Julio César Mendoza Arévalo

Expediente 864/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
864/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Julio César Mendoza Arévalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado auto que sobreseyó fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra el proveído de dieciocho de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida determinación HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese.

  2. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 864/2018-X, promovido por Julio César Mendoza Arévalo, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente, asimismo CERTIFICO: La omisión de las autoridades responsables de rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificada para ello, tal y como consta de la cédula de notificación que obra en autos. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amaro téngase por realizada la relación de los informes previos recibidos con antelación y que obran ya en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Al no existir alegatos se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 864/2018-X; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Julio César Mendoza Arévalo solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento de la medida suspensional solicitada. Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Precisión del acto reclamado.- En ese tenor, la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo lo siguiente: a). Del Congreso del Estado de Michoacán, se reclama la aprobación de la reforma al código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el decreto número 657. b). Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo la aplicación del artículo 163 D del Código de Justicia Administrativa en específico la fracción IV. Asimismo, solicita la suspensión provisional para los siguientes efectos: "[.] a fin de que en el momento de que se decrete la suspensión provisional se ordena a las autoridades responsables en el capítulo respectivo, a efecto de que se abstengan de designar a los Jueces Administrativos ya que de concretarse los mismos se me afectaría de manera irrevocable y el presente quedaría sin materia por cambio de situación jurídica [.].". Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva solo respecto de los efectos y consecuencias de los actos que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González. Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil tres.". SEGUNDO.- Existencia del acto reclamado. Toda vez que las autoridades responsables fueron omisas de rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificadas para ello, según se advierte de las constancias que obran en autos, por ello ante tal omisión en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, procede presumir ciertos los actos que se les atribuyen para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. TERCERO.- No procede la medida suspensiva. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los efectos de los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En el entendido de que, a fin de lograr una adecuada aplicación del elemento relativo a la apariencia del buen derecho, el juzgador de amparo, dentro del marco de ciertas reglas, está obligado a llevar a cabo un examen integral de los factores relevantes en juego en cada caso, mediante un cuidadoso juicio de ponderación. Al respecto resulta aplicable, por analogía, el criterio que se contiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 81/2002, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, del rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186415 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 81/2002 Página: 357 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público. Contradicción de tesis 33/2001-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 21 de junio de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de junio de dos mil dos.". Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Señalado lo anterior, respecto a la existencia o no, de una afectación al interés social, precisa destacar que no es factible establecer un criterio genérico en el que se determine si los daños que se pudieran ocasionar con la negativa de la medida cautelar son mayores o no, a los que se pudieran originar en perjuicio de la sociedad, pues ello dependerá del caso concreto. Cabe recordar que por disposiciones de orden público debe entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. En tanto que, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. De lo que se traduce, que se produce perjuicio al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 44 del Informe 1973, Parte II, Séptima Época, del rubro: "Época: Séptima Época Registro: 805484 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Informes Informe 1973, Parte II Materia(s): Común Tesis: 8 Página: 44 SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Contradicción de tesis 473/71. La publicación omite el nombre de los órganos que sustentaron las tesis que compiten en este asunto. 30 de noviembre de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Secretario: Manuel Ortiz Coñongo.". El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". Ahora, como quedó precisado, el promovente del amparo, solicita la suspensión respecto de los efectos de los actos reclamados consistentes en: a). Del Congreso del Estado de Michoacán, se reclama la aprobación de la reforma al código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el decreto número 657. b). Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo la aplicación del artículo 163 D del Código de Justicia Administrativa en específico la fracción IV. Esto es, como ya se precisó, solicita la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y de momento, no se designen Jueces Administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa, con motivo de la convocatoria para participar en el concurso de oposición para ocupar tres posesiones en ese órgano jurisdiccional, hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional prevé lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". Por su parte, en la exposición de motivos formulados con motivo de la iniciativa con carácter de dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por la Comisión de Justicia de la LXXIII Legislatura del Estado, publicada en la gaceta parlamentaria número 130, tercera época, tomo III, de trece de septiembre del año en curso, expuso lo siguiente: "[.] Que no obstante que el Tribunal de Justicia Administrativa se ha consolidado como una institución entre las autoridades administrativas, fiscales y los particulares, lo cierto es que se encuentra centralizado en la capital del Estado, lo que redunda en demérito de la