Julio César Peña Salas
Expediente 315/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Peña Salas
- Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia civil en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Por medio de lista notifico a la parte tercero interesada LILIA EUGENIA PEÑA SALAS, el siguiente auto: Morelia, Michoacán, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del citado acuerdo. Original del incidente de suspensión. Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Devolución de documentos. Ahora bien, como de la certificación secretarial que antecede se advierte que a fojas nueve a quince obra en autos un documento original, consistente en un contrato de arrendamiento exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, como lo establece el citado acuerdo general conjunto 1/2009, en el capítulo quinto, del punto vigésimo, último párrafo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la depuración del mismo, así como del expediente en que se actúa. Transferencia. Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.JCMZ
- Principal
Por medio de lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no existe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado billete de depósito relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del citado acuerdo. Original del incidente de suspensión. Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Devolución de documentos. Ahora bien, como de la certificación secretarial que antecede se advierte que a fojas nueve a quince obra en autos un documento original, consistente en un contrato de arrendamiento exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, como lo establece el citado acuerdo general conjunto 1/2009, en el capítulo quinto, del punto vigésimo, último párrafo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la depuración del mismo, así como del expediente en que se actúa. Transferencia. Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.JCMZ
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de once de octubre del año en curso, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Julio Cesar Peña Salas en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUDERNO DE PRUEBAS. Finalmente, hágase la devolución del cuaderno de prueba que el juez responsable adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio sumario civil 137/2018, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 315/2018, promovido por JULIO CÉSAR PEÑA SALAS, por su propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Julio César Peña Salas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Por auto de doce de abril de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número I-315/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada en términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los 35 y 37, de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama los actos siguientes: Del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad: a). El remate de la casa habitación ubicada en Circuito del Campestre número 1546, de esta ciudad, construida sobre el lote 29 de la manzana "B" del Club Campestre de Morelia; con motivo de lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario número 137/2016, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, respecto del cual el quejoso es tercero extraño; y, b). Como consecuencia de lo anterior, la orden de desocupación y entrega del mencionado inmueble. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial, ya que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió la responsable, consistentes en copia certificada del juicio sumario civil hipotecario 137/2016. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, analizar la causal de sobreseimiento que hace valer el apoderado del tercero interesado Eduardo Ortiz Arroyo, lo cual debe estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95." En el caso, el referido tercero interesado afirma que virtud a que el dieciocho de mayo del año en curso, se hizo entrega del inmueble al adjudicatario del mismo, el desposeimiento ahora reclamado por el inconforme quedó consumado y por tanto el presente juicio debe sobreseerse por haber quedado sin materia. En efecto, el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; " Sin embargo, en la especie no se actualiza dicha causal, porque al reclamarse el desposeimiento del inmueble en cita, al ostentarse tercero extraño al juicio, debe analizarse si los actos reclamados y el desposeimiento ejecutado violaron alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa; y si del análisis que se realice, resultare que así fue, el amparo solicitado podría en un momento dado concederse para que se le restituyera en sus derechos violados, recuperando incluso la posesión del inmueble en cita. De ahí que no se actualice la causal de improcedencia hecha valer por el aludido tercero. Al no advertirse que se haga valer alguna otra causa de improcedencia, procede analizar el fondo del asunto. SEXTO.- Antecedentes del juicio de origen. A efecto de dilucidar el asunto a estudio, primeramente se precisan los antecedentes del acto reclamado. Ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se substanció el juicio sumario civil hipotecario 137/2016, que sobre pago de pesos promovió Eduardo Ortiz Arroyo, por conducto de sus apoderados Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, frente a Lilia Eugenia Munguía González, donde ésta última reconvino la acción de contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable dictó sentencia en la que por un lado declaró improcedente la acción de nulidad de contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que en la vía de reconvención ejercitó Lilia Eugenia Munguía González, y por otro declaró procedente la acción que la parte actora promovió sobre cumplimiento de pago de pesos que ejercitó en la vía sumaria civil hipotecaria, frente a Lilia Eugenia Munguía González, por lo que se condenó a la misma al pago de la cantidad de $4,998,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y ocho mil pesos), por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses ordinarios. Inconforme con dicha determinación, en auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la apoderada de la demandada y actora en reconvención Lilia Eugenia Munguía González, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el expediente de origen 137/2016, del que correspondió conocer a la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien confirmó la sentencia apelada. Siendo así que por auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sexta Sala Civil precisó que se encontraba expedita la jurisdicción del juez de origen para ejecutar el acto reclamado, ya que la parte demandada en el juicio de origen Lilia Eugenia Munguía González, no solicitó la suspensión del mismo. Así, en data de trece de julio del año próximo pasado, se llevó a cabo la audiencia de remate, declarando fincado el mismo respecto del bien inmueble hipotecado a favor del aquí tercero con interés Eduardo Ortiz Arroyo. Posteriormente, el quince de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al apoderado de la parte demandada, interponiendo recurso de apelación contra dicha audiencia de remate, de la cual tocó conocer y resolver a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del toca I-287/2017, quien el veintiséis de septiembre de ese mismo año, confirmó esa audiencia. En auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, a petición de la actora, hoy tercero interesado, se ordenó requerir a la demandada Lilia Eugenia Munguía González, para que en el término de tres días otorgara voluntariamente la escritura del bien inmueble rematado, bajo apercibimiento que de no hacerlo se otorgaría en su rebeldía. En virtud de que la demandada no cumplió con el requerimiento antes referido, en auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, la responsable a petición de la parte actora aquí tercero interesado, ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Número 171, con ejercicio y residencia en esta ciudad, para la escrituración correspondiente. El quince de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable tuvo por recibidos los autos de la Notaria en cita, y se dio por enterado de la protocolización correspondiente. En veinte de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la demandada la entrega voluntaria del bien inmueble materia de reclamo en esta instancia constitucional. Finalmente, en virtud de que la parte demandada Lilia Eugenia Munguía González, no entregó voluntariamente el inmueble adjudicado al aquí tercero con interés Eduardo Ortiz Arroyo, en proveído de cuatro de abril pasado, la Juez responsable señaló día y hora para que personal de ese juzgado se constituyera en el domicilio calle Circuito del Campestre, número 1546, del fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, y llevara a cabo la diligencia de la entrega real y material del inmueble materia del litigio, ordenando poner en posesión real y material del inmueble a la parte vencedora, autorizándose en caso necesario el uso de la fuerza pública y la intervención de cerrajero. En cumplimiento a lo anterior, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se verificó la diligencia de lanzamiento respectiva y se puso en posesión del descrito inmueble al adjudicatario, hoy tercero interesado Eduardo Ortíz Arroyo SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia reproducida a continuación. "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. En la especie, el quejoso comparece ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la afectación a su derecho de posesión respecto del bien inmueble objeto del juicio sumario civil hipotecario 137/2016, promovido por los apoderados jurídicos de Eduardo Ortiz Arroyo frente a Lilia Eugenia Munguía González; al efecto aduce el quejoso que él tiene la posesión del bien inmueble materia de dicha controversia, por haber celebrado un contrato privado de arrendamiento el quince de julio de dos mil trece, con la demandada en el juicio de origen Lilia Eugenia Munguía González, por lo que debe respetarse su derecho de posesión y de preferencia para adquirir el inmueble. Ahora bien, como ya se puso de manifiesto en el considerando que