Julio de Jesús Aguilar Corro
Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio de Jesús Aguilar Corro
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de trece de julio del año en curso por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II,, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es Conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III), porque se concedió la suspensión de plano. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, once de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por y en favor contra actos del FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, los cuales hace consistir en la incomunicación y falta de atención medica; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 730/2023. Con fundamento en los artículos 15, 109, 112 y 115 de la Ley de Amparo se tiene a y promoviendo en favor , contra los actos y autoridades antes referidas, debido a que, al parecer esta última no puede promover por sí mismos. Lo anterior, en virtud de que la parte recurrente señala: +SE RECLAMA.- Que desde el día 07 de Julio del año 2023, día en que fue lesionado y detenido al quejoso, no se le ha permitido tener comunicación, con sus familiares, ya que aunque lo cuida solo uno de sus familiares, no le permiten hablar con ellos, por encontrarse una persona custodiándolo y con su defensoras privadas no le permiten entrevistarse, ya que no las dejan entrar ni a las instalaciones que ocupan este nosocomio, permaneciendo incomunicado, por parte del personal que se encuentra en el HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE. + SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en favor de , contra los actos consistentes en: A) LA INCOMUNICACIÓN Para el efecto de que CESE DE INMEDIATO LA INCOMUNICACIÓN, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por medio de oficio electrónico o cualquier medio disponible a las autoridades responsables. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que tenga bajo custodia a la parte quejosa, que está obligada a brindarle a esta, todas las facilidades para que tenga comunicación con un familiar y su defensor, tal como lo disponen los artículos 113, fracción II y 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, habida cuenta que como lo indica el promovente en la demanda de amparo, la parte quejosa directa fue detenida por Agentes de la Policía Estatal de la ciudad de Puebla y trasladada al hospital de Traumatología y Ortopedia +Doctor y General Rafael Moreno Valle +, señalado como responsable, lugar donde le fue informado que se encontraba la parte quejosa y que no tenía permitido comunicarse con ella, pues aunque permiten que un familiar lo cuide, no le permiten hablar con sus familiares. Ello sin perjuicio de que se deberán de respetar los horarios de visitas establecidos por el nosocomio en que se encuentra internado el quejoso y que debe contar con personal de guarda y custodia que lo vigile por encontrarse en calidad de detenido. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que la parte promovente reclama: +SE RECLAMA.- Que con fecha del día de hoy nos fue informado como abogadas del C. , al presentarnos en el juzgado de Oralidad Penal del municipio de Tepeaca, Puebla; que por parte de la Directora del HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE, pretende dar de alta al quejoso a pesar de tener una cirugía que se le practicó el día 08 de julio del ario 2023, donde le amputaron su pierna derecha, por herida de arma de fuego, sin tener un diagnóstico adecuado para la atención médica del quejoso a pesar de que tiene tres días de estar convaleciente por la cirugía antes mencionada. SE RECLAMA.- Que con fecha 09 de julio del año 2023, una vez que ya había sido intervenido quirúrgicamente el quejoso, se percata el Médico tratante que el quejoso presentó ataque hipovolémico en los riñones, debido al exceso de sangre que perdió al no ser atendido de manera urgente, por la lesión que presentaba. Por lo que no se le está administrando una adecuada atención médica, lo cual pone en riesgo su vida y se pretende dar de alta a nuestro representado, sin tener un adecuado diagnóstico para la vida del quejoso. + Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa , contra los actos consistentes en la falta de atención médica y como consecuencia que la autoridad responsable lo pretenda dar de alta, a pesar de tener una cirugía que se le practicó el ocho de julio de dos mil veintitrés, lo que pone en riesgo su vida por complicaciones derivadas de la lesión que motivó su ingreso hospitalario, para el efecto de que el director del HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE, dictamine bajo su más estricta responsabilidad, si la aquí parte quejosa directa está en condiciones de ser dado de alta, así como que adopte las medidas necesarias para que se proporcione a la referida quejosa la atención y servicio médico especializado, incluyendo los medicamentos y estudios clínicos, respecto de los padecimientos derivados de la lesión que le fue inferida el siete de julio del año en curso y que ocasionó su ingreso hospitalario, lo cual deberá de acreditar mediante las documentales necesarias, de las que se corrobore que ha acatado con lo ordenado por este órgano jurisdiccional dentro de la suspensión de plano otorgada. Además, el director del HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de la citada quejosa. Lo anterior en virtud de que no se contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, el interés social exige que las personas reciban atención médica, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Así mismo, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, incluso los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Así mismo, la Sala indicó, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. El criterio citado, puede ser consultado en la tesis aislada, publicada en la página 457, del tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Así mismo, sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 574, tomo II, diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República. También, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XXVIII, octubre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. + Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de DOCE HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informen acerca de la forma o términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, ello, en atención a que se reclaman actos vinculados con orden de traslado de un centro de reclusión a otro. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato también traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio. Se informa al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, de la Ley de la Materia porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. MEDIOS PARA FACILITAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Se hace de su conocimiento que la secretaria autorizada para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles , quien cuenta con la dirección de correo electrónico: Con número de teléfono debiendo confirmar su recepción. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA A fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo promovida en favor de , y no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se comisiona al Actuario Judicial de este órgano jurisdiccional, para que: 1.- Se constituya de manera inmediata en el recinto oficial que ocupa el HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE con el objeto de localizar al quejoso directo, y/o en cualquier otro donde tenga noticia puedan estar detenido la parte quejosa. 2.- Una vez localizado, dé fe de su estado físico y le haga saber el motivo de la diligencia. 3.- Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del mismo. 4.- Le pregunte si ha estado incomunicado. 5.- Les haga del conocimiento la demanda de amparo promovida a su favor por y , y a cuya lectura de los hechos narrados en la misma deberá remitirse, y enterada de su contenido la prevenga para que en el momento de la diligencia, o dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 6. En caso de que la quejosa se encuentre a disposición de una diversa autoridad a las señaladas como responsables en la demanda de amparo, la requiera para que en ese momento, si a su interés conviene, la designe, para lo cual se ordenan girar tres oficios sin destinatario para que en el momento de la diligencia se notifique el contenido íntegro de este acuerdo y dé cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en favor de la impetrante. 7. De igual forma, haga saber a la quejosa que, en caso de ratificar la demanda, deberá precisar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente de que surta efectos la notificación de este acuerdo, en qué consistieron los actos de incomunicación. En caso de omitir precisar cuáles son aquellos hechos constitutivos de la incomunicación a la que alude, se le apercibe, que, de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado, se acordará la demanda con los datos que obran en la misma. . Concluida la diligencia encomendada el funcionario público encargado de la diligencia deberá asentar razón circunstanciada correspondiente. REQUERIMIENTO DE APOYO A LAS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte promovente señalando los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA PERSONAL AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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