Julio César Pérez Bautista
Expediente 1308/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Julio César Pérez Bautista
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; mismo que quedó registrado bajo el número 290/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad informando la admisión del recurso en cita y acusando el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las anotaciones en los libros electrónicos correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado por el quejoso Julio César Pérez Bautista, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de agosto del año en curso, por el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo; asimismo, designa a ********************, como autorizado en términos amplios, y a ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones; además, proporciona domicilio, correo electrónico y solicita el uso de medios electrónicos. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos copia del escrito de cuenta. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el ocursante. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO el acto materia de la queja; es así, ya que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Por tanto, remítase de inmediato el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación y resolución del mismo. Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que en actuación inicial de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, quedó debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este cuaderno principal de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24, a ********************. Finalmente, respecto de las demás peticiones, consistentes en los autorizados -tanto en términos amplios como restringidos-, así como el uso de medios electrónicos, dígase que se esté a lo acordado en auto de veinticuatro de agosto de la actual anualidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista, la demanda de amparo promovida por Julio César Pérez Bautista, contra actos del Juez de Control Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado bajo el número 1308/2023-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al Secretario del Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama del Juez de Control Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad, lo siguiente: La resolución incidental de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida en audiencia intermedia, dentro de la causa penal 176/2023, que declaró improcedente el incidente relativo a la variación de hechos expresados en la acusación contenidos en el auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de mayo de la actual anualidad. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En el presente asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que, es obligatorio para el quejoso acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, es la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En efecto, del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, que debe entenderse como un principio de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado, con la excepción en los casos de terceros extraños a juicio, o cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Ahora, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen. De los citados numerales se advierte que en materia penal, específicamente dentro del sistema penal acusatorio que rige actualmente a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, conforme al procedimiento estatuido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente el recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones emitidas en el trámite, sin sustanciación, mismas que pueden ser impugnadas ante el propio órgano judicial que las dictó, ya sea por escrito o en la propia audiencia, según corresponda, en los términos y plazos ahí indicados, con el objeto de revocarlas o modificarlas. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2019, estableció que el recurso de revocación procede contra determinaciones dictadas por la autoridad judicial, en la etapa de investigación, en la intermedia, o en la de juicio, y la resolución impugnada debe cumplir con dos requisitos; el primero, que atañe a cuestiones de mero trámite, es decir, aquellas que no resuelven el fondo del asunto; y, el segundo, que sean resueltas sin sustanciación. Respecto del primer requisito, señaló que las actuaciones de mero trámite son aquellas que no implican un importante y trascendente juicio de valoración, esto es, no resuelven la litis o el fondo del asunto, porque se trata a cuestiones del desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. En lo atinente al segundo requisito, consistente en que el recurso de revocación procederá contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, la Primera Sala entendió que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido; esto es, que son resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. Dicho lo anterior, se afirma que contra lo resuelto en la resolución incidental de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia intermedia llevada a cabo dentro de la causa penal 176/2023, en la que se declaró improcedente el incidente de variación de los hechos, es procedente interponer el medio ordinario de defensa que le otorga la ley de la materia, esto es, el recurso de revocación previsto en el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no resuelve el fondo de la causa penal de origen, pues se trata de un incidente y el mismo fue resuelto de plano sin agotar una tramitación especial que fuera establecida en la ley adjetiva. Por tanto, se colige que respecto de dicho acto es improcedente el juicio de amparo, ya que como se advierte de lo antes expuesto, en el caso a estudio, procedía el recurso de revocación, y al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, es evidente que se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que a través de dicho medio de impugnación se tiene la oportunidad de que se confirmara, modificara, revocara o nulificara el acto que reclama, lo que debió hacer valer ante la autoridad del conocimiento en la propia audiencia, como lo prescribe el artículo 466, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no impugnarlo a través del juicio constitucional biinstancial. Esto es, previamente a la promoción de la demanda de amparo debió combatir esa determinación mediante el recurso ordinario que prevé la ley de la materia; esto es, a través del recurso de revocación regulado por los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, en la legislación aplicable no existe precepto legal alguno que niegue la procedencia de ese medio de impugnación en contra del acto que se analiza en este considerando. Resulta aplicable la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Finalmente, tampoco se está en la hipótesis prevista en la última parte de la supracitada fracción XVIII, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro en determinar que dicho recurso de revocación debe interponerse contra las resoluciones de mero trámite, lo cual acontece en el caso, además, el promovente es imputado dentro de la causa penal de origen. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la amparo promovida por Julio César Pérez Bautista, contra lo resuelto en la resolución incidental de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro de la causa penal 176/2023, en la que se declaró improcedente el incidente de variación de los hechos expresados en la acusación contenidos en el auto de vinculación de veintidós de mayo de la propia anualidad, que reclamó del Juez de Control Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Julio César Pérez Bautista; por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO, AUTORIZADOS, ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. Se tienen como autorizado del quejoso, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isidro Hernández Pérez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación; y en términos restringidos a que alude el citado dispositivo, a Diego Hernández Pérez, Gibran de Jesús Hernández Murillo y Deysi Esperanza Tetumo Verdi, por así haberlo solicitado. Atento, a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "ALFRAM", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Tocante al correo electrónico (isidro_abogado@homail.com) y número telefónico (96111945120) que proporciona, tómese nota de los mismos, para que en su caso, este órgano jurisdiccional entable comunicaciones no procesales con las partes. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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