Julio César Patiño Meza

Expediente 957/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
957/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Julio César Patiño Meza

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para mayor identificación. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, vista la integración del presente juicio de amparo del que se advierte que el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la citada autoridad en virtud de la conclusión del presente juicio de amparo, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Se rinde informe justificado. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que anexa al mismo, lo anterior en términos del numeral 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de la documental consistente en copia certificada del juicio sucesorio *** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancias en cuestión se advierte que en el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, para justificar la actualización de la causa de improcedencia invocada conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se reitera que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de derechos es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: b) 1. Aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; b) 2. Quien fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa o no se realice, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño podrá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer sus derechos. Sentado lo anterior se recuerda que los actos que reclama el solicitante del amparo son la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Buenaventura Patino García, radicado en el Juez Sexto de Familiar del Distrito Judicial de Puebla con el número *** y, como consecuencia, todo lo actuado. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el justiciable promueve el presente medio de control constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña en estricto sentido, pues refiere ser hijo del autor de la sucesión, lo que incluso acreditó con la copia certificada de su acta de nacimiento que anexo a su escrito inicial, pero sostiene que a pesar de esa circunstancia no se le llamó al procedimiento. No obstante, a pesar de lo anterior, el presente juicio de amparo es improcedente, dado que el quejoso no puede tener la calidad de tercero extraño, ya que en el juicio de origen no se ha emitido la resolución definitiva, por lo que no se encuentra concluido. Para demostrar tal aseveración en primer lugar cabe apuntar que los juicios sucesorios intestamentarios se encuentran regulados en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en específico en sus artículos 763 a 816, de los que se desprende que esa clase de procedimientos se desarrollan en tres etapas, a saber: La primera es la relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea provisional y definitivo, y aprobación de los inventarios y avalúos. La segunda es la atinente a la administración del patrimonio de la sucesión. La tercera, es la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario. Corrobora lo expuesto, la tesis VI.2o.C.597 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2270, tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2008, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente asunto conviene realizar una breve relatoría del juicio familiar de origen, al tenor siguiente: Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil once, *** promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de de *** (fojas 11 a 14 del tomo anexo). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial Puebla, quien mediante acuerdo del trece de octubre siguiente la radicó con el número *** y previa prevención, el veintiocho del mismo mes y año la admitió a trámite, por lo que entre otras cosas, designó al *** como albacea provisional, mandó a publicar el edicto respectivo para llamar al juicio a las personas que se creyeran con derecho, y ordenó girar oficio al Archivo General de Notarias y a los Registros Públicos de la Propiedad de Puebla y San Andrés Cholula, a fin de indagar si el difunto había dejado testamento y si tenía propiedades (fojas 160 y 161 ídem). El catorce de diciembre de dos mil once se tuvo a la albacea exhibiendo la publicación del edicto respectivo (foja 173 ídem. Posteriormente, en resolución del veinticinco de marzo de dos mil trece se nombraron como únicos y universales herederos del difunto a ***; asimismo, se nombró a la primera de las mencionadas como albacea definitiva y se aprobaron el inventario y avalúo exhibidos (fojas 213 a 217 ídem). Por auto de dieciséis de abril siguiente se declaró que dicha resolución había ejecutoria, y en diligencia del siete de mayo de ese año se tuvo a la albacea protestando el cargo (fojas 218 y 219 ídem). El diecisiete de junio de dos mil trece se tuvo a los herederos separándose de la prosecución judicial y se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Cincuenta del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que se efectuara la aplicación de bienes (foja 222 ídem). Finalmente, el veintinueve de julio de dos mil quince se tuvo al citado fedatario devolviendo las actuaciones sin haber otorgado la escritura correspondiente, en virtud de así haberlo solicitado los interesados (foja 225 ídem), siendo el estado que actualmente guarda el expediente. Con base en lo anterior, es claro que el juicio natural no se encuentra concluido, en virtud de que si bien ya se dictó una resolución en que se nombró como herederos únicos a *** se designó al albacea definitivo, y aprobaron el inventario y avalúo presentados, lo cierto es que no se ha efectuado lo relativo a la aplicación de los bienes que conforman la masa hereditaria. En efecto, si bien se advierte los herederos se separaron de la prosecución juicio y se ordenó remitir los autos a la Notaria Pública Cincuenta del Distrito Judicial de Puebla para la aplicación de los bienes, está aún no se ha realizado, pues el fedatario devolvió al Juez responsable el expediente a solicitud de los interesados, razón suficiente para considerar que el juicio natural no se encuentra concluido. Entonces, dado que no se ha dictado la resolución definitiva en el juicio sucesorio de origen no puede revestirle el carácter de persona extraña al procedimiento al quejoso y, por ende, el juicio de amparo que promovió respecto a la falta de emplazamiento a ese procedimiento y, en consecuencia, todo lo actuado resulta improcedente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 67/2013, consultable en la página 729, Libro XXXIII, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En efecto, para que pueda considerarse tercero extraño al solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamado exista resolución definitiva, pues de lo contrario estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes, pues incluso podría optar por solicitar la nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia de la sucesión, en términos del artículo 769, fracción III, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tal como lo establece la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil que se transcribió líneas arriba pero que es del rubro siguiente: EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. En entendido que tal afirmación no implica someter al quejoso, en