Julio Cesar Samperio Anguiano

Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1406/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Julio Cesar Samperio Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Julio César Samperio Anguiano, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con los punto Noveno, fracción IV del artículo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo fracción I del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo correspondiente. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ***; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención de cinco de noviembre del presente año. En consecuencia, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. De conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012, en el que el fiscal declaró no procedente la solicitud de dejar insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal, y determinó que una vez que transcurra el plazo de los quince días concedidos al denunciante, remitirá la indagatoria al Auxiliar del Fiscal General de la República para la determinación correspondiente sobre la consulta del no ejercicio de la acción penal ordenado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Las omisiones realizadas por el fiscal en el trámite de la averiguación previa en comento. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, que en lo medular, indican: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:" I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. . Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" [...] "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;" [.]". De los preceptos citados, se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo, y además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ello es así, pues atendiendo a la naturaleza y fines del juicio constitucional, no es suficiente con que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que dicha violación produzca afectación a la esfera jurídica del particular. Ahora bien, resulta indispensable destacar, que en el caso concreto, a través de la acción constitucional, el impetrante de amparo pretende que se tutele un derecho que estima fue infringido en su perjuicio, pues señaló como acto reclamado el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012, en el que el fiscal declaró no procedente su solicitud de dejar insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal, y determinó que una vez que transcurra el plazo de los quince días concedidos al denunciante, remitirá la indagatoria al Auxiliar del Fiscal General de la República para la determinación correspondiente sobre la consulta del no ejercicio de la acción penal ordenado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Sin embargo, tales actos de manera alguna afectan la esfera jurídica de la quejosa en sentido amplio, ya que no se trata de una resolución definitiva que sí podría afectar dicha esfera jurídica, sino constituyen una simple propuesta de que se autorice el no ejercicio de la acción penal, actos que sólo cobraron vigencia, al autorizarse en definitiva el no ejercicio y archivo del expediente, sin que se impugnara la determinación definitiva de autorización de la citada consulta de no ejercicio de la acción penal. Para mejor comprensión es menester transcribir el artículo 133, párrafos primero y segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales; así como los artículos 11, fracción II; incisos d) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 103, fracción VIII de su propio Reglamento, que señalan: Código Federal de Procedimientos Penales: "Artículo 133.- Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal." "El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal." Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: "Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes: [...] "II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:" [...] "d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito." "Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;" [...] "e) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;" Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: "Artículo 103. Son facultades del Delegado:" [...] "VIII. Autorizar los acuerdos de incompetencia, acumulación y separación de las averiguaciones previas y, previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal, así como la solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, informando al fiscal correspondiente. Tratándose del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse personalmente al denunciante, querellante, víctima u ofendido de conformidad con las disposiciones aplicables;" En una interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende que, para que proceda el no ejercicio de la acción penal, en una averiguación previa, integrada conforme al sistema de enjuiciamiento llamado tradicional, mixto o inquisitorio, vigente respecto de hechos 4posiblemente delictivos, acaecidos en fecha anterior a la entrada en vigor de las reformas constitucionales, relacionadas con el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, adversarial y oral, resulta indispensable: 1. Que el Agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la integración de la indagatoria, realice la consulta del no ejercicio de la acción penal; 2. Posteriormente, la averiguación previa se turna al Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador correspondiente, quien realiza un proyecto de aprobación, o desaprobación de la citada consulta. 3. Finalmente, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, o la autoridad facultada para ello, conforme la Ley de la materia, autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal. En correlación al contenido de los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, y 107, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, prima facie resulta que el juicio de amparo solo es procedente, contra las resoluciones definitivas del no 4ejercicio de la acción penal, es decir, las que previa la consulta realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, y conforme el proyecto que realice el Auxiliar del Procurador General de la República, sean autorizadas por el Delegado Estatal o la autoridad que corresponda. Sin embargo, de los antecedentes narrados en el considerando que precede, se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Tercera Investigadora del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo, con el diez de agosto de dos mil veintiuno, formuló la consulta de no ejercicio de la acción penal, por considerar que había operado la figura jurídica de la prescripción de la acción p44enal, y posteriormente, a solicitud del promovente del amparo, dictó el acuerdo de diez de septiembre de este año, en el cual declaró no procedente su solicitud de dejar insubsistente la determinación de no ejercicio de la acción penal antes citada y determinó que una vez que transcurra el plazo de los quince días concedidos al denunciante, remitirá la indagatoria al Auxiliar del Fiscal General de la República para la determinación correspondiente sobre la consulta del no ejercicio de la acción penal ordenado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. En el caso, el quejoso se limitó a señalar como actos reclamados las omisiones que a su decir realizó el fiscal al integrar la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012, que conllevó a emitir la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que solicita la consulta de no ejercicio de la acción penal al Auxiliar del Fiscal General de la República; sin embargo, tales actos no vulneran su esfera jurídica, ya que no se trata de resoluciones que en definitiva ordenen el no ejercicio de la acción penal y consecuentemente el archivo de la averiguación previa en la que fue denunciante. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el Ministerio Público haya realizado una consulta de no ejercicio de la acción penal, y que haya declarado no procedente dejar insubsistente dicha resolución, no provoca afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso, puesto que, en todo caso, será la autorización de dicha consulta de no ejercicio de la acción penal lo que en realidad le afectaría, ya que es la citada autorización lo que trajo como consecuencia el archivo del expediente de averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/718/2012, empero a la presentación del escrito de demanda no se ha dictado el dictamen de aprobación de la consulta de no ejercicio de la acción penal, ni la autorización de la misma. Por tal motivo, las omisiones que reclama podrá reclamarlas, al momento de recurrir el dictamen, en caso de que sea desfavorable a sus intereses. Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I y 107, fracción VII, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *** por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Segunda Investigadora del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República en el Estado de Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1406/2021-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De una revisión del escrito de demanda, el quejoso señala como actos destacados los siguientes: La omisión y dilación dentro de la investigación AP/PGR/HGO/PACH1-V/418/2012. La determinación o resolución contenida en acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el diecinueve de octubre del año en curso, en la que determinó la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal. Omisión y Dilación en la investigación de la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/418/2012, que tuvo como consecuencia la prescripción de la acción penal contra los probables responsables denunciado en la indagatoria. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado es obscuro he impreciso pues por una parte reclama una omisión y dilación, así como el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno en la que determinó la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, y por otra reclama una prescripción de la acción penal. PREVENCIÓN En este sentido el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el diverso numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce bajo protesta de decir verdad, IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirva de fundamentos a los conceptos de violación, y; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1° de la esta Ley, contenga los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame." En virtud de lo anterior, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste: Precise el estado procesal de la averiguación previa AP/PGR/HGO/PACH1-V/418/2012. Precise las omisiones y dilaciones realizadas por el fiscal dentro de la indagatoria que indica. Precise el contenido del acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la que determinó la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, debiendo anexar copia del mismo. Precise la fecha de la resolución en la que se prescribió la acción penal, debiendo anexar copia de la misma. Precise la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de las resoluciones indicadas en el punto III y IV. Circunstancia que se considera necesaria a fin de pronunciarse conforme a derecho. Para sustentar lo anterior se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la tesis XX.57 K, visible a página ochocientos setenta y uno, Novena Época, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Apercibida que de no cumplir con la anterior prevención, este Juzgador tendrá por no presentada la demanda de derechos intentada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le previene para que exhiban las copias necesarias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia; con la finalidad de distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para la tercero interesada (si lo hay), dos para el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la adscripción. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con registro de su cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlo como autorizado en términos amplios. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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