Julio César Parra Cabrera

Expediente 42/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
42/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Julio César Parra Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo número 42/2019-7B, con el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintidós de enero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO JULIO CESAR PARRA CABRERA, EL AUTO DE VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de cuenta, firmado por Julio César Parra Cabrera con el cual promueve demanda de garantías; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 42/2018-7B, a fin de proveer sobre la posible admisión de la demanda. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: ".Que en la fecha del 30 de noviembre del año 2018, recibí del H. Ayuntamiento del municipio de Guasave, Sinaloa, y ejecutado por la dirección de seguridad pública Municipal, la SUSPENSIÓN VERBAL, SIN PREVIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de mi cargo como policía en la dirección de seguridad pública, sin que me explicaran una causa justa de la separación de la que fui objeto." ".Que en la fecha del 09 de enero del año 2019, me fue ratificada y de manera verbal, la BAJA Y LA SUSPENSIÓN DE MIS ACTIVIDADES LABORALES así como la negatoria de la indemnización y demás prestaciones derivadas de la suspensión de mis actividades laborales como agente de policía municipal, en dicha dirección de Seguridad Pública Municipal." "PRESTACIONES LABORALES QUE SE RECLAMAN A).- LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL (.) B).- EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES (.) C).- EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL (.) D).- EL PAGO DEL AGUINALDO (.) F).- EL PAGO DE LOS AFORES (.) H).- EL PAGO DE LA AYUDA PARA CASA HABITACIÓN (.).". Del propio acto reclamado, antecedentes del mismo y pruebas documentales que exhibe el quejoso, se puede concluir que labora como agente de policía para el Ayuntamiento del municipio de Guasave, Sinaloa. Ante este panorama, del análisis integral que se hace de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII y esta última en correspondencia con el 1, fracción I, 5, fracción II todos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece y, 103 Constitucional, se desecha de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los citados numerales establecen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en esa medida, cuando ese tipo de acciones (dictar, promulgar, ejecutar, etcétera), no provenga de una autoridad que, en ejercicio de sus funciones, actúe al cobijo del imperio del Estado, el juicio deviene improcedente. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la jurisprudencia 164/2011, emitida por la Segunda Sala d la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, materia común, el tenor eral siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo anterior se obtiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Luego, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello, es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución estable una serie de derechos fundamentales como limitaciones aI actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de echo de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la Ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado y pruebas documentales que se acompañan, se tiene que el quejoso laboraba como agente de policía adscrito al Ayuntamiento del municipio de Guasave, Sinaloa. Luego entonces, los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el jugador de amparo, a fin de establecer si a quien se tribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, los ayuntamientos, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. Luego, al suspender al quejoso de sus labores como agente de policía, las autoridades responsables actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del ayuntamiento, con sus trabajadores y por ello en el caso específico no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo, y dichos actos deben dirimirse primero ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, Sinaloa, ya que a estos compete conocer y resolver de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y las Entidades Públicas Municipales, o solo entre aquéllos, con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, como se desprende de los artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, que a continuación se transcriben: "Artículo 1o. La presente Ley es de observancia general para los Municipios del Estado de Sinaloa y sus Instituciones y Organismos que forman la administración Pública Paramunicipal, a los que en lo sucesivo se les identificará como Entidades Públicas Municipales." "Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica de trabajo se entienda (sic) entre las Entidades Públicas Municipales y los trabajadores de base que les presten servicios." "Artículo 3o. Se entiende por trabajador, a la persona física que presta a las Entidades Municipales, un trabajo personal en virtud del nombramiento expedido por autoridad facultada para ello y que sus retribuciones aparezcan en presupuesto respectivo. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. "Artículo 45. El trabajador a su elección, podrá solicitar ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje que corresponda, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. (.)". Cabe citar, la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1881, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "TRABAJADORES DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LA COMUNICACIÓN RESPECTO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO REALIZADA POR AQUÉLLAS, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El acto reclamado consistente en la comunicación de la terminación de los efectos del nombramiento a un trabajador de una dependencia del gobierno es de naturaleza laboral, ya que deriva del vínculo jurídico existente entre el empleado y la dependencia en su carácter de patrón, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión de dicho acto la dependencia no actúa con potestad de imperio, esto es, como autoridad en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley de Amparo, sino como patrón." Por tanto, el hecho de que el Ayuntamiento del municipio de Guasave, Sinaloa, lo haya suspendido en el desempeño de sus labores como agente de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio; al estar inmerso tales actos con una relación laboral entre el trabajador (quejoso) y las autoridades del ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, ello en forma alguna constituye un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, porque puede dirimirse el tema primero ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, Sinaloa, conforme a los artículos 1°, 2, 3 y 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, transcritos. Es decir, no son susceptibles de impugnarse los actos reclamados mediante el juicio de amparo, sino a través del procedimiento correspondiente ante la autoridad competente para resolver las controversias laborales suscitadas entre el trabajador hoy quejoso y la dependencia respectiva. Da apoyo a lo anterior, en cuanto a que el amparo indirecto es improcedente, entratándose de un problema laboral entre el trabajador y la dependencia municipal, por identidad jurídica y en lo conducente la Tesis: 2a. LXV/2014 (10a.) de la Décima Época con número de registro electrónico 2007006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, Julio de 2014, Tomo 1, Materia(s): Común, página 419 de rubro y texto siguientes: "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. EL ARTÍCULO 56 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO CAUSA PERJUICIO A QUIENES SE ENCUENTRAN REGIDOS POR ALGUNA LEY BUROCRÁTICA ESPECIAL Y, POR ENDE, RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012 Y LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS). El precepto citado establece la posibilidad de que los trabajadores realicen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal. Por su parte, los artículos 1 y noveno transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas precisan que los principios consignados en esa ley especial tienen su fundamento en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, tanto en los artículos 13 y 24 de la indicada ley local como en los numerales 32, 33 y 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado existen disposiciones expresas sobre las obligaciones de los trabajadores en relación con los servicios que están obligados a prestar, así como a la forma de fijar el salario. Luego, ante la falta de un caso concreto, en que pueda ponderarse la posible insuficiencia de las leyes burocrática local y federal, que hagan necesaria la aplicación supletoria del artículo 56 Bis de la Ley Federal del Trabajo, así como que permita evaluar si éste es contrario o no al sistema del referido ordenamiento burocrático, se concluye que quienes se rigen por la ley burocrática especial no se encuentran en el supuesto normativo que prevé el artículo 56 bis de la Ley Federal del Trabajo ni que éste afecte su esfera jurídica por la especial situación en que se encuentran y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional." De ahí que, por lesivo que sea el acto reclamado y su ejecución, no es en el juicio de garantías donde debe contrarrestar sus efectos, sin ante la autoridad competente para ello. En las anotadas circunstancias, ante la notoria improcedencia del juicio que se promueve, es por lo que se desecha de pIano la demanda de mérito, de conformidad con lo previsto por los artículos 61 fracción XXIII, 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, merced a que la determinación a que se arribó no variará aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes, pues como se expuso, los actos reclamados no provienen de autoridades para efectos del amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2°.J/1 1, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, deI Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHA MIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Con apoyo en el numeral 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio del impetrante de garantías, el ubicado en calle Obeliscos número 1412, entre Río Fuerte y Río Presidio, fraccionamiento Fátima, de esta ciudad, y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Juana Meléndrez Cota; y únicamente para imponerse de autos a Flor Guadalupe Heredia Juárez, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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