Julio César Razo Magaña
Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Razo Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b)y c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso JULIO CÉSAR RAZO MAGAÑA, no realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 979 a 997), dictada en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JULIO CÉSAR RAZO MAGAÑA, para el efecto de que la autoridad Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1)Deje insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal I-317/2015, a través de la cual confirmó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, dentro del procedimiento ordinario de ejecución I-104/2015, que declaró improcedente la reducción de la pena por pago de la reparación del daño, dentro del proceso penal número 183/2008-III, instruido en contra del aquí quejoso. 2) Dicte una nueva resolución en la cual resuelva de nueva cuenta el recurso de apelación que le fue planteado, prescindiendo de la exigencia que hizo en el sentido de que: ". no obra una determinación emitida por personal capacitado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", en la cual se haga referencia a que en virtud de los medios facilitados al sentenciado, tiene la aptitud y voluntad de vivir en sociedad, es decir, reinsertado socialmente. No obra documento idóneo de la administración penitenciaria que así lo ponga de manifiesto y por ende, no se cumple a cabalidad con el requisito de que estén garantizados los principios de reinserción social...". Y, con libertad de jurisdicción, nuevamente analice los agravios materia del recurso de apelación, ponderando integralmente los elementos allegados al expediente para forjarse convicción sobre la viabilidad de la reinserción social del sentenciado, ahora quejoso, como resultado del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, esto es, nuevamente analice las pruebas que sobre esas actividades realizó el aquí quejoso y determine si constituyen elementos objetivos suficientes para garantizar los principios de reinserción social en este nuevo paradigma del derecho penitenciario a que se hizo alusión en esta ejecutoria. Lo anterior, en la inteligencia que el sustitutivo de reducción de la pena únicamente implica que aquellos sujetos condenados por determinados delitos, que a juicio del juzgador y con elementos objetivos suficientes, garanticen los principios de reinserción social, o bien, que con su liberación no se ponga en riesgo la paz y la tranquilidad social, atendiendo a las características bajo las cuales cometieron el delito y que además acrediten haber cubierto el monto total de la reparación del daño, puedan ser excarcelados anticipadamente, siempre y cuando los días compurgados, más el diez por ciento al que tendría derecho por la concesión de dicho sustitutivo, sean suficientes para cubrir el total de la pena impuesta al sentenciado. De ahí que el otorgamiento de dicho sustitutivo, no necesariamente implicará la inmediata libertad del reo, ni la extinción de la pena. Finalmente, en atención a la concesión del amparo, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos de los conceptos de violación, porque cualquiera que fuera la conclusión a la que se arribara, no cambiaría el sentido de este fallo.". 2) En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (foja 1011 a 1013), quien realizó lo siguiente: Mediante oficio 650/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el uno de junio de dos mil dieciocho, informó que auxilió a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que la Secretaria de Acuerdos Encargada de la misma no se encontraba facultada para resolver cuestiones incidentales o definitivas, para lo cual formó el cuaderno IX-22/2017, para la prosecución del procedimiento, así como que el once de mayo del año en curso, devolvió el toca respectivo a la sala de origen, en conjunto con sus cuadernos de amparo, para el cumplimiento debido a la ejecutoria del presente juicio amparo. En atención a lo anterior, el ahora Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector: I. Mediante oficio número 346/2018, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cinco de junio de dos mil dieciocho, en la que, con libertad de jurisdicción que se le dejó para que nuevamente analizara el recurso de apelación, estimó fundado el agravio expresado por la defensa del quejoso Julio César Razo Magaña, respecto de la determinación sobre la reducción de la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, inherente al beneficio previsto por el artículo 163 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, porque revocó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, que declaró improcedente la solicitud para reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, bajo la siguiente consideración: "II. Se estima fundado el agravio expresado por la defensa de Julio César Raza Magaña, respecto a la determinación sobre la reducción de la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, inherente al beneficio previsto por el artículo 163 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, lo que propicio innecesario analizar los demás agravios que expresó, por derivar