Julio Cesar Romero Escobedo
Expediente 910/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio Cesar Romero Escobedo
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el catorce de octubre del año en curso, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, inciso e) , y 86 , de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, el mismo ES susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en la presente ejecutoria, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable, pues éste no le causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: ÚNICO. Por las razones apuntadas en esta sentencia, SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por **, contra el acto atribuido a las autoridades precisadas en el considerando cuarto del presente fallo.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibidos el oficio y la copia fax del oficio signados respectivamente por el Encargado de la Jefatura de la Célula Especializada en Mandamientos Judiciales y Jefe de Célula ambos de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, otorgando valor probatorio pleno al último de los oficios citados, de conformidad con el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la legislación invocada, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de los Jefes de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y Especializado en Mandamientos Judiciales, residentes en esta ciudad, denominaciones correctas de las autoridades que el quejoso señaló como "Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado" y "Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado", ambos con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de control y asígnesele el número 910/2019-IV.1, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, tomando en consideración que del capitulado de antecedentes del acto reclamado, en los que bajo protesta de decir verdad el peticionario de amparo refirió que el día treinta de septiembre del año en curso, vecinos y familiares le informaron que acudieron a su domicilio elementos de la Policía Ministerial del Estado, con el fin de cumplimentar una orden de aprehensión y/o reaprehensión y o/o detención en su perjuicio; por tanto, se tiene como acto reclamado únicamente la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento. Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII constitucional, 48 y 51 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112, 115 y 126 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos de los Jefes de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y Especializado en Mandamientos Judiciales, residentes en esta ciudad. Pídase su informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento al que en que surta efectos la legal notificación del presente proveído; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibidas que de ser omisas en rendirlo, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el quinto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en caso de ser cierto el acto que se les atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias de las que deriva el acto reclamado; o bien, manifiesten el impedimento legal que tuvieren para ello. Se requiere a las partes que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 y 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se les impondrá a una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia, conforme al decreto aludido en líneas precedentes. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponda. En ese orden, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que Julio César Romero Escobedo, no sea detenido con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de la quejosa si se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por la peticionaria del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis cuyo texto y rubro son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este juzgado federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene al quejoso señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ***, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Asimismo, se les tiene autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, en los términos más amplios del numeral 12 de la Ley de amparo; a ***, términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral citado, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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