Julio César López Torres

Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Julio César López Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a través del que acusa recibo del juicio de amparo * * * * * del índice de este Juzgado Federal, promovido por * * * * * Asimismo, informa que mediante acuerdo de diez de junio del año que transcurre, aceptó la competencia declinada para resolver el juicio de amparo de referencia. En tales condiciones, en tanto que, en este cuaderno de antecedentes y en la caja de valores, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar. Por tanto, se archiva este expediente como definitivamente concluido, y con fundamento en el inciso a), de la fracción I, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, procédase a su destrucción transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 618/2022. II. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Incompetencia. Ahora, previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, en el particular, este órgano jurisdiccional advierte una cuestión de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente". De dicha disposición se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: 1) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que la Ley de Amparo se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados en el juicio de amparo que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. De ahí que el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da un regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución materia, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo será aquél donde se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto reclamado. En este sentido, se tiene que **********, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables: Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca Director de Concesiones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. Jefe del Departamento de Concesiones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca Actos reclamados. "La ilegalidad e inconstitucionalidad de la CONVOCATORIA "PARA PARTICIPAR EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVICUAL MOTORIZADO EN LA MODALIDAD DE TAXI, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTITO 22, OAXACA EMITIDA EL 7 DE MAYO DEL AÑO 2022, TOMO CIV, No.19 PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA ." (sic) En ese sentido, en atención a lo expresado por la parte quejosa, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primero párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, que en capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó: "PRIMERO. - El suscrito me dedico a la actividad de chofer de taxi en la ciudad de Puerto Escondido, Mixtepec, Oaxaca, servicio público de transporte que he prestado de manera ininterrumpida en los sitios de taxis de esta ciudad, como lo acreditare en el capítulo correspondiente de pruebas. SEGUNDO.- Por Virtud de mi oficio y antigüedad en el trabajo en el volante como prestador de serio público en la modalidad de TAXI, he suscrito diversas peticiones en diferentes fechas, a la Dependencia del Ejecutivo del Estado que es la autoridad del ramo, en la actualidad Secretaría de Movilidad del Estado (anterior Secretaría de Vialidad y Transporte), solicitando el otorgamiento de una concesión de transporte en su modalidad de taxi, para explorar la actividad a la que me dedico en el marco de la legalidad como lo acredito con las peticiones que me fueron recepcionadas en esa dependencia con fechas 09 de febrero de 2021, 09 de julio del 2021, 28 de julio del 2021, 26 de agosto del 2021, 20 de septiembre del 2021, 03 de marzo del 2022, 08 de abril de 2022, 06 de mayo del 2022, 11 de mayo de 2022 (.) TERCERO.- Mediante la lectura que realicé a la convocatoria que se impugna en esta vía, tuve conocimiento de que se realizó, sesión de cabildo de fecha - de febrero de 2022 en la población de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lo anterior toda vez que, la misma no tuvo publicidad a efecto de que los gobernados pudiésemos enterarnos de los acuerdos tomados en esa sesión, pues no existe una gaceta municipal que de publicidad a los actos o acuerdos tomados en las sesiones de cabildo de este municipio u otro medio oficial u ordinario de publicidad, lo que deviene en incertidumbre jurídica del acto administrativo o acuerdos tomados." Por lo anterior, los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en ese lugar (San Pedro Mixtepec, Oaxaca) y, en consecuencia, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Por tanto, si la actividad que realiza como chofer de taxi es en la ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca y es en el mismo lugar en donde refiere solicita el otorgamiento de la concesión de transporte en su modalidad de taxi para explotar la actividad que realiza, se ubica en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Como ya se precisó, en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "(.) XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. (Lo resaltado es propio). Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca), a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. Sin que, en el caso, sea procedente pronunciarse sobre la medida suspensiva solicitada respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que no se está en las hipótesis a que se refiere el numeral 15 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de la propia ley. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, asimismo, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** e ****, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tienen emitidas a su favor las cédulas profesionales números ********** y **********, expeditas por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédulas profesionales que tienen a su favor los profesionistas en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V , de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En tanto que, respecto a las diversas personas designadas, únicamente se le tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones. Se toma nota del correo electrónico que proporciona para establecer comunicación no procesal. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". VI. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VII. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. VIII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese por lista electrónica; por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en Salina Cruz.

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