JULIO CÉSAR PÉREZ FIGUEROA y Otros.

Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
247/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • CLAUDIA LIZBEHT PÉREZ ALTAMIRANO y Otros.
  • JULIO CÉSAR PÉREZ FIGUEROA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por ********************, autorizado legal de los quejosos; visto su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, devuélvasele las documentales que se acompañaron a la demanda de amparo; previa copia simple que de los mismos se deje en autos. Se tiene como autorizadas para recibirlas a las personas que indica previa identificación y razón que por su entrega se asiente en autos. En el entendido que se deberá tomar en cuenta que, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diverso Acuerdo 1/2022, en relación con el anexo 1 de este último, el personal de este órgano jurisdiccional labora con personal limitado en horario de nueve horas con quince minutos a quince horas quince minutos Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII MB San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales ""...."" generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************y********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales ********************y ********************(de los menores se omiten su nombre y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes impartan justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 247/2022. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, los promoventes del amparo reclaman del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México; Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca y Director de Conciliación para la Mejora del Sector Económico y de Infraestructura, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, lo siguiente: ".1).- La OMISIÓN de no realizar todos y cada uno de los actos a manera de que nos entreguen nuestra casa habitación que se ubica en Calle ******************** número ********************, Colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ya que tenemos necesidad de habitarla con nuestros menores hijos de iniciales ya citadas, y se han negado a ello, afectando los derechos de vivienda digna de los menores de edad y de los suscritos amparistas. 2).- La PASIVIDAD en que se encuentran incurriendo a la fecha, lo que ocasiona que no nos entreguen de manera INMEDIATA nuestra casa habitación que se ubica en Calle ******************** número ********************, Colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la consiguiente violación al interés superior del menor de que tengan una vivienda digna para su desarrollo emocional adecuado. 3).- Los daños y perjuicios que se han ocasionado con la omisión y pasividad de las autoridades citadas, al no entregarnos nuestra casa habitación que se ubica en Calle ******************** número ********************, Colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ya que tenemos conocimiento que la tercero interesada que la habitan con sus representados, la han deteriorado, así como que adeudan los pagos de luz eléctrica y agua potable; han realizado sin nuestra autorización contrato nuevo de servicio de luz eléctrica, lo que de suyo es un ilícito porque el contrato de luz es nuevo, al haberles cortado el suministro la Comisión Federal de Electricidad, al igual que el agua potable. Así como todas las consecuencias que se deriven, de los actos reclamados, entre otras, como el hecho de que no podemos habitarla en compañía de nuestros MENORES HIJOS, privándonos del derecho de USAR, DISFRUTAR Y DISPONER de la misma, para mayor COMODIDAD de nuestros menores hijos, en virtud de que ha existido una notoria y manifiesta dilación en la entrega de la misma. Ante la pasividad de los mismos de permitir, que se sigan, vulnerando nuestros derechos humanos, pero en específico de nuestros menores hijos.". Asimismo, es importante destacar que en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa, en lo que interesa, indicó: ".Los suscritos impetrantes somos personas que nos desempeñamos en labores propias de nuestra condición humana.- - - Contrajimos matrimonio y del mismo procrearnos dos hijos..Es el caso de que ante la situación económica precaria que hemos venido padeciendo, el segundo amparista en el año dos mil dieciséis, decidió poner en renta el inmueble de nuestra propiedad, y poder obtener un ingreso para nuestro sostenimiento provisional y de nuestros menores hijos, nos fuimos a un terreno dónde construirnos una casa provisional., en lo que nos recuperábamos económicamente, cuidando el terreno que es propiedad de la señora ********************.- - -Fue así como las responsables, se interesaron en el inmueble de nuestra propiedad, siendo de esa manera como el segundo de los impetrantes se lo renté por seis meses de manera verbal ya que según me dijeron que lo utilizarían como oficinas; sin embargo, nunca me dijeron que lo iban a utilizar como ALBERGUE para la tercera interesada y sus representados.- - - Al percatamos de lo anterior, y observar que llegaron a nuestra casa habitación personas de la etnia triqui, les pedí una explicación verbal a las responsables, de la forma de utilización de nuestra casa habitación, manifestándome que ellos vivirían de forma temporal, a lo que les dije que si ya que no lo iban a utilizar para oficinas, que únicamente se lo rentaba por un plazo improrrogable de SEIS MESES, ya que consideraba que era el tiempo necesario para recuperarme económicamente y nos fuimos a vivir a un terreno dónde construimos una casa provisional.. lugar en donde nos encontramos actualmente viviendo con mi señora madre de la tercera edad...lugar en dónde nos prestaron el terreno y fue así que construimos una casa PROVISIONAL de tabla roca, pero ya nos lo están pidiendo y no tenemos a donde irnos a vivir.". Ahora bien, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, establece lo siguiente: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Por su parte, el numeral 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte: De la transcripción anterior, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernado se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra o subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídica a su poder de imperio. Ahora el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implican los derechos humanos. Es decir, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado, precisamente, en razón de la naturaleza de la relación entre gobernados y gobernante, en el que se manifiestan los derechos públicos que la Carta Magna establece como limitantes a la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, coincidiendo, por tanto, el concepto de autoridad referido con el de los sujetos pasivos de la relación jurídica que los derechos humanos implican, pues la autoridad en los términos que han quedado definidos, es la obligada en una relación de supra a subordinación a respetar tales derechos públicos subjetivos. De donde se sigue que los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, por lo que resulta indispensable que el acto reclamado haya sido emitido por el servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación. En la especie, del escrito de demanda se advierte que en el año dos mil dieciséis uno de los amparistas rentó el inmueble ubicado en Calle ******************** número ********************, Colonia ********************, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lo anterior pone de manifiesto que si el quejoso no elevó su petición a las responsables, en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúa como particular, resulta inconcuso que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1º, fracción I, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. En ese orden de ideas y al actualizar en el caso una causal de notoria e indudable improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. representante común Ahora bien, con fundamento en el numeral 13 de la ley de la materia, como lo solicitan los quejosos, se tiene como representante común de los mismos a ********************, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, por contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y a la restante persona únicamente se le tiene por autorizada para recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cedula profesional en el aludido sistema computarizado. Autorización de expediente electrónico Por otra parte, respecto a que se le autorice para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir las notificaciones que deriven del mismo, proporcionando para tal objeto el registro de usuario ********************; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. 2. Para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, realícense el alta correspondiente del citado usuario para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir las notificaciones correspondientes. Con independencia de lo anterior y toda vez que la parte quejosa también señala domicilio para recibir notificaciones personales el que indica en su escrito de demanda, por tanto, se le precisa que las notificaciones que se ordenen practicar en ese domicilio, únicamente se efectuaran ante una eventual imposibilidad material de notificarle vía electrónica o dada las circunstancias del caso así lo amerite, ya que por la actual pandemia mundial generada por el virus denominado Covid-19, se está privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.

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