estricto sentido, para que agote los medios ordinarios de defensa, por ser ajeno al procedimiento. Sobre el particular, conviene precisar las consideraciones jurídicas que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 124/2011, que son del tenor siguiente: "Las partes pueden clasificarse atendiendo a su composición, a su recíproca situación procesal, a su grado de vinculación con el objeto del proceso y a la mayor o menor amplitud de las facultades que pueden ejercitar durante su tramitación; para efectos del presente análisis, sólo se hará referencia a la citada en segundo término. En cuanto al grado de vinculación, las partes pueden ser: permanentes, transitorias o incidentales. Corresponde la denominación de partes permanentes a los sujetos activos o pasivos de la pretensión que motiva el proceso sea que su actividad aparezca desde que éste se promueve actor o demandado o posteriormente intervinientes principales o accesorios, independientemente de que su actuación haya sido espontánea o forzosa. Las partes son transitorias o incidentales cuando durante la tramitación de la causa hacen valer un derecho propio y autónomo del alegado por las partes permanentes, limitando su intervención solamente a un trámite o a una etapa de su desarrollo. Las partes transitorias o incidentales, siguiendo a Devis Echandía, están inhibidas para intervenir en cosa distinta de lo que no sea el trámite especial con ellas relacionado y para interponer recursos contra providencias distintas de aquellas en que se resuelve su situación. Por otra parte, el tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o como demandado y puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente que puede causarle algún perjuicio irreparable. (.) En efecto, el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. El citado principio no es aplicable en todos los casos, pues el propio artículo 107 constitucional prevé diversos supuestos de excepción dentro de los cuales están los terceros extraños al juicio, pues el artículo invocado en su fracción III, inciso c), expresamente señala que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a los terceros extraños a juicio, sin que se advierta la imposición de restricción alguna. Luego, es evidente que la facultad que tiene el tercero extraño al juicio o procedimiento del cual emane el acto reclamado para acceder al juicio de garantías no está afectada por el principio de definitividad, ya que puede hacerlo sin necesidad de agotar previamente los recursos o medios de defensa a su alcance. En efecto, los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en un procedimiento al que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. Así, el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional. Ahora bien, cabe señalar el significado del concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten. De esta manera, puede advertirse, en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.' (Novena Época. Instancia Pleno. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, página 56) Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica; de ahí que si el gobernado que conoce del juicio, porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente, porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo, es evidente que en este supuesto el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así." De las consideraciones transcritas, emanó la jurisprudencia publicada en la página 228, del Libro VI, Tomo 1, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2012, que establece: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO PIERDE ESTE CARÁCTER LA PERSONA A QUIEN NO SIENDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE LE REQUIERE PARA QUE REALICE UNA CONDUCTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, AL NO QUEDAR VINCULADA POR ESE SOLO HECHO Y, POR TANTO, NO ESTÁ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, es decir, es aquella que no figura en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, y con esa calidad no tiene obligación de agotar recursos ordinarios, pudiendo optar por la acción constitucional contra la resolución que le ocasione un perjuicio, ya que no ha comparecido al procedimiento. En ese sentido, el mandamiento judicial dirigido a una persona que no es parte material en el juicio de origen, en el cual se le identificó nominalmente y se le requiere para que realice una conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, si bien es cierto que crea una relación jurídica directa e inmediata de supra a subordinación con el juez responsable, similar a la que se produce entre el juzgador con cada una de las partes, también lo es que los terceros extraños en un juicio en ningún caso tienen obligación de agotar recursos." La interpretación contenida en la jurisprudencia transcrita, respecto de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, si bien es cierto parte de la premisa de que una persona física o moral que tuvo participación incidental durante el procedimiento, y por ende, conocimiento de éste, no pierde el carácter de persona extraña al procedimiento por ese hecho, por no quedar vinculada al procedimiento, lo cierto es que concluye en que no puede exigírsele que agote los medios ordinarios de defensa previo a promover el juicio de amparo como medio de control constitucional. Sin embargo, en la referida ejecutoria, la Primera Sala también sostuvo que aquella persona que comparece al procedimiento, puede hacer uso de los medios de impugnación establecidos, y en su caso, del juicio de amparo directo -previa impugnación de la sentencia-. Lo anterior cobra especial relevancia, si se pondera que un juicio se compone de diversas etapas procesales, a saber: 1) Integración de la litis, que comprende la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda; 2) etapa probatoria, que comprende el ofrecimiento y desahogo de medios de convicción, 3) etapa de alegatos, y 4) dictado de la sentencia. Así, respecto de la primera de las etapas relativa a la integración de la litis, debe analizarse el contenido del artículo 8º del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "Artículo 8. Pueden iniciar los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, o intervenir en ellos, por sí o por medio de sus representantes, las personas que tengan interés en el objeto de esos procedimientos o un interés contrario." Del precepto transcrito se colige que las partes que tengan un interés directo o indirecto en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, pueden instar un procedimiento judicial o intervenir en él. Con base en lo expuesto, al no encontrarse concluido el juicio natural, el quejoso carece del carácter de tercero extraño, pero en caso de estimar que debe tener participación en el juicio está en aptitud de comparecer e intervenir en el referido procedimiento. En consecuencia, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu, por lo que debe sobreseerse en el juicio; en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las QUINCE HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, está transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable a fin de que rinda su informe justificado; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las QUINCE HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese.

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