Julio Cruz Gálvez

Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
981/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Julio Cruz Gálvez y Otros.
  • Julio Cruz Gálvez
  • Norma Trinidad Pérez Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo, con la que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 158/2017, relativa al juicio de amparo 981/2017 del índice de este Juzgado, así como un tomo de copias certificadas. Acúsese recibo. Se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Ahora, de la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Julio Cruz Gálvez y Norma Trinidad Pérez Valencia, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso signado por la parte quejosa ***** y **********, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso signado por la parte quejosa. Como lo solicitan los ocursantes, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la ley en la materia, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que designan, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Carlos Enrique Giorgana Cruz, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso signado por los quejosos****, por el que dan cumplimiento a la prevención realizada en auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, deriva que contra el acto reclamado, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, de la demanda de amparo se obtiene que los quejosos****, son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil****, del índice del Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia, residente en Chiapa de Corzo Chiapas. Asimismo, que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual, el titular del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, ordenó la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente a favor de la parte actora en el juicio natural, quedando a disposición del Notario Público número noventa y cuatro del Estado, la elaboración de la misma, siendo la autoridad responsable quien firmara en rebeldía a favor de los quejosos. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la cuantía del asunto asciende a la cantidad de $****pues el primer pagaré es por la suma de $****por ello, debe decirse que, en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que los quejosos antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 1334, en relación con el 1345, fracción I, del Código de Comercio, debieron hacer valer en contra del auto reclamado, el recurso de revocación, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Es así, porque en relación al auto de de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente****, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, el Código de Comercio en su artículo 1340, vigente en la época de la demanda mercantil, establece lo siguiente: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". De donde se advierte la improcedencia del recurso de apelación cuando un asunto, por su monto se ventile en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $****por concepto de suerte principal. En otro orden de ideas, el artículo 1334 del Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa que se integra tal y como lo establecen los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "ARTÍCULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio (suerte principal), sea inferior a $****suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Establecido lo anterior, se reitera, que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual, el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, ordenó la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente a favor de la parte actora del juicio natural, quedando a disposición del Notario Público número noventa y cuatro del Estado, la elaboración de la misma, siendo la autoridad responsable quien firmara en rebeldía a favor de los quejosos. Asimismo, que la suerte principal reclamada en dicho juicio natural asciende a la cantidad de $****. En tales consideraciones, es evidente que la suerte principal del referido juicio de origen no excede de la suma de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, se determina que contra el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente ****del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, procede el recurso de revocación que prevén los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, medio de defensa que debieron agotar los quejosos previamente a comparecer a la instancia constitucional pues determinar lo contrario, sería omitir la orden imperativa del artículo 1334 mencionado. En consecuencia, como de la demanda de amparo se obtiene que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil****; resulta claro, que entonces, estaban en facultad de interponer el recurso de revocación de que se trata, y por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual pueden ser revocado dicho acto. Consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida contra el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ****del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Chiapa de Corzo, Chiapas, al actualizarse de manera notoria una causal de improcedencia. Asimismo, cabe precisar que el articulo 1334 del Código de Comercio en relación a los diversos 1341, segunda parte, y 1344 del ordenamiento mencionado, interpretados en sentido contrario, establecen que los autos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles, en el periodo de ejecución de sentencia, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, pues no es exacto que la regla general contenida en el primer precepto citado, únicamente se refiera a los autos y decretos dictados en el periodo del conocimiento del negocio, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencias, no consigna excepción alguna al respecto. No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Tampoco pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera ocasionarle algún perjuicio de difícil reparación al quejoso; pues, con independencia de ello, para que proceda el amparo, previamente debe interponerse el medio ordinario de defensa. Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por **** Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Finamente, y como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a *** Notifíquese personalmente a los promoventes.

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