Julio César Portilllo Espinoza y Otros.

Expediente 799/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
799/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2016

Partes del expediente

  • Julio César Portilllo Espinoza
  • Julio César Portilllo Espinoza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito del quejoso Julio Cesar Portillo Espinoza, por el que solicita la devolución del escrito, el cual anexó a su escrito de demanda de amparo, en copia simple con sello original; en tales condiciones, previo folio de sustitución, devuélvase al promovente la documental de referencia; teniéndose por autorizados para recibirla, a las personas que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos.

  2. Principal

    MESA IIB Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de abril del año en curso (fojas 6 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Julio César Portillo Espinoza; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por , contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 799/2016. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y documental anexa a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades, la falta de acuerdo y su notificación de su escrito de once de abril de dos mil dieciséis, presentado el doce siguiente, dentro del expediente penal 359/2016. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que versus el precisado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la falta de acuerdo al escrito de once de abril de dos mil dieciséis, recepcionado el doce siguiente, dentro del expediente penal 359/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, del que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a la petición realizada. En el caso, los artículos 546 fracción III, y 548 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, establecen que corresponde a las Salas, en su carácter de superior jerárquico, conocer del recurso de queja interpuesto contra los jueces por denegación de justicia relativo a la omisión de contestar el escrito del que se duele en esta instancia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra la falta de acuerdo al escrito de once de abril del año en curso, presentado en la Oficialía de Partes el día siguiente, es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que es una de las Salas Penales, quien debe conocer del recurso de queja que se interponga en contra del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, respecto de la denegación de justicia por la omisión de acordar el escrito de que se duele la parte quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, aprobada en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince (pendiente de publicación), de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA IV A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 233/2016 signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Juzgado Primero Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, por el que devuelve sin diligenciar el despacho 32/2016 del índice de este Juzgado, mediante el cual se le solicitó que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara al presente juicio constitucional al tercero interesado Luis Roberto Leal Díaz; háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales de este Juzgado.

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