Julio Cesar Takashima Valenzuela

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Julio Cesar Takashima Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintisiete de agosto del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Orlando García Acosta, como defensor de ****************************************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintisiete de agosto del actual, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vista la demanda de cuenta, que presenta Orlando García Acosta como defensor de Julio César Takashima Valenzuela, contra actos del Juez Sexto en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 513/2021-3A. A) Análisis de la demanda de amparo. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que de los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo se deriva la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. B) Causa de improcedencia actualizada. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I, párrafo primero, y 6º, párrafo primero, del ???????????? mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, de la Constitución Federal, porque el promovente Orlando García Acosta como defensor de Julio César Takashima Valenzuela, presentó demanda de amparo indirecto, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero sin acompañar la firma electrónica de aquél. Sobre este tema en específico, el Más Alto Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 45/2018, señaló que en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5º y 6º, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, ese principio significa que el juicio de amparo solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Así, de acuerdo con el texto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada", que impera en el juicio de amparo, significa que solo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Después de transcribir la exposición de motivos de la Ley de Amparo, en la parte relativa a la tramitación del juicio de amparo mediante las tecnologías de la información o denominado "juicio en línea", además de transcribir y explicar diversos numerales del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se concluyó que la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de las firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de la firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. En relación con el citado tema, se expuso que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3º de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales respectivos, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, persiguió, fundamentalmente, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, ello como ??? muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Pero, acotando el Máximo Tribunal del país que, esa facilidad tecnológica a favor de los justiciables, no puede traducirse en modificar los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" y, por consiguiente, que la demanda pueda presentarse sin firma electrónica; esto es, señaló la Suprema Corte, que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, porque la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". En consecuencia, concluyó el Más Alto Tribunal del país, ante el supuesto de que una demanda de amparo presentada vía electrónicamente, no cuente con firma electrónica (FIREL), el Juez de amparo está facultado para desechar de plano la demanda constitucional, al no apreciarse la voluntad de quien aparece como promovente. Lo así dicho se encuentra inmerso en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia P./J.8/2019, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, correspondiente al mes de abril de dos mil diecinueve, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo ????? presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En el caso, y como se adelantó, Orlando García Acosta como defensor de Julio César Takashima Valenzuela presentó la demanda de amparo indirecto en línea, esto es, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; pero sin acompañar la firma electrónica (FIREL) de aquélla, por tanto, no se está cumpliendo con el principio de parte de instancia agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente, lo que origina que la demanda constitucional deba desecharse de plano. En relación a la excepción que se refiere al final del precepto, debe destacarse que el acto reclamado del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO La privación ilegal de la libertad en términos del artículo 22 de Nuestra Carta Magna, la cual se hace se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable ordenar la libertad bajo protesta establecida por el articulo 20 apartado "B" fracción IX párrafo segundo, en concordancia con el ordinal 419 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que el directo quejoso, ha rebasado el plazo de prisión preventiva por más tiempo de la máxima sanción que fija el Código Penal Federal, por el delito previsto por el artículo 476, en relación con la cuarta línea horizontal, de la tabla que contempla el diverso 479, en concordancia con los numerales 234 al 237, todos de la Ley General de Salud; la cual establece como penalidad de tres a seis años de prisión, que le atribuye la Representación Social de la Federación, sin dictar sentencia definitiva dentro de la causa penal 128/2015". De lo anterior y del texto íntegro de la demanda se obtiene que el reclamo se relaciona con la dilación del Juez responsable en dictar sentencia en la causa penal de origen, acto que no es de los que refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tampoco se reclama la incomunicación del directo quejoso, su deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, ni su desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto último, no obstante lo que el promovente establece en el sentido de reclamar la privación de la libertad del directo quejoso en términos de ese artículo 22 Constitucional, dado que el reclamo no se relaciona con alguna condena de las referidas en ese magno precepto, como son: la de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; tampoco se reclama el que se le haya condenado a alguna pena que no sea proporcional al delito sancionado y al bien jurídico afectado, puesto que conforme a las manifestaciones del promovente, en la causa penal de origen no se ha emitido sentencia, que es lo que precisamente motiva el reclamo. Ahora, hecha esa acotación, resulta incuestionable, cómo lo resolvió el Más Alto Tribunal del país, que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga ?? siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, la demanda de amparo presentada vía electrónica, deberá estar acompañada por la FIREL del promovente, pues se insiste, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implica soslayar uno de los principios rectores del juicio, como es el antes señalado. Al respecto debe señalarse que resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónica, pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non, que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que, en caso de que la quejosa y/o quien legalmente lo represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, porque el gobernado tiene la opción de presentar su demanda de amparo por escrito, además, en ese documento puede autorizar a las personas que considere, en términos amplios o restringidos, incluso, para que puedan imponerse de los autos por medio de la firma electrónica. En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, procede y se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que según su contenido se promueve por Orlando García Acosta como defensor de Julio César Takashima Valenzuela, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Cabe agregar que no escapa las circunstancia derivada de la certificación secretarial que antecede, relativa a la promoción del diverso juicio de amparo 515/2021-5A del índice de este juzgado, por la misma parte quejosa, contra el mismo acto reclamado en el presente a la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, lo que también sirve de refuerzo a la anteriores consideraciones. Por último, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Niños Héroes, 654 sur, colonia Bienestar, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Orlando García Acosta.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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