Julio César Orantes Ávalos
Expediente 1050/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Orantes Ávalos
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del ocho al catorce de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que haya presentado, si así lo hizo, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
....Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve...Agréguese a los autos el escrito que suscribe Leumin Vera Medina, el apoderado del quejoso ***, a través del cual en cumplimiento a la prevención realizada a su demanda el veintisiete de septiembre pasado (fojas 44-47), precisa los actos que en esta instancia constitucional reclama a cada una de las autoridades responsables. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda, así como del citado escrito aclaratorio y de los anexos se obtiene que los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en: De la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a) El acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio administrativo JA-0387/2015-I, por el que se requiere al quejoso para que exhiba en los domicilios particulares de los actores los recibos bimestrales por el cobro del servicio de agua potable, rinda informe sobre los pagos efectuados por éstos últimos por el término de cinco años anteriores a la fecha en que se emitió la ejecutoria, así como el estado de cuenta de cada uno de ellos, debiendo hacer las modificaciones por las diferencias entre la tarifa nivel 3 y la tarifa nivel 1, apercibiéndolo con multa y en su caso, precedería a la destitución del cargo e inclusive su consignación. b) La aplicación del artículo 285, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Del Poder Ejecutivo, Secretario de Gobierno y Director General del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Michoacán: c) La promulgación y publicación de los artículos 202, 281, 284 y 285, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Actos respecto de los cuales este juzgador advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Del dispositivo legal transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia Así, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracciones IV y V, ésta última interpretada en sentido contrario y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que prevén: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada dentro del procedimiento, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, u ordena el archivo del asunto como totalmente concluido. Así También, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En ese orden de ideas, el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco es un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el acto reclamado por la parte quejosa tuvo su génesis en el auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en etapa de ejecución de sentencia por la Primera Sala Administrativa Ordinaria en el expediente JA-0387/2015-I en el que el quejoso figura como parte demandada, por el que se le requirió para que exhibiera en los domicilios particulares de los actores, los recibos bimestrales por el cobro del servicio de agua potable, rindiera informe sobre los pagos efectuados así como el estado de cuenta de cada uno de los actores, debiendo hacer modificaciones ahí señaladas; con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedor a una multa, destitución de su encargo o su consignación penal. Como se advierte, el acto reclamado fue dictado por la Sala responsable para lograr el debido cumplimiento de la sentencia, sin que constituya la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la misma o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o en la que se ordene el archivo definitivo del expediente, de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Por lo que, en principio el juicio biinstancial sólo podrán promoverlo contra la última actuación dictada en esa fase ejecutiva, por ende, los actos que aquí reclaman, no pueden ser estudiados a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culiminatoria, momento en que válidamente podrán impugnar todas las violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, les hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Así, toda vez que los actos de los que se duele son actuaciones que están íntimamente vinculadas con las actuaciones que tienen como finalidad directa e inmediata lograr la ejecución de la sentencia en el juicio natural, esto es, se encuentran relacionadas directamente con la cosa juzgada; por eso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo que aquí se estudia, pues dicha resolución no puede considerarse como la última pronunciada en el procedimiento de ejecución, la cual, como se dijo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o en las que se ordena el archivo definitivo del expediente. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, contra el apercibimiento de multa, destitución del cargo o consignación del cargo, es improcedente el juicio de amparo en virtud de que dicho apercibimiento no es un acto considerado actual o inminente, uno de los elementos necesarios para la procedencia del juicio de amparo biinstancial [elemento inmerso en el primer párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo]. Ello atento a que dicho acto no produce en la esfera jurídica del quejoso una afectación que sea de ejecución irreparable, sino únicamente la posibilidad de que ello ocurra. Más aun, debe decirse que el acto reclamado no le reviste el carácter de imposible reparación, pues su configuración está condicionada a que el quejoso cumpla o no con el requerimiento formulado así como la voluntad de la responsable de hacer efectivos dichos apercibimientos, por tanto su realización es futura e incierta. Lo anterior, se explica en virtud de que la multa, destitución del cargo o consignación del cargo con que se le apercibió al quejoso es un acto de naturaleza futura e incierta el cual en palabras llanas depende directamente de su actitud que tome respecto de lo ordenado por la Sala responsable dentro del juicio subyacente. Además que el juicio de amparo únicamente procede contra actos actuales e inminentes conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y en ese contexto dicho acto tampoco constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición multa, destitución del cargo o consignación del cargono se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con los requerimientos formulados, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, esta última interpretada a contrario sensu y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa del ocursante. No es óbice, para estudiar lo anterior la circunstancia que el quejoso reclame la inconstitucionalidad de los artículos 202, 281, 284 y 285, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, toda vez que el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, procede en la vía indirecta siempre y cuando cause un perjuicio de imposible reparación, lo que en la especie, según lo asentado en líneas precedentes no acontece. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que a la fecha ha concluido el término de dos años concedido a los quejosos y depositantes ..., en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, para que comparecieran ante este órgano jurisdiccional a recoger los billetes de depósitos ..., expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, valiosos cada uno por la cantidad de ..., respectivamente, mismos que exhibieron para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, sin que a la fecha hayan acudido a recogerlos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y, por tanto, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción de los billetes de depósito de referencia, a favor del erario federal. Por tanto, remítanse a la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, los aludidos billetes de depósito, para que su importe sea aplicado a favor del Erario Federal, no así al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, esto porque atendiendo a lo establecido en el artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos recursos no integran el patrimonio del Fondo; solicitando al titular de esa dependencia, se sirva acusar el recibo correspondiente para que obre constancia en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
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