Julio Cesar Pavia Hernandez

Expediente 1708/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1708/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Pavia Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo 18, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el cual se tuvo a bien sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa y a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del contenido de la contestación que recayó a su petición, es decir, por el oficio ... de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, así como su notificación efectuada el catorce de enero del año en curso. En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado electrónicamente a la parte quejosa el veintiuno de enero de dos mil veintidós, surtió sus efectos en esa misma data, por lo que el plazo para desahogar el citado requerimiento transcurrió del veinticuatro de enero al catorce de febrero de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna respecto a la vista ordenada; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto del referido oficio y su notificación. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la siguiente litis: Parte quejosa. ..., en su carácter de cesionario de los derechos hereditario y todos aquellos que correspondieron a ... Autoridad responsable: Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. Acto reclamado. La omisión de acordar la petición presentada el siete de junio de dos mil veintiuno en la que solicitó se remitiera instrucción al Notario Público Número 45 de la Ciudad de Puebla, a fin de que procediera a la elaboración de escritura pública a favor del quejoso. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. En ese entendido, es necesario reiterar que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la petición presentada el siete de junio de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que mediante oficio ..., de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa el siete de junio de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable. Asimismo, el catorce de enero de dos mil veintidós la autoridad responsable notificó de manera personal a ..., -parte quejosa- el contenido del oficio ..., que recayó a su petición que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Finalmente, por auto de diecisiete de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que señalara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la contestación efectuada a su petición, así como de la notificación respectiva; sin que lo haya hecho. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que por escrito de dieciocho de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa pretendió ampliar su demanda de amparo respecto de diversos actos; sin embargo, por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se determinó que la ampliación aludida no guardaba vinculación con los actos reclamados inicialmente, por lo que se ordenó el envío del escrito de la parte quejosa a la Oficina de Correspondencia Común para que se le diera el trámite correspondiente de una demanda independiente. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de acordar la petición presentada por la parte quejosa el siete de junio de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, se evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Bajo ese panorama, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa y a la autoridad responsable.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento. El Anexo 1 AG 1-2022 emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) constituye un hecho notorio. Su contenido revela que el horario de labores presenciales de este órgano jurisdiccional fue modificado, por lo que a partir del dieciséis de febrero del año en curso será de lunes a viernes de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. En ese entendido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran señaladas las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional, la cual por las razones apuntadas se encuentra fuera del horario de labores presenciales autorizado para este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 2 de la ley de la materia, a fin de evitar posibles violaciones al procedimiento y no frustrar el derecho de acceso a la justicia, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa y a la autoridad responsable.

  4. Principal

    En veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta fecha. Doy fe. Citlali Sánchez Sosa Secretaria de Juzgado En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado de Despacho con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos 1507. Conste.San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Demanda nueva Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa mediante el cual en atención a la vista ordenada en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, pretende ampliar su demanda de amparo, respecto de la autoridad y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Delegado Fiduciario Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Acto reclamado: La omisión de atender el oficio *** signado por la Encargada de Despacho de la Dirección General del Fideicomiso Público denominado Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, y girar la carta de instrucción al Notario Público Número 45 de la Ciudad de Puebla, para que proceda a la elaboración de escritura pública a favor del quejoso. Litis de este juicio de amparo. Ahora bien, cabe aclarar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la litis en este asunto es la siguiente: Parte quejosa. *** Autoridad responsable: Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. Acto reclamado. La omisión de acordar la petición presentada el siete de junio de dos mil veintiuno en la que solicitó se remitiera instrucción al Notario Público Número 45 de la Ciudad de Puebla, para que procediera a la elaboración de escritura pública a favor del quejoso. Marco jurídico de la ampliación de demanda. Ahora, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece que podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Y precisa que, en el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. A partir de lo anterior, se tiene que en atención a los principios de economía procesal y de concentración, procede la ampliación de la demanda a fin de incorporar al juicio de amparo ya iniciado autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; no obstante, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. En efecto, lo anterior tiene como objetivo que a través de la ampliación de demanda de un juicio de amparo ya iniciado se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, además de ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otra parte, en este punto resulta necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2019, en sesión remota de doce de mayo de dos mil veinte, determinó que en el caso de que una ampliación de demanda no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente; es decir, no exista un supuesto de conexidad entre ellos, ésta tendrá que enviarse a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda independiente; esto es, que se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que éste provea lo conducente sobre su contenido. De la anterior resolución, derivó la jurisprudencia P./J. 7/2020: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Lo anterior, en atención al principio pro actione, en aras de respetar los derechos de la parte quejosa relativos al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal. En la inteligencia de que dar a la ampliación de la demanda el tratamiento de una demanda independiente no implica reencausar la vía en favor de la parte quejosa ni tampoco se afecta la igualdad entre las partes, el debido proceso o algún otro derecho humano o procesal, ya que se trata de la misma vía; esto es, amparo indirecto, y por lo tanto no se deja en estado de indefensión a alguna de las partes, pues sólo se le da el tratamiento de una demanda de amparo independiente. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Caso concreto. En este caso, los actos reclamados en la ampliación no guardan estrecha vinculación con los actos reclamados en la demanda; toda vez que: A. En este asunto de inicio se reclamó como derecho de petición, la omisión de acordar la petición presentada el siete de junio de dos mil veintiuno en la que el quejoso solicitó se remitiera instrucción al Notario Público Número 45 de la Ciudad de Puebla, para que procediera a la elaboración de la escritura pública a su favor; y, B. Ahora, en la ampliación de demanda se reclama la omisión del Delegado Fiduciario Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de atender el oficio CEVP/DG/SA/1498/2021 signado por la Encargada de Despacho de la Dirección General del Fideicomiso Público denominado Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, y girar la carta de instrucción al Notario Público Número 45 de la Ciudad de Puebla, para que se proceda a la elaboración de escritura pública a favor del quejoso. Según se advierte, la litis inicial de este asunto se centra en un derecho de petición, esto es, la omisión de acordar la petición del quejoso presentada el siete de junio de dos mil veintiuno ante la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. En cambio, la litis que se plantea en la ampliación de demanda se reclama una diversa omisión de atender el oficio CEVP/DG/SA/1498/2021, por la autoridad Delegado Fiduciario Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir la ampliación y su copia a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno; anexando copia certificada de todo lo actuado en este amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Diferimiento de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa y a la autoridad responsable Comisión Estatal de Vivienda de Puebla.

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