Julio César Zárate Hernández
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio César Zárate Hernández
- Julio César Zárate Hernández y Otros.
- Juez de Control con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
notificación a la quejosa por no acudir a notificarse pese dejara aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Se ordena archivo de incidente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el veintitrés de junio del año en curso, causó ejecutoria la resolución ahí emitida, misma que conforme al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra debidamente integrada al expediente electrónico relativo a dicho juicio. En esas condiciones, como no existe asunto pendiente por diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, entre otro aspecto, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. II. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Se ordena devolución de billete. En otro aspecto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la caja de valores de este Juzgado se encuentra resguardado bajo el registro 13/2022, el billete de depósito con número de serie N 931738, que ampara la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n), exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida. Por tanto, al carecer de objeto la permanencia en la caja de valores de este Juzgado del referido numerario, hágase del conocimiento del quejoso *** que el billete de depósito mencionado estará a disposición de la parte quejosa por el plazo de dos años, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que se presente ante este Juzgado a recogerlo; con apercibimiento que de no comparecer para la devolución de tal billete, el mismo prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Sin que pase desapercibido el plazo que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, ya que, en el caso, la garantía fue solicitada a la parte quejosa para que la suspensión continúe surtiendo sus efectos, en términos del artículo 136 de la normativa citada. IV. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de las partes en el presente acuerdo se ordena notificar a todas las partes por lista electrónica, con exclusión de la parte quejosa; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Aunado a que las determinaciones que con relación a este incidente se emitan, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal (https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm). Notifíquese por lista electrónica; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Se ordena archivo de incidente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el veintitrés de junio del año en curso, causó ejecutoria la resolución ahí emitida, misma que conforme al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra debidamente integrada al expediente electrónico relativo a dicho juicio. En esas condiciones, como no existe asunto pendiente por diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, entre otro aspecto, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. II. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Se ordena devolución de billete. En otro aspecto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la caja de valores de este Juzgado se encuentra resguardado bajo el registro 13/2022, el billete de depósito con número de serie N 931738, que ampara la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n), exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida. Por tanto, al carecer de objeto la permanencia en la caja de valores de este Juzgado del referido numerario, hágase del conocimiento del quejoso *** que el billete de depósito mencionado estará a disposición de la parte quejosa por el plazo de dos años, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, a efecto de que se presente ante este Juzgado a recogerlo; con apercibimiento que de no comparecer para la devolución de tal billete, el mismo prescribirá a favor del erario federal, en términos del artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Sin que pase desapercibido el plazo que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, ya que, en el caso, la garantía fue solicitada a la parte quejosa para que la suspensión continúe surtiendo sus efectos, en términos del artículo 136 de la normativa citada. IV. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de las partes en el presente acuerdo se ordena notificar a todas las partes por lista electrónica, con exclusión de la parte quejosa; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Aunado a que las determinaciones que con relación a este incidente se emitan, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal (https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm). Notifíquese por lista electrónica; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado el tres de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. I. Se tiene por inexistente a autoridad. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que del treinta y uno de mayo al dos de junio del año en curso, transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintitrés de mayo anterior, para que manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a la inexistencia de la autoridad que señaló como agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Municipio de Ejutla de Crespo, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto, no obstante su notificación.Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto (23/05/2022), y se tiene por inexistente a tal autoridad en este expediente, por lo que cesa toda comunicación con la misma.Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 1993, Octava Época, Página 464, con registro IUS 215501, con el rubro siguiente: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES".Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.II. Autoridad exhibe copia certificada de auto de vinculación.Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla, a través del cual remite copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, en la causa penal*****, de su índice; con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio.II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado de autos, se provee:Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en este municipio, el cinco de abril del año en curso y remitido el seis siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla y su ejecución a otras autoridades, que hizo consistir en (foja 3): "1. De las autoridades señaladas como ORDENADORAS RECLAMO la orden de aprehensión que libraron en mi por un delito que no he cometido. 2. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS RECLAMO el cumplimiento y ejecución material de la orden de aprehensión o de presentación que libraron en mi contra las autoridades señaladas como ordenadoras" Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, manifestaron lo siguiente: NO. AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME. FOLIO DE RECEPCIÓN. 1 Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla. Niega 5548 2 Servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Niega 5315 3 Directora de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado. Niega 5289 4 Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones. Niega 5368 5 Agente Estatal de Investigaciones, encargado de la Comandancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Niega 5682 Sin embargo, la negativa se desvirtúa con lo asentado en el informe del juez responsable, al manifestar lo siguiente (foja 23): "Niego el acto reclamado, toda vez que, de acuerdo a la información proporcionada por el departamento de causas de éste Juzgado, previa búsqueda minuciosa en el sistema de gestión judicial, así como en los archivos digitales correspondientes a las causas penales tramitadas en éste órgano jurisdiccional; no se localizó registro alguno de que se haya librado ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra del quejoso. Sin embargo, se hace de su conocimiento que se localizó la causa penal número 255/2022, misma que se inició a petición de Agente del Ministerio Público de la fiscalía local de la villa de Zaachila, Oaxaca, en el que se tiene como imputado a *******, ignorando si se trate de la misma persona que promueve el juicio de garantías y solicitó citar para audiencia de formulación de la imputación inicial, por el hecho que la ley califica como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ********. Por lo anterior, se radicó la causa mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo del año en curso, en el que se señalaron las once horas del veintitrés de marzo pasado para la AUDIENCIA INICIAL, misma que se ordenó cancelar por proveído de fecha dieciocho de marzo de la presente anualidad, atendiendo a la razón de imposibilidad que se tuvo para lograr citar a dicho imputado, dándose vista a la fiscalía con tal imposibilidad para que proporcionara el domicilio correcto o mayores datos para la localización del mismo, o bien promoviera (sic) lo conducente." Se precisa que respecto de las diversas autoridades su negativa se desvirtúa al tratarse de autoridades de forzosa ejecución y en atención a que a ellas les corresponde precisamente la ejecución de mandatos tales como el de captura que aquí se combate, en términos del artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado, 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Apoya esta consideración, en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, el criterio sustentado por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación, Parte LXXII, correspondiente a la sexta época, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Aunque las autoridades ejecutoras nieguen el acto reclamado, indudablemente que los actos de ejecución pueden llevarse a cabo en cualquier momento, cuando tales actos son una orden que se encuentra dictada y no queda más que el cumplimiento de la misma; sin que valga el razonamiento en el sentido de que la ejecutora no es competente y no le corresponde la ejecución de la orden reclamada, toda vez que este razonamiento constituye únicamente la afirmación de una de las partes y que indudablemente se encuentra sujeta a prueba, por lo que tal autoridad debe probar en el juicio que a ella no competía la ejecución del acto reclamado; además de que aun probando tal extremo, la concesión de la protección federal no le perjudicaría, puesto que de todas maneras no ejecutaría el acto reclamado, ya sea por virtud del amparo o por la inexistencia a que alude la falta de facultades." Determinación que se hace extensiva a la diversa responsable, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Ejutla de Crespo, quien no rindió su informe justificado, aun cuando quedó notificada de la petición del mismo el veintiuno de abril de este año, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 31. Ahora, de la constancia exhibida por la autoridad responsable, jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla, se aprecia que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el quejoso ********ndez, compareció ante ese Juzgado, programándose audiencia de comparecencia espontanea para las dieciséis horas con treinta minutos de esa misma fecha, en la que se le formuló la imputación inicial, resolviéndose en su situación jurídica y dictándosele auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte que en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en él, sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, si el quejoso promovió el presente juicio de amparo, reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra en los autos de la causa penal 255/2022, de la estadística del Juzgado de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Ejutla; sin controvertir alguna diversa actuación emitida en dichas constancias y, de manera posterior, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de *********; es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica. Es decir, la orden reclamada quedó sustituida por la emisión del auto de vinculación a proceso que se emitió en su contra; de ahí que, no se puede decidir sobre la constitucionalidad de la orden de captura reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica creada en los autos de la causa penal de origen. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), con número de registro 2017544, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Circunstancia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVII del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal. III. Se deja sin efectos fecha señalada para la audiencia constitucional. Al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso.
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