Julio César Pérez Villatoro

Expediente 944/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
944/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Julio César Pérez Villatoro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vistos; I. La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el acuerdo dictado el catorce de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. II. El escrito de cuenta, que es signado por +++, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Asimismo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, que obran glosado al presente expediente los documentos que anexó a su escrito inicial de la demanda; por lo que se le previene para que, a partir de quedar legalmente notificado de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, los mismos correrán la suerte del presente expediente. Ahora, a satisfacción del ocursante y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso e), del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021, en su rubro "modelo de atención presencial basado en citas", que señala que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ". Por tanto, se fijan las nueve horas con treinta minutos del TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la cita a fin de acceder a este Juzgado para revisar físicamente el presente expediente y obtener las copias certificadas solicitadas. Asimismo, hágase del conocimiento al promovente la presente determinación, así como la obligación que tiene de comparecer identificado ante este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, sito en boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, Edificio "B", colonia Las Palmas, edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, para llevar a cabo la cita referida para devolución de documentos; anexándose para tal efecto, una impresión del acuse de confirmación de cita folio 85944/2022, con el código QR que deberá traer para que pueda permitírsele el acceso a este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo en la hora y fecha señaladas, se considerará no es su deseo recoger los documentos puestos s su disposción. En ese sentido, conforme con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General número 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, las citas durarán máximo veinticinco minutos. -MEDIDAS QUE DEBEN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Por otra parte, tocante al punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta y en atención a su contenido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintidós. REGISTRO Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por +++, contra los actos del Director de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Se ordena formar el expediente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 944/2022-IX y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DEAMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura al escrito de la demanda, se advierte que Julio César Pérez Villatoro, reclama actos del Director de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, que hace consistir en lo siguiente: Falta de notificación de la orden de verificación del consumo del servicio de energía eléctrica de la casa habitación ubicada en calle Vista Hermosa, número 780, entre las calles San Agustín y Chihuahua, colonia Plan de Ayala, de Tuxtla Gutiérrez; La orden de ajuste en el monto del consumo del servicio de energía eléctrica de la casa habitación ubicada en calle Vista Hermosa, número 780, entre las calles San Agustín y Chihuahua, colonia Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez; La orden de corte del servicio de energía eléctrica de la casa habitación antes descrita; Orden de cobro por ajuste de facturación por la cantidad de $36,924.00 (treinta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional); y La ejecución de la orden de corte del servicio de energía eléctrica ya referido. Expuesto lo anterior, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones, a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis de epígrafe siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente tratándose de actos u omisiones de una autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, relaciones caracterizadas por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir en: Falta de notificación de la orden de verificación del consumo del servicio de energía eléctrica de la casa habitación ubicada en calle Vista Hermosa, número 780, entre las calles San Agustín y Chihuahua, colonia Plan de Ayala, de Tuxtla Gutiérrez; La orden de ajuste en el monto del consumo del servicio de energía eléctrica de la casa habitación ubicada en calle Vista Hermosa, número 780, entre las calles San Agustín y Chihuahua, colonia Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez; La orden de corte del servicio de energía eléctrica de la casa habitación antes descrita; Orden de cobro por ajuste de facturación por la cantidad de $36,924.00 (treinta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional); y La ejecución de la orden de corte del servicio de energía eléctrica ya referido. Así, los actos reclamados derivan esencialmente por la orden de verificación; ajuste; corte y de cobro del servicio de energía eléctrica. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el ajuste, corte y cobro de energía eléctrica generen que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquella que señala como responsables derivadas de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." y la jurisprudencia 2a./J.156/2017 (10a.), de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Ahora bien, no se soslaya que el primero de los criterios jurisprudenciales antes mencionados, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Por lo tanto, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. No pasa desapercibido para órgano jurisdiccional la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto, donde la Suprema Corte ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), ya citados, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya que en ellos la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Director de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otra. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en avenida Pachuca, número 413, fraccionamiento Residencial Hacienda, de Tuxtla Gutiérrez. Se tiene como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique González de la Cruz, toda vez que se encuentra inscrita su cedula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Asimismo, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado del quejoso a José Manuel Ramos Hernández, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de la demanda. VI. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Por cuanto a la solicitud del uso de medios electrónicos, se autoriza para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que para respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, si este Juzgado de Distrito atendiera una solicitud de información, conforme al artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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