antecede, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que efectivamente ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramita el juicio sumario civil hipotecario 137/2016, respecto del cual al aquí quejoso le resulta el carácter de tercero extraño, por no ser parte formal dentro del mismo. Así que, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas y, se ordenó que de no verificarse el pago, se procediera al remate del bien inmueble dado en garantía hipotecaria para que con su producto se hiciera pago a la acreedora, determinación que fue confirmada por el tribunal de alzada. En virtud a lo anterior, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se concedió a la parte demandada, hoy tercero interesada, el término de tres días para que se cumpliera voluntariamente con la sentencia, sin que así lo haya hecho, de ahí que el trece de julio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de remate, en la cual se adjudicó el inmueble hipotecado al hoy tercero interesado Eduardo Ortiz Arroyo. En auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete se ordenaron enviar los autos a la notaria a fin de que se realizara la escritura del bien inmueble adjudicado; mientras que el veinte de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la demandada entregara voluntariamente el inmueble y al no haberlo hecho, el cuatro de abril de este año, el juez responsable señaló fecha y hora a fin de que tuviera verificativo la diligencia de lanzamiento respectiva a fin de poner en posesión real y material del multicitado inmueble a la adjudicataria del mismo; lo cual aconteció el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. A efecto de acreditar el interés jurídico que le asiste, el quejoso acompañó al presente expediente tanto copia simple así como cotejada del contrato de arrendamiento de inmueble, del que se desprende que las características del mismo coinciden con el inmueble dado en garantía, donde se hizo constar el consenso de voluntades entre LILIA EUGENIA MUNGUIA GONZÁLEZ como arrendadora y JULIO CÉSAR PEÑA SALAS en cuanto arrendatario del inmueble ubicado en el número 1546 del Circuito Campestre, lote número 29 de la manzana "B" del Club Campestre fraccionamiento en Condominio de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Además, antes de iniciar el lanzamiento en la diligencia del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, Gustavo Cabrera Aceves apoderado de la parte demandada aquí tercero interesada LILIA EUGENIA MUNGUÍA GONZALEZ, exhibió el original de ese contrato privado de arrendamiento, momento de la diligencia en la que incluso se advierte se encontraba en posesión de ese inmueble el propio amparista JULIO CESAR PEÑA SALAS, quien permitió el acceso para la ejecución de la diligencia respectiva, en donde además se hizo constar que todo lo de valor y arte, el propio JULIO CESAR PEÑA, no permitió fuera inventariado, por manifestar que "de ello él se hacía cargo junto con sus familiares y sin que sea tocado por persona ajena; así como por objetos personales y ropa íntima". De igual forma la responsable hizo constar ". que en estos momentos es presente la demanda Lilia Eugenia Munguía González, manifestando que el señor Julio César Peña Salas que es su esposa y que ella procederá a guardar ropa y objetos personales e íntimos." Medios de prueba que tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°; en particular el contrato de arrendamiento al constituir documento privado de fecha cierta, al menos desde el quince de junio del dos mil quince, en que se exhibió para su cotejo ante el Notario Público Número 105, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lo que es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su suscripción y se emitió una copia certificada al respecto. Sirve de sustento la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 164080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 33/2010 Página: 314 DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él. Contradicción de tesis 122/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy. Tesis de jurisprudencia 33/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez." No obstante, es menester distinguir entre el valor probatorio que tiene el contrato de arrendamiento de fecha cierta y la eficacia jurídica del mismo, la cual se encuentra a debate bajo el principio de oponibilidad a terceros, para lo cual bajo ciertas disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en algunos supuestos requiere de ser registrado ante el Registro Público de la Propiedad. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos." Así tenemos que los artículos 32 fracción VI y 45 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, disponen lo siguiente. "Artículo 32. En el Registro Público se inscriben o anotan los derechos reales, los actos, contratos, diligencias y resoluciones siguientes: . VI. