Julio César Ruiz Sánchez
Expediente 1852/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1852/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/03/2017
Partes del expediente
- Julio César Ruiz Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Bochil, Chiapas; mediante el cual acusa recibo del diverso 17093/2016, de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, con el que se devolvió copia certificada de la causa penal *****, de su índice, de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente. Cúmplase.
- Incidental
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documentos. Devuélvase a la autoridad responsable: 1. Juez Mixto de Primera Instancia de Simojovel, Chiapas con sede en Bochil, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 44/2016 de su índice, que adjuntó al momento de rendir su informe justificado.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documentos. Devuélvase a la autoridad responsable: 1. Juez Mixto de Primera Instancia de Simojovel, Chiapas con sede en Bochil, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 44/2016 de su índice, que adjuntó al momento de rendir su informe justificado.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la presente fecha la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, residente en esta ciudad, no dio cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en proveídos de dos y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a pesar de haber estado notificado, tal y como se advierte de las constancias de recibo de los oficios 10869/2016 y 12796/2016 (fojas 878 y 888), en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado por su omisión, en el último de los requerimientos. En esa medida, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 y el diverso 258 de la Ley de Amparo vigente, se impone multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , al Gobernador Constitucional del Estado, residente en esta ciudad, Manuel Velasco Coello, como se apercibió en el auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, al no cumplir con el requerimiento realizado. Asimismo, para hacer efectiva la multa impuesta, envíese oficio con auto inserto al Administrador Local de Recaudación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en esta ciudad, para que proceda a hacer efectiva dicha multa y su monto sea ingresado a las arcas del Erario Federal. En la inteligencia de que el citado Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, cuenta con el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del oficio que al efecto se envíe, para informar a este Juzgado Federal el resultado de su intervención, con la recomendación que una vez que haga efectiva dicha sanción, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten. Por otra parte, atento al estado de autos se advierte que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, residente en esta ciudad, no ha cumplido con la ejecutoria de amparo, es decir, no ha remitido copias certificadas de la emisión de la opinión técnica de proponer o no la ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el sentido que considere procedente, de acuerdo con lo que conste en el expediente respectivo, respetando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, tomando en cuenta no solamente el aspecto cuantitativo, sino también el aspecto cualitativo de las sentencias que emitió el Magistrado de que se trata; así como, los amparos concedidos por vicios de forma y fondo de la sentencia reclamada y no así los relacionados a las violaciones procesales las cuales son únicamente atribuibles al juez de instancia; y realice un estudio en conjunto de todos los aspectos que se desprendan del expediente con el fin de que con libertad se pronuncie sobre cada uno de los criterios relacionados con la eficiencia, capacidad, competencia y antecedentes. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocación a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las documentales mencionadas en el párrafo que antecede, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, residente en esta ciudad, para continuar con el trámite relativo a la inejecución previsto en el artículo 193 de la citada legislación. Lo anterior encuentra justificación en la Tesis 2007918, Jurisprudencia, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 19, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya sinopsis es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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