de dicho disenso. III. En consecuencia, se revoca el auto impugnado de fecha 4 de junio de 2015, en el cual se declaró improcedente la solicitud de reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño, dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, que remite el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, Michoacán, derivado del proceso penal número 183/2008 [tramitado ante el juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia penal de este distrito judicial de Morelia, Michoacán], instruido a Julio César Razo Magaña, por la comisión de los delitos de homicidio y robo calificados, en agravio de Juan Guzmán Avilés, para ahora resultar procedente la solicitud de reducir a pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, en los términos indicados. Sin que lo anterior implique la libertad del sentenciado, ni la extinción de la pena de prisión antes aludida, sino únicamente de la determinación de su reducción en los términos especificados antes, específicamente, porque realizado un cómputo aritmético del tiempo transitado en prisión, de 9 años 11 meses 29 días, contrastados con la pena de prisión reducida de 18 años 8 meses 3 días, no ha cumplido ésta." Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, puesto que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante sentencia de cinco de junio del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal I-317/2015, a través de la cual se había confirmado el auto de cuatro de junio de dos mil quince, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia y dictó otra, con libertad de jurisdicción, en la que revocó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, que declaró improcedente la solicitud para reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, para ahora declarar procedente la solicitud de reducir la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, sin que ello implique la libertad del aquí quejoso, sino únicamente la determinación de la reducción. Por lo que este Juzgador, determina que la ejecutoria de amparo quedó cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase este expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso JULIO CÉSAR RAZO MAGAÑA, no realizó manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 979 a 997), dictada en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JULIO CÉSAR RAZO MAGAÑA, para el efecto de que la autoridad Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1)Deje insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal I-317/2015, a través de la cual confirmó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, dentro del procedimiento ordinario de ejecución I-104/2015, que declaró improcedente la reducción de la pena por pago de la reparación del daño, dentro del proceso penal número 183/2008-III, instruido en contra del aquí quejoso. 2) Dicte una nueva resolución en la cual resuelva de nueva cuenta el recurso de apelación que le fue planteado, prescindiendo de la exigencia que hizo en el sentido de que: ". no obra una determinación emitida por personal capacitado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", en la cual se haga referencia a que en virtud de los medios facilitados al sentenciado, tiene la aptitud y voluntad de vivir en sociedad, es decir, reinsertado socialmente. No obra documento idóneo de la administración penitenciaria que así lo ponga de manifiesto y por ende, no se cumple a cabalidad con el requisito de que estén garantizados los principios de reinserción social...". Y, con libertad de jurisdicción, nuevamente analice los agravios materia del recurso de apelación, ponderando integralmente los elementos allegados al expediente para forjarse convicción sobre la viabilidad de la reinserción social del sentenciado, ahora quejoso, como resultado del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, esto es, nuevamente analice las pruebas que sobre esas actividades realizó el aquí quejoso y determine si constituyen elementos objetivos suficientes para garantizar los principios de reinserción social en este nuevo paradigma del derecho penitenciario a que se hizo alusión en esta ejecutoria. Lo anterior, en la inteligencia que el sustitutivo de reducción de la pena únicamente implica que aquellos sujetos condenados por determinados delitos, que a juicio del juzgador y con elementos objetivos suficientes, garanticen los principios de reinserción social, o bien, que con su liberación no se ponga en riesgo la paz y la tranquilidad social, atendiendo a las características bajo las cuales cometieron el delito y que además acrediten haber cubierto el monto total de la reparación del daño, puedan ser excarcelados anticipadamente, siempre y cuando los días compurgados, más el diez por ciento al que tendría derecho por la concesión de dicho sustitutivo, sean suficientes para cubrir el total de la pena impuesta al sentenciado. De ahí que el otorgamiento de dicho sustitutivo, no necesariamente implicará la inmediata libertad del reo, ni la extinción de la pena. Finalmente, en atención a la concesión del amparo, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos de los conceptos de violación, porque cualquiera que fuera la conclusión a la que se arribara, no cambiaría el sentido de este fallo.". 