impartición de justicia pronta, expedita y cercana a los particulares, en términos que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello es pertinente descentralizar los servicios del Tribunal al interior del Estado. Que tiene por objeto central de las reformas que se proponen en la presente iniciativa radica en la creación de jueces administrativos descentralizados del Tribunal, que tendrán como atribuciones dirimir las controversias administrativas en primera instancia: la creación de la segunda instancia a través del recurso de apelación, con la finalidad de que los particulares puedan recurrir las sentencias en los casos en que su interés convenga [.].". En tanto que, en su quinto artículo transitorio dispone lo siguiente: "Quinto. El Tribunal deberá nombrar Jueces Administrativos dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.". De lo que se sigue que, la suspensión definitiva que se solicita debe negarse, respecto del efecto para el cual la pide, toda vez que ello implicaría afectación al orden público y al interés social, contraviniendo una de las garantías fundamentales previstas por el precepto constitucional ya transcrito, como lo es que a los gobernados se les administre justicia dentro de los términos que marca la ley, por lo que de conceder la suspensión para el efecto solicitado, implicaría paralizar todos los procedimientos que puedan llegar a conocer los funcionarios que en su momento fueran designados con motivo de esa convocatoria. En consecuencia, no se satisface el requisito que exige la fracción II, del artículo 124, de la Ley de Amparo, pues con los antecedentes y los elementos que se aportan a la demanda, el suscrito juzgador está en imposibilidad de conceder la medida cautelar solicitada, al estimar que con ello se contravendrían disposiciones de orden público, aunado a que el fin de las sentencias es tener certeza de lo ahí resuelto por un funcionario con fe pública. Asimismo, debe destacarse que de que de conceder la medida suspensiva, también se afectaría el aludido orden público, contraviniendo el interés social, al impedir de que el Tribunal de Justicia Administrativa se integre debidamente y designe a los Jueces Administrativos que corresponde, privilegiando el interés particular, al también interrumpirse o afectarse el debido servicio de impartición de justicia, en los asuntos que deban conocer dichos funcionarios, lo cual propiciaría inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados, como ya se dijo, por encima de un interés particular. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2002667 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: III.2o.A.32 A (10a.) Página: 2239 SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO QUE PRESIDAN LA SALA CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL DE LA ENTIDAD. Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la integración del Tribunal de lo Administrativo en ningún caso será de menos de seis Magistrados que presidan la Sala con residencia en la capital de la entidad. Por esa razón, contra el procedimiento de selección y designación de dichos juzgadores es improcedente otorgar la suspensión provisional, ya que se incumpliría la restricción prevista en el numeral 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues contra el interés social y orden público que subyacen en la designación de aquéllos, se privilegiaría el interés del particular, al interrumpirse el debido servicio de impartición de justicia, lo cual afectaría a la colectividad, al permitir que ese tribunal continuara en funciones sin la debida integración, con lo que se propicia inseguridad jurídica en perjuicio del gobernado, al ser factible que en el dictado de las sentencias se incurra en empates, dado que de conformidad con los artículos 80 y 102 de la Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad, las sentencias que dicte el Pleno del mencionado órgano jurisdiccional se pronunciarán por unanimidad o por mayoría de votos, y el Magistrado que hubiese dictado la sentencia impugnada deberá abstenerse de votar y participar en la discusión del asunto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 653/2011. Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco y otros. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Ramos Salas, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Ana Catalina Álvarez Maldonado. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 106/2018, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aun cuando se integraran conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 131 de la Ley de amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Julio César Mendoza Arévalo, la suspensión definitiva del acto reclamado, por los motivos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe. Ecr

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público de la Federación formula alegatos. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, por medio del cual, formula los alegatos que a su representación corresponden; en consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo téngasele por formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. Expedición de copias. Expídase a la promovente copia de la resolución interlocutoria que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Diferimiento de la audiencia incidental. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que las autoridades responsables hubiesen sido notificadas del contenido del proveído de dieciséis de octubre del año en curso pronunciado por este órgano jurisdiccional, a través del cual se les solicitó su respectivo informe previo, ni el propio informe. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables.

  4. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se sobresee el juicio. Vista el acta de comparecencia del quejoso Julio Cesar Mendoza Arévalo, levantada el día de hoy, así como el escrito de cuenta que suscribe, de los cuales se advierte que desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en consecuencia, se tiene al citado quejoso desistiéndose en su perjuicio de la demanda de amparo en cita, por lo que con fundamento por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo 864/2018-X. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 216623 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Abril de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 240 DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 789/92. María Magdalena Hernández Castañeda. 10 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez." Criterio que se invoca no obstante haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre del año en curso, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a las partes.

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