónea para ello, ha sido superada, al haberse cerrado la investigación complementaria y realizado la acusación formal por porte del representante social. De ahí que la vía constitucional no sea la idónea para reclamar lo que pretende, como se dijo, por no afectar derechos sustantivos de los quejosos. Cobra aplicación por el criterio que la integra, la tesis de rubro y texto, siguientes: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado al profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta con el carácter de defensor de los quejosos********************y********************contra los actos del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 299/2023. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, los inconformes reclaman: "De la autoridad responsable reclamo el contenido del acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado al correo electrónico del suscrito con fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, debido al ilegal dictado de la resolución que resuelve el recurso de revocación que ahora se combate, que contempla dejar en estado de indefensión a los acusados JULIO DE JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ y MIGUEL ÁNGEL TEJEDA GUZMÁN al declarar infundados e inoperantes los agravios expuestos por el suscrito en el escrito que contempla el recurso de revocación hecho valer con fecha VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS de contra del auto de fecha VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que con la interposición de dicho recurso se hizo notar a la ahora responsable que se encontraba pendiente de desahogar un debate con la fiscalía acorde con lo previsto por el acuerdo de VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, el cual fue omitido de ser tomado en consideración al momento del dictado de dicho acuerdo, toda vez que el punto I de dicho auto, la autoridad responsable determinó, cito: "en ese sentido y en atención a las manifestaciones hágase saber a los intervinientes que en audiencia programada para las trece horas del treinta de septiembre del presente año, podrán debatir lo respectivo a la videograbación que solicita la defensa particular del acusado MIGUEL ANGEL TEJADA GUZMÁN." Dicho debate concierne en que la Representación Social solicitase de nueva cuenta al Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio de Hueytamalco, Puebla, remitiera copias de los videos de vigilancia y parte de novedades de la policía municipal previamente solicitados por esta defensa." Con relación al acto precisado en el párrafo que antecede, debe decirse que no afecta a los quejosos un derecho sustantivo, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia de la demanda de amparo, prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable por analogía la jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, ********************quien se ostenta con el carácter de defensor de los quejosos********************y********************reclama la determinación emitida en el recurso de revocación de veinticuatro de febrero pasado, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, interpuesto contra el auto de veintiuno de ese mes y año, en la parte relativa en la que niega recabar datos de prueba, al haberse cerrado la investigación complementaria y realizado la acusación formal por porte del agente del Ministerio Público a los acusados en mención. Tal acto, se advierte, de acuerdo a lo narrado en la demanda y el contenido íntegro del mismo, no genera una afectación que sea de imposible reparación, esto es, que transgreda materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el juez únicamente se niega a recabar datos de prueba, al indicar que la etapa idónea para ello, ha sido superada, al haberse cerrado la investigación complementaria y realizado la acusación formal por porte del representante social. De ahí que la vía constitucional no sea la idónea para reclamar lo que pretende, como se dijo, por no afectar derechos sustantivos de los quejosos. Cobra aplicación por el criterio que la integra, la tesis de rubro y texto, siguientes: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado al profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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