Julio César Reyes Martínez
Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio César Reyes Martínez
Actuaciones
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 12/2022-II. Puebla, Puebla veintinueve de abril de dos mil veintidós. Se recibe testimonio de conflicto competencial...establece: ".PRIMERO. ES COMPETENTE el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, para conocer del juicio de amparo promovido por + SEGUNDO. REMÍTANSE los autos y testimonio anexo de esta resolución, al aludido juez segundo, para que se avoque al conocimiento del asunto de referencia; y con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese al diverso juez contendiente el resultado del fallo.". Por tanto, se ordena glosar el testimonio de la ejecutoria al presente cuaderno de antecedentes; y acusar recibo a la superioridad -vía interconexión- por el oficio y anexo mencionado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A adscrita, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la determinación adoptada por el tribunal de alzada. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de seis meses. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general, ya que en el proveído inicial se rechazó la competencia declinada por el juzgado de origen, por lo que sólo se cuenta con un cuaderno de antecedentes. Resguardo del expediente (Archivo). Con apoyo en los artículos 9 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que el presente cuaderno deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que se rechazó la incompetencia declinada. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se rechazó la competencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 12/2022-II. Puebla, Puebla, quince de febrero de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica del Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. En éste, comunica el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitido por el magistrado presidente de dicho tribunal, donde radica y se avoca al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna y este órgano jurisdiccional. Dicho conflicto competencial quedó registrado con el número 2/2022 de su índice. Se toma el debido conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 12/2022-II. Puebla, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Radicación de la expediente. Se recibe el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, a través del cual remite el juicio de amparo indirecto 1523/2021 de su índice, promovido por el quejoso +++++, por derecho propio. Lo anterior, al estimar carecer de competencia legal para conocer de la demanda en términos de lo indicado en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno; esto es, al analizar la demanda de amparo advirtió que los actos reclamados son competencia de un juez de distrito de amparo en materia penal en el Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se rechaza la competencia plateada. De las constancias recibidas se advierte que el juez de origen declina competencia a esta autoridad especializada en Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, sustancialmente porque, a su consideración, el acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del incidente de ejecución ++++++ no debe entenderse como una negativa meramente declarativa carente de ejecución, sino que debe de atender al espectro tutelador del acceso a la justicia pronta y expedita, el cual implica necesariamente un efecto positivo y, en vía de consecuencia, tendría una ejecución material. En ese sentido, afirmó que la negativa con efectos positivos derivada en la substanciación del procedimiento trae aparejada ejecución material como garantía procesal en la medida que con ello se tutela el derecho fundamental de seguridad jurídica y el beneficio procesal de presunción de inocencia, derechos fundamentales invocados por el quejoso, pues se duele de la negativa de tramitar el incidente en que solicita la reducción de su pena. Por lo que, afirmó, el hecho de tratarse de una resolución que solo tiene efectos declarativos, es insuficiente para fincar la competencia, porque el procesado se encuentra sometido a la potestad del juez de la causa, teniendo un efecto ejecutivo como es que se dé continuidad al proceso. Empero, esta autoridad no comparte dicho criterio por las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe destacarse que el quejoso reclama tres actos de autoridad, consistentes en: ".a) El no brindar al suscrito quejoso un debido proceso de ejecución de la sentencia condenatoria que se me fue impuesta (18 años de prisión) dentro de la causa penal ++++ del índice del H. Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. b) El auto dictado dentro del incidente de ejecución ++++, en fecha 4 de octubre de 2021. c) El no poner a disposición el expediente de la causa penal ++++ del control del H. Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, con la autoridad señalada como responsable en el inciso a) de la presente demanda de amparo indirecto.". Con ese panorama, es importante destacar que el juez de origen no consideró la naturaleza de los actos reclamados en los incisos a) y c), pues estos consisten en omisiones que carecen de ejecución material, pues se trata de simples abstenciones por lo que sus efectos no trascienden al mundo fáctico. Dicho de otro modo, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, pues únicamente se traduce en una omisión simple, que carece de efectos positivos, al margen de que conllevan que mientras la autoridad responsable persista en la abstención impugnada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso pleno y eficaz a la justicia, ya que con independencia del sentido del actuar que pudiera llevar a cabo la autoridad responsable, la materia del juicio de amparo es su omisión, no así los actos que pudiera desplegar dicha autoridad responsable. En ese sentido, respecto de dichos actos, el Juez de Distrito que debe conocer del amparo es aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda, pues el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Sobre este último punto viene a colación la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo."1 . Entonces, a criterio de quien resuelve, es indudable que la competencia para conocer de esos actos corresponde al juez oficiante. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del incidente de ejecución ++++, se disiente de la postura del juez declinante respecto a que este cuenta con efectos positivos derivados en la sustanciación del procedimiento convirtiéndose en siendo su ejecución material. Lo anterior, porque el acto reclamado consiste en el acuerdo donde el juez señalado como responsable declaró la imposibilidad de resolver el incidente de reducción de la pena impuesta, ya que no cuenta con la causa penal +++++ que se le instruyó, por lo que el mismo no requiere de ejecución material por el juez responsable para que surta sus efectos. Es decir, tal acto no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dicho acto jurisdiccional, per se, no requiere de una actuación posterior que lo complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso el criterio contenido en la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda."2 . Sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la emisión de un acuerdo, sino a las posibilidades futuras que deriven de la eventual resolución de un incidente, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado. Pese a lo anterior, de insistir el juez de origen en que carece de competencia para conocer respecto de dicho acto, a criterio de esta autoridad, es necesario que de manera previa se realice la separación de juicio respecto de éste y los indicados en los incisos a) y c), pues como ya se dijo, al tratarse de omisiones sin ejecución material, indudablemente resultan ser de su competencia. Por tanto, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla no acepta la competencia declinada. En consecuencia, devuélvase al órgano jurisdiccional remitente el presente juicio de amparo, para que tenga a bien proveer lo conducente; además, se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Asimismo, se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, devolver la demanda al requirente. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Notificación a las partes. Se descarta notificar de manera personal al quejoso, pues la competencia de los órganos jurisdiccionales constituye una cuestión de orden público ajeno a los intereses de las partes. Tan es así que el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, solo prevé la notificación de las partes si se acepta el conocimiento del asunto. en caso contrario, corresponderá al juez requirente insistir o no en declinar la competencia. En el primero de los supuesto deberá plantear ante el tribunal colegiado de su jurisdicción el conflicto competencial respectivo. Pero, en la segunda de las hipótesis, tramitará el asunto, lo cual implica notificar a las partes la continuación del trámite del juicio. Registro en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes. En último lugar, se puntualiza que la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal rechazada- Notifíquese y cúmplase.
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