2) En acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (foja 1011 a 1013), quien realizó lo siguiente: Mediante oficio 650/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el uno de junio de dos mil dieciocho, informó que auxilió a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, toda vez que la Secretaria de Acuerdos Encargada de la misma no se encontraba facultada para resolver cuestiones incidentales o definitivas, para lo cual formó el cuaderno IX-22/2017, para la prosecución del procedimiento, así como que el once de mayo del año en curso, devolvió el toca respectivo a la sala de origen, en conjunto con sus cuadernos de amparo, para el cumplimiento debido a la ejecutoria del presente juicio amparo. En atención a lo anterior, el ahora Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector: I. Mediante oficio número 346/2018, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cinco de junio de dos mil dieciocho, en la que, con libertad de jurisdicción que se le dejó para que nuevamente analizara el recurso de apelación, estimó fundado el agravio expresado por la defensa del quejoso Julio César Razo Magaña, respecto de la determinación sobre la reducción de la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, inherente al beneficio previsto por el artículo 163 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, porque revocó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, que declaró improcedente la solicitud para reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, bajo la siguiente consideración: "II. Se estima fundado el agravio expresado por la defensa de Julio César Raza Magaña, respecto a la determinación sobre la reducción de la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, inherente al beneficio previsto por el artículo 163 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, lo que propicio innecesario analizar los demás agravios que expresó, por derivar de dicho disenso. III. En consecuencia, se revoca el auto impugnado de fecha 4 de junio de 2015, en el cual se declaró improcedente la solicitud de reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño, dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, que remite el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, Michoacán, derivado del proceso penal número 183/2008 [tramitado ante el juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia penal de este distrito judicial de Morelia, Michoacán], instruido a Julio César Razo Magaña, por la comisión de los delitos de homicidio y robo calificados, en agravio de Juan Guzmán Avilés, para ahora resultar procedente la solicitud de reducir a pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, en los términos indicados. Sin que lo anterior implique la libertad del sentenciado, ni la extinción de la pena de prisión antes aludida, sino únicamente de la determinación de su reducción en los términos especificados antes, específicamente, porque realizado un cómputo aritmético del tiempo transitado en prisión, de 9 años 11 meses 29 días, contrastados con la pena de prisión reducida de 18 años 8 meses 3 días, no ha cumplido ésta." Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, puesto que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante sentencia de cinco de junio del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal I-317/2015, a través de la cual se había confirmado el auto de cuatro de junio de dos mil quince, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia y dictó otra, con libertad de jurisdicción, en la que revocó el auto de cuatro de junio de dos mil quince, que declaró improcedente la solicitud para reducir la pena de prisión por haber cubierto la reparación del daño dictado dentro del cuaderno de ejecución I-104/2015, para ahora declarar procedente la solicitud de reducir la pena de prisión por haberse cubierto el pago de la reparación del daño, sin que ello implique la libertad del aquí quejoso, sino únicamente la determinación de la reducción. Por lo que este Juzgador, determina que la ejecutoria de amparo quedó cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase este expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese el oficio número 346, signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguense los oficios número 649/2018, con firma autógrafa y recibido vía correo electrónico, signados por la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales, en atención al requerimiento realizado en auto de treinta de mayo del año en curso, informa que el once de mayo de dos mil diecisiete se devolvieron los autos del toca de apelación I-317/2015, a la Segunda Sala Penal de ese Tribunal, en razón a que ya cuenta con Magistrado Titular, quien el doce de mayo del mismo año se avocó al cumplimiento del mismo, motivo por el cual la autoridad oficiante remitió el oficio 7989 y sus anexos, a la citada Segunda Sala Penal, para que esta última dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio vía correo electrónico, ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente".
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