Julio Cesar Ovalle de la Cruz

Expediente 507/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
507/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Julio Cesar Ovalle de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. CAMBIO DE TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del presente año, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de la actual anualidad; circunstancia se fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. En consecuencia, es menester hacer del conocimiento de las partes lo precisado en párrafo precedente, para los efectos legales procedentes. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 CAUSA ESTADO Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente asunto donde se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 3 ??????????????? JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 4 PÚBLICA Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe solicitado al Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, por auto de veintiséis de octubre del presente año, al cual adjunta copia certifica de la audiencia inicial y su continuación, llevadas a cabo en fecha quince y veinte de octubre del presente año, respectivamente, de las que se advierte que en la causa penal 229/2021, instaurada en contra del quejoso Julio César Ovalle de la Cruz, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión, la Jueza de Control, Región Dos, con sede en esta ciudad, calificó de legal su detención, solicitó la formulación de la imputación, y dictó auto de vinculación a proceso, respectivamente. Asimismo, se advierte que por acuerdo de veintidós de octubre del presente año, la Jueza de Control, Región Dos, con sede en esta ciudad, proveyó el diverso oficio del Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad, mediante el cual le hicieron del conocimiento que a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de ese mismo mes y anualidad, fue puesto en libertad el aquí quejoso Julio César Ovalle de la Cruz. De igual manera, se advierte que en esa propia determinación, la Jueza de Control, Región Dos, con sede en esta ciudad, proveyó el escrito promovido por el impetrante Julio César Ovalle de la Cruz, mediante el cual exhibió certificado de depósito que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de medida cautelar impuesta por el citado órgano jurisdiccional en audiencia de veintiuno de octubre del año que transcurre, con lo cual se tuvo por cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibidas dichas documentales, mismas que desde este momento se tiene por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, del contenido de las documentales que envía la autoridad responsable oficiante, resulta evidente que en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en la tortura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto en cita literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, pues en el escrito de demanda de amparo la parte quejosa reclamó la tortura, sin embargo, de las documentales enviadas por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, se advierte que en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, fue puesto en libertad el quejoso Julio César Ovalle de la Cruz. En consecuencia, resulta evidente que el acto reclamado de tortura ha cesado en sus efectos, por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por contener el principio jurídico apuntado, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38, de rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime que de la constancia de notificación practicada al quejoso Julio César Ovalle de la Cruz, en fecha doce de octubre del año que transcurre, el actuario judicial de la adscripción asentó que no advirtió que el impetrante haya sido objeto de malos tratos, pues no apreció alguna lesión en su anatomía, y que al preguntarle sobre ese aspecto al directo quejoso, éste respondió que no había sufrido maltrato físico o psicológico por parte de las autoridades, firmando al calce de la diligencia. Por su parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado dispositivo legal, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". La citada fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ello es así, dado que de las documentales allegadas al presente sumario constitucional por la Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, se advierte que en fecha quince y veinte de octubre del presente año, se llevó a cabo la audiencia inicial y su continuación, en la causa penal 229/2021, instaurada en contra del quejoso Julio César Ovalle de la Cruz, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión, en la que la Jueza de Control, Región Dos, con sede en esta ciudad, calificó de legal su detención, solicitó la formulación de la imputación, y dictó auto de vinculación a proceso, respectivamente. Asimismo, que en la propia audiencia de veinte de octubre del presente año, la Jueza de Control determinó la imposición de las medidas cautelares establecidas en las fracciones I y II del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: Presentación periódica quincenal ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Dos, del Distrito Judicial de Tapachula y Acapetahua. La exhibición de una garantía económica en efectivo por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos m.n. 00/100), concediéndole el término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente del dictado del referido auto para su exhibición. Posteriormente, mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 229/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Dos, del Distrito Judicial de Tapachula y Acapetahua, se tuvo por recibido el escrito signado por el quejoso Julio César Ovalle de la Cruz, quien exhibió certificado de depósito que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos m.n. 00/100), en cumplimiento a la medida cautelar establecida. Así, la hipótesis anterior se actualiza plenamente en el caso concreto, en razón de que el impetrante reclamó la privación ilegal de la libertad por parte del Comandante de la Policía Estatal Preventiva ,dependiente de la Secretaría y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad; empero, de las constancias allegadas por la Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, se advierte que el quince de octubre del presente año, en la audiencia inicial de la causa penal 229/2021, la Jueza de Control calificó de legal la detención del quejoso, y en la continuación de la citada audiencia, esto es, el veinte de octubre siguiente, dictó auto de vinculación a proceso, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión. Ahora, como el solicitante del amparo reclama por esta vía constitucional la privación ilegal de la libertad al Comandante de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, y a la presente fecha, ya fue convalidada la detención reclamada por la Jueza de Control, Región Dos, con sede en esta ciudad, en la audiencia inicial de la causa penal 229/2021, en el que además, la situación jurídica que afecta su libertad personal se rige por el auto de vinculación a proceso, es evidente que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica. En ese sentido, no es posible jurídicamente analizar la constitucionalidad de la detención realizada por la autoridad responsable Comandante de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, sin afectar la determinación que dictó la mencionada Jueza de Control, en la causa penal 229/2021, donde calificó de legal dicha detención, y en la que además, le fue dictado auto de vinculación a proceso. Lo anterior, en virtud de que tanto la determinación del Juez de Control sobre la legalidad de la detención y el auto de vinculación a proceso, tienen autonomía en cuanto a sus fundamentos y motivos en relación con el acto reclamado, y por tanto, tales resoluciones jurisdiccionales pueden subsistir, con independencia de que la detención reclamada resulte o no inconstitucional. Encuentra apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegido en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con datos de localización Época: Décima Época, Registro: 2017544, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), Página: 2482, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los informes de suspensión de plano enviados por el Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2, dese vista a las partes por el término de tres días con el contenido de dichos informes, para los efectos legales conducentes. SE REQUIER INFOME Y COPIAS CERTIFICADAS A LA AUTORIDAD Por otra parte, toda vez que de los informes de suspensión de plano que se agregan, el Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, manifestó que en fecha catorce de octubre del año en curso, se realizó el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso Julio César Ovalle de la Cruz a dicha Fiscalía, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión, asimismo que el quince siguiente se llevó a cabo la audiencia de control de detención, imputación y vinculación, en la cual la defensa refirió acogerse al término constitucional de setenta y dos horas, por lo que finalmente siguiendo con la etapa procesal, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas, se dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal 229/2021, contra el citado impetrante por el delito precisado con antelación. Asimismo, refirió que se fijó un mes de investigación complementaria, y como medida cautelar se requirió al quejoso para que realice firmas periódicas, y el pago de una garantía económica por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.). En ese sentido, y tomando en cuenta que la autoridad oficiante no presentó constancias con las que acredite su dicho, y además, no precisó si el quejoso quedó en libertad sujeto a la medida cautelar en comento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita al Fiscal del Ministerio Público Investigador Quince, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a partir de su legal notificación, informe en cuando a la libertad personal del quejoso Julio César Ovalle de la Cruz, si este se encuentra actualmente recluido o fue liberado. De igual forma, envíe copias certificadas de la audiencia de control de detención, imputación y vinculación, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno; del auto de vinculación a proceso de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, y de las constancias con las que acredite su dicho de acuerdo al informe que rinda, con motivo de lo solicitado en el párrafo anterior. Finalmente, se apercibe a dicha potestad que de no dar cumplimiento, se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación al 238 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado enviado por el Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V, Zona Costa, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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