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período mayor de seis años y aquéllos en que hay anticipos de rentas por más de tres años; en estos casos, se consignará en la inscripción al arrendatario, el valor del arrendamiento, su duración y si el arrendatario queda o no facultado para subarrendar; ." "Artículo 45. Los derechos, actos, contratos y resoluciones que conforme a las leyes deban registrarse para producir efectos frente a terceros y no se registren, sólo producirán efectos entre las partes, pero no podrán producir perjuicios a terceros, el cual sí podrá aprovecharlo en cuanto le fueren favorables" Es decir tratándose de contratos de arrendamiento por un período mayor a seis años y también en aquellos que existan anticipos de rentas por más de tres años deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, con lo cual se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos y posibilita determinar si todo reclamo sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores al reconocimiento del derecho y la facultad de la actora de usar, disfrutar o disponer del mismo, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de eventos y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En esas condiciones, tenemos que el contrato cotejado ante notario y exhibido en la diligencia de lanzamiento ya señalada, en las cláusulas SEGUNDA y TERCERA, la hoy tercero interesada y el aquí quejoso pactaron, entre otros aspectos, lo siguiente: "SEGUNDA.- PAGO MENSUAL.- Ambos contratantes manifiestan que el precio de renga mensual es de $3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para los primeros 5 años, que deberán cubrirse en efectivo o cheque en el domicilio de la ARRENDADORA, realizando en este acto el pago de la cantidad de $204,000.00 doscientos cuatro mil pesos, importe de los primeros cinco años del arrendamiento, sirviendo de recibo de dicha cantidad la firma del presente contrato, por lo que respecta al importe de los tres años restantes de su vigencia, el precio se aumentará anualmente en el mismo porcentaje equivalente al que reporte el INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR) publicado por el Banco de México, siendo causa suficiente de recisión de contrato la falta de pago oportuno en tiempo y lugar de una o más mensualidades. TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO.- El arrendamiento es temporal, por 8 ocho años, el cual tiene el carácter de forzoso iniciando el día 15 quince de Julio del 2013 dos mil trece para concluir el día 14 catorce de julio del 2021.."" De lo transcrito se advierte que para que dicho pacto de voluntades surtiera efectos contra tercero era necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ello por encontrarse en la hipótesis ya transcrita del artículo 32 fracción VI de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, que es donde se celebró dicho pacto de voluntades, pues en el propio contrato se estableció que su plazo es mayor de seis años, pues se pactó por ocho anualidades y además, en ese momento el arrendatario pagó la suma correspondiente a los primeros cinco años del arrendamiento, supuesto en el cual era ineludible su registro para que fuera oponible a terceros. No debe desconocerse que la eficacia del acto jurídico celebrado, sin exigir los requisitos de que se viene hablando, conduciría ineludiblemente a socavar la certeza y seguridad jurídicas que se pretende exista en el tráfico inmobiliario, pues sin la intervención del fedatario o la publicidad lograda mediante las inscripciones registrales nadie estaría plenamente cierto de las operaciones efectuadas, las cuales sólo podrían constar a las partes. En consecuencia, es evidente que si bien el contrato de arrendamiento allegado al juicio de amparo por el quejoso, y exhibido ante la responsable en la diligencia del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en donde incluso se hizo constar la posesión detentada por el mencionado amparista respecto del inmueble del cual fue desposeído, es apto y suficiente para acreditar el interés jurídico que le asiste para acudir en demanda de la protección constitucional, no sucede lo mismo en cuanto a la eficacia jurídica de dicho documento para acreditar la afectación a su derecho sustantivo, con motivo de la tramitación del juicio de origen, ya que no es oponible a terceros. Ello ante la falta de cumplimiento de los requisitos legales que debe contener un acto traslativo de la posesión, como la que defiende el inconforme, para ser oponible a terceros, como lo es constar en documento público; lo cual no se observó ya que el contrato de arrendamiento, no se inscribió a efecto de dar publicidad, por lo que el mismo sólo vincula a las partes contratantes no así a los terceros, pues frente a ellos, ante la falta del cumplimiento de requisitos legales que erijan su oponibilidad, socaba la seguridad jurídica de los terceros ajenos a dicho consenso, como es el caso del tercero interesado. Luego, ante lo ya precisado, lo procedente es negar la protección constitucional instada por JULIO CÉSAR PEÑA SALAS, en contra de los actos que reclamó del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JULIO CÉSAR PEÑA SALAS, en contra de los actos que reclamó del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en los términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este juzgado Conste.
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