Julio Cesar Toxqui Toxqui
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio Cesar Toxqui Toxqui
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 955/2023 . Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento). Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 955/2023 .. Puebla, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Devuelve despacho diligenciado. Se agrega al expediente el oficio y su anexo, signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con sede en esa ciudad, por el cual devuelve diligenciado el despacho 236/2023 con número de orden 591/2023 del índice de este juzgado, relativo a la notificación del quejoso Julio +++++++. Ahora, de las constancias remitidas, se advierte que el referido quejoso fue notificado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés del acuerdo de desechamiento. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 955/2023-V Puebla, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++++++, por propio derecho, contra un acto del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes ??????????????? solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 1 . En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ? La omisión por parte del juez señalado como responsable, de acordar su escrito por medio del cual designó defensa particular y solicitó diversas copias relativas a la causa penal que en ese juzgado se le instruye. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Ahora, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza, en el caso, porque el artículo 135 del código nacional en cita, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control respecto de las solicitudes presentadas por alguna de las partes, a saber: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a ??????????????? tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador natural de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. En ese sentido, es válido afirmar que el quejoso debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó ante el juzgado natural señalado como responsable, por medio del cual refiere que designó defensa particular y solicitó diversas copias relativas a la causa penal que en ese juzgado se le instruye. Sobre todo, porque el mencionado recurso de queja está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el ahora quejoso, por ser imputado en la causa penal de origen, y puede hacerlo valer contra el juez responsable, porque éste no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante la autoridad judicial responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda a la solicitud que presentó. De ahí la improcedencia apunta con relación a ese acto reclamado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra el juez de control responsable, para que éste atendiera su solicitud. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 4642, Tomo V, Libro 21, Enero de 2023, materias Común, Penal, con registro digital 2025770, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de 'Recursos' del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado 'Jueces y Magistrados'. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de 'Recursos' del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de 'interpretación' el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido." Así como la diversa tesis, en lo conducente y por las razones que la integran, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la desatención del quejoso a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta al mencionado escrito, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, que presentó la parte quejosa, porque los actos que pretende reclamar actualizan una causal de improcedencia, manifiesta e indudablemente, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio, autorizados (restringidos) del quejoso y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en zona conurbada de esta ciudad de Puebla-. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del presente acuerdo, y en virtud de que el promovente también indicó que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por única ocasión líbrese atento y respetuoso despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, una vez que reciba la comunicación oficial en comento, ordene a quien corresponda que notifique personalmente al aquí quejoso el presente auto. Asimismo, le deberá correr traslado con la impresión de dicho auto. Lo anterior, en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, lugar en donde se encuentra interno el impetrante. Se faculta al juez, p++++++++++++++++++ara que haga uso de las medidas pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluso habilitar días y horas inhábiles; lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia; así como para que acuerde promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir lo solicitado a la mayor brevedad posible. También se le hace saber a la referida autoridad judicial que deberá remitir las constancias requeridas únicamente al correo electrónico oficial de este juzgado que es: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por ese mismo medio se acusará de recibo -el mismo día, si el correo se recibe de nueve a quince horas en día hábil; o bien, al día siguiente hábil, si se recepciona con posterioridad-. Asimismo, se hace notar al juez requerido que deberá regresar el despacho diligenciado dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de este despacho, con las constancias que acrediten que practicó la notificación de mérito, cumpliendo con todos los puntos especificados, con el apercibimiento que de omitir hacerlo en el plazo concedido, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para imponerse de actuaciones y para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, pues omitió conferir de forma expresa tal autorización en los términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la ley de Amparo. Usuario. Luego, se autoriza únicamente el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "victorhugozaca", por lo cual se instruye se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido que la anterior autorización no incluye su notificación electrónica mediante dicho usuario, en primer lugar, porque el promovente expresamente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones; en segundo término, porque no resulta procedente su pretensión de que se le notifiquen por esa vía aquellas determinaciones que no tengan el carácter de personal, pues el artículo 26 de la ley de la materia, es preciso es indicar la forma en que las notificaciones deben realizarse. No obstante, se hace notar a la parte quejosa que con la autorización para la consulta del expediente electrónico, podrá imponerse de todas las actuaciones que en este sumario se emitan. Respecto al número telefónico y cuenta de correo electrónico, se toma nota como medios de contacto para comunicaciones no procesales. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se toma nota de la manifestación del quejoso de su oposición a que se publiquen sus datos personas, por lo que habrán de salvaguardarse los mismo, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por despacho), y cúmplase
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