Julio Cesar Gutierrez Granados
Expediente 1119/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio Cesar Gutierrez Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional se decretó para el siguiente efecto: OCTAVO. Concesión y efectos del amparo. Consecuentemente, el acto aquí reclamado resulta violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad: Deje insubsistente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado ***, de la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad personal y la reparación del daño, a fin de otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal **/2015, seguida en su contra, con el apercibimiento que de no exhibir el numerario citado en el plazo de tres días, se girara orden de reaprehensión. Resolución que mediante proveído de nueve de febrero del dos mil dieciocho, se declaró que causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad. En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que que la Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad dejara insubsistente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado ***, respecto la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad personal y la reparación del daño, a fin de otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal **/2015. En atención a lo anterior, la autoridad responsable remitió el oficio registrado con el número 1229, para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria, en el cual adjuntó copia certificada del auto de catorce de febrero del presente año, en el cual dejó insubsistente el auto veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado *** sobre la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad provisional y la reparación del daño, para otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal **/2015 que se le sigue en su contra, asentando en dicho proveído: Por último y en acatamiento a la resolución de amparo y toda vez que el inculpado *** está en libertad, la cual se encuentra restringido con motivo del auto de formal prisión decretado en su contra en fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, confirmado por el Tribunal de Alzada dentro del Toca 45/2016 siendo que se interpuso el Amparo Indirecto contra la resolución de Alzada en la que se sobreseyó en fecha 06 seis de Julio del 2016 dos mil dieciséis, interponiéndose recurso revisión mismos que en fecha 25 veinticinco de mayo del 2017 dos mil diecisiete confirma la sentencia recurrida; en este orden de ideas, este órgano Jurisdiccional considera pertinente hacerle saber al inculpado *** que tiene derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal apartado A, fracción I aplicable al Sistema Tradicional, debe atenderse congruentemente con los alcances de una garantía adecuada, es decir, la libertad provisional bajo caución e un beneficio que el procesado puede hacer valer como parte de su defensa, en el momento y por la vía que el mismo elija dentro de las alternativas que establece la ley, ya que dejo de tener efectos la suspensión que le fue concedida conforme a la cual se encontraba a disposición del Juez de Amparo respecto a su libertad personal y a disposición de éste Juzgado por lo que hace a la continuación del proceso. Ante ello, el procesado *** queda nuevamente sometido a la jurisdicción de éste Juzgado por lo que hace a su libertad se refiere, a fin de continuar con la secuela procesal y seguir con la prosecución judicial dentro del presente juicio en la etapa en la que en su momento subsistió el mismo, ya que la continuación del proceso es de orden público. En consecuencia, éste Juzgado determina que se debe informar al inculpado *** sobre los derechos que se le asisten en los términos del artículo 20 (veinte) de su apartado A en su fracción I (primera) de nuestra Constitución Federal. Por ende, se determina conceder al aludido inculpado un término de tres días contados a partir del día siguiente de su notificación, para que se presente ante este Jugado y comunique lo que sus interese legales convenga. Por otra parte agréguese el escrito de cuenta registrado con el número 1511, mediante el cual el quejoso ***, realiza las manifestaciones que se contra su ocurso en el cual refiere que la responsable no da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, ello en virtud de que dicho cumplimiento le resulta oscuro, impreciso y falto de claridad, al no haberse de su conocimiento que derecho al beneficio de la libertad bajo caución, ni se le requiere para que manifieste si es su deseo acogerse a él, así como primero deja sin efectos el auto de veinticuatro de noviembre de dos mi diecisiete y en el siguiente párrafo lo transcribe de nueva cuenta, únicamente agregando el supuesto cumplimiento. Las aseveraciones plasmadas por el quejoso resultan infundadas, lo anterior pues contrario a lo que señala el promovente, la autoridad únicamente estaba obligada a dejar insubsistente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado ***, de la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad personal y la reparación del daño, a fin de otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal **/2015, situación que así realizo, pues en el proveído de catorce de febrero pasado, en el cuarto párrafo, textualmente señala: En esa tesitura, se deja insubsistente la parte del auto de fecha 24 veinticuatro de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado *** sobre la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad provisional y la reparación del daño, para otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal **/2015 que s ele sigue en su contra. En virtud de lo antes señalado es que aun y cuando se haya transcrito de nueva cuenta el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, lo cierto es que únicamente debía dejarse sin efectos la parte antes referida, cuestión que así aconteció, sin que ello torne oscuro, impreciso y falto de claridad, el cumplimiento ahora analizado. Por lo que respecta a lo que refiere en el sentido de que no se le hizo de su conocimiento que el derecho al beneficio de la libertad bajo caución, ni se le requiere para que manifieste si es su deseo acogerse a él, dicha apreciación resulta errónea, pues del proveído de catorce de febrero pasado, en los últimos dos párrafos, textualmente señala: En consecuencia, éste Juzgado determina que se debe informar al inculpado *** sobre los derechos que se le asisten en los términos del artículo 20 (veinte) de su apartado "A" en su fracción I (primera) de nuestra Constitución Federal. Por ende, se determina conceder al aludido inculpado un término de tres días contados a partir del día siguiente de su notificación, para que se presente ante este Jugado y comunique lo que sus interese legales convenga. Lo anterior conlleva a que el quejoso debe acudir al contenido del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en virtud de que dicha disposición normativa es la aplicable al asunto en estudio, en la cual se precisa que: Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: (ADICIONADO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000) A. Del inculpado: (REFORMADA, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996) I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional; (REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) De lo anterior es que deriva que la responsable le otorgó el plazo de tres días, para que acudiera ante dicho juzgado a comunicar lo que a sus intereses legales conviniera, es decir, puede acudir por escrito o de manera personal a realizar las manifestaciones que considere pertinentes a fin de que la responsable pueda determinar lo conducente en torno a su libertad personal, a fin de continuar con la secuela procesal y seguir con la prosecución judicial dentro de la causa penal **/2015 que se le sigue en su contra, ya que la continuación del proceso es de orden público. Situación que resulta acorde con las consideraciones que fueron asumidas y plasmadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, al resolver la contradicción de tesis 124/2008-ps. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, emitiendo como jurisprudencia la registrada con el número 82/2009, Novena Época, con número de registro 165956, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia Constitucional, Penal, página 243, de rubro: LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO NO PUEDE CONCEDERLA DE OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20 APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). En virtud de lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo.Lo anterior es así, pues ha dejado insubsistente el auto veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado *** sobre la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad provisional y la reparación del daño, para otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal **/2015; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. En consecuencia, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó y se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. DEPURACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional y en la definitiva se niega y se concede de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dicha medida; ello, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa al archivo, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Incidental
RECEPCIÓN DE ESCRITO.- Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito; sin embargo, únicamente existe en la en la caja de valores el billete de depositó número ***, expedido a favor de ***, valioso por la cantidad de ***, expedido por Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C presentado el veintidós de diciembre pasado, mismo que la parte quejosa exhibió para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha en que se emite el presente proveído, el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido; toda vez que la sentencia emitida el veintidós de enero del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***, causo ejecutoria el nueve de febrero del presente año, y en el incidente de suspensión, se negó y se concedió la suspensión definitiva a ***. SE ACUERDA. Por tanto, al ser innecesaria su retención se deja a su disposición el billete de depósito, para que si considera oportuna su devolución, acuda ante este Juzgado Federal para dicho efecto, debidamente identificado preferentemente, los días viernes de nueve a catorce horas, con documento oficial con fotografía (credencial de elector), previa copia que de tal documento bancario se deje en autos. Bajo el entendido que de no hacerlo en el plazo de dos años computados a partir de que sea legalmente notificada del presente proveído, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, fracción IV, 35, 36, 37 y 38 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) en relación con los numerales 86 y 88, de la Ley de Amparo, contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintidós de enero del dos mil dieciocho, en la cual se decretó el sobreseimiento respecto del Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Julio Cesar Gutiérrez Granados, por lo que hace al Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad; por tanto con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional, procede a requerir el cumplimiento de la concesión de amparo emitida en el presente asunto, para lo cual es necesario precisar que la protección constitucional otorgada fue para los siguientes efectos: "Octavo. Concesión y efectos del amparo. Consecuentemente, el acto aquí reclamado resulta violatorio del derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad: Deje insubsistente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente en lo referente al requerimiento hecho al inculpado Julio Cesar Gutiérrez Granados, de la exhibición de diversas cantidades para garantizar su libertad personal y la reparación del daño, a fin de otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal 88/2015, seguida en su contra, con el apercibimiento que de no exhibir el numerario citado en el plazo de tres días, se girara orden de reaprehensión; y," En consecuencia, de conformidad con lo que establece el numeral 192 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, requiérase a la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, para que en el improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente acuerdo, de cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el término concedido para tal efecto, se procederá conforme lo establece el artículo 193 de la legislación invocada, esto es, se le impondrá una multa que se determinará desde luego y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En último orden, tomando en consideración que dicha responsable goza de autonomía e independencia en su actuar; no es el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico, atendiendo lo plasmado de manera específica en la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, al resolver el Amparo en Revisión Administrativo número 6/2016, interpuesto en los autos del juicio de amparo 931/2015, del índice de este Juzgado Federal, quien refirió que toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía (autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones), no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.Por último, toda vez que la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, adjuntó su informe justificado el duplicado de la causa penal 88/2015, con las que se formaron seis tomos de pruebas, devuélvanse dichas documentales a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo condigno.
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