Julio Cesar Samperio Anguiano

Expediente 1659/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1659/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Samperio Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir el proveído mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, en atención al oficio signado por parte del Agente de Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", en el Estado de Hidalgo, hágase la devolución del anexo con AP/PGR/HGO/PACH1-V-718/2012, compuesto de dos tomos a la autoridad que antecede en las líneas anteriores. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE HIDALGO. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012 de su índice, mismas que se admite y se desahogará al momento de resolver el presente juicio de derechos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dado el volumen del anexo, se ordena abrir dos anexos respetando el entresello y folio original. Por otra parte, la responsable de referencia, al rendir su informe justificado, señaló que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de ser extemporánea. Causal de improcedencia que se estima fundada, por las consideraciones que enseguida se exponen. Al respecto, la causal de improcedencia que se previene en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al cómputo de los plazos para la presentación de la demanda de amparo, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Asimismo, relacionado con el tema, existe la jurisprudencia XXI. 2º P.A. J/32, la cual no contraviene lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcrita se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: - Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. - Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. - Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. - Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, en virtud de que el acto reclamado consiste en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, notificada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que comparación ante la responsable hacerse sabedor de las constancias, en especificó del no ejercicio de la acción penal, emitida dentro de la de la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012 como se advierte de las fojas 2103 y 20104 del tomo de pruebas, por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a las reglas y supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, notificada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la que declara procedente la consulta del no ejercicio de la acción penal, la que se le hizo del conocimiento al momento de comparecer ante la responsable, emitida dentro de la de la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012. Entonces, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió del dieciocho de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los días veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de octubre, así como uno, dos, seis y siete de noviembre, todos de dos mil veintiuno, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la instancia se presentó el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; de ahí que su presentación extemporánea trae como consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Asimismo, es aplicable la tesis publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Séptima Parte, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Aunado a ello, si bien se advierte de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dicha manifestación aunque no es clara, no modificaría el sentido de la presente resolución, aunado a que como se dijo el propio quejoso compareció ante la responsable como se advierte de las fojas 2103 y 20104 del tomo de pruebas. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER el presente asunto fuera de audiencia por notoria improcedencia, la demanda de amparo presentada por *** Por otra parte, quien ahora resuelve no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por *** por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Segunda Investigadora del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo y otra autoridad, que hace consistir en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, notificada el catorce de diciembre de la presente anualidad, la que declara procedente la consulta del no ejercicio de la acción penal, emitida dentro de la de la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1659/2021-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. Pues en el caso se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, en el cual, las autoridades expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. A su vez, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informen sus determinaciones mediante esta vía. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el rendir informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) al resolver el fondo del asunto, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. Sin que se forme el incidente de suspensión por no haberlo solicitado el quejoso. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la ley de la materia, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México, (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis) al resolver el fondo del asunto. P R U E B A S Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que anexa la parte quejosa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de la audiencia constitucional, por ser el momento procesal en el cual tendrá lugar su desahogo. Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la ley de la materia, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con registro de